<< En lo particular, se ratificó con la mayoría calificada de 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones
<< Magistradas y magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral podrán ser reelectos en 2028
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular con cambios, el dictamen que reforma la Constitución Política para aplazar la elección judicial de 2027 hasta el primer domingo de junio de 2028, y en donde se precisa que la revocación de mandato será el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional.
En lo particular, fue ratificado con la mayoría calificada de 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, con los cambios aceptados por el Pleno, a efecto de que magistradas y magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral que estén en funciones puedan ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal que se celebre en 2028, sobre las secciones en la SCJN y duración en el cargo de magistrados de circuito y jueces de distrito.
Revocación de mandato, el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional
Se aceptó del diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) modificación al artículo 35 de la Carta Magna, para que se precise que no va a haber posibilidad de que empaten las elecciones federales con la revocación de mandato. “Va a quedar que sea el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional”, y en esa lógica nunca podrá empatarse la revocación de mandato con ninguna elección intermedia federal o la elección constitucional de la presidencia de la República”.
Al hablar en contra, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) comentó que con la reserva queda claro que ya no será en el mismo momento que haya elecciones federales; sin embargo, se advierte que si se acepta será la revocación el mismo día de la elección en cuatro estados como son Oaxaca, Durango, Hidalgo y Tamaulipas, “lo que contraviene al acuerdo fundamentacional».
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) argumentó que el centro de la reforma no es la revocación de mandato sino la reforma judicial, y la reserva “aclara que podrán coincidir y la revocación de mandato tendrá que ser en el cuarto año del gobierno del Ejecutivo; es decir, aunque podrán ser coincidentes nunca serán en el periodo intermedio de las elecciones de diputados federales y de congresos locales”.
Por Morena, la diputada Antares Guadalupe Vázquez Alatorre se manifestó a favor del dictamen y de la reserva, porque es responderle y cumplirle al pueblo, así como seguir con la lucha de la cuarta transformación.
También se aceptó la reserva del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena) para modificar el artículo cuarto transitorio del decreto publicado el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, a fin de precisar que las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente decreto, podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal que se celebre en 2028.
Gutiérrez Luna mencionó que con el cambio se salvaguarda el principio de igualdad y no discriminación, ya que se corrige el trato diferenciado e injustificado entre las magistraturas de la Sala Superior y el resto de las personas juzgadoras sujetas al nuevo modelo constitucional de elección judicial, dado que la Sala Superior tutela los derechos político-electorales y la regularidad constitucional de las elecciones, por lo que, al excluir a sus integrantes, se debilita el reconocimiento institucional de esa función estratégica.
Al solicitar el uso de la palabra, el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Moreno afirmó que “le puedo decir a la Asamblea que lo planteado aquí por el diputado Sergio Gutiérrez Luna es coincidente con él que está opinando”.
Expresó “que no me sumo al coro de despropósitos y ataques contra funcionarios jurisdiccionales o magistrados. He tenido diferencias con ellos, muchas, a lo largo de mi vida pública y política, pero reconozco su honorabilidad y lo único que planteó Sergio Gutiérrez Luna, es otorgarles el mismo trato que esta Cámara les otorgó a los ministros de la Corte de Justicia de la nación”.
La diputada Ana Erika Santana González (PVEM) consideró indispensable que las personas aspirantes acrediten sus conocimientos mediante evaluaciones técnicas estandarizadas en materia jurídica, ética, jurisdiccional y sus capacidades desarrolladas bajo parámetros objetivos, públicos, verificables y homogéneos.
Del PRI, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez explicó que hace unos meses la titular del Ejecutivo mandó una iniciativa para que no hubiera reelección de diputados, ni alcaldes; sin embargo, hoy están planteando que haya reelección de magistrados. “Algunos de ellos van a llegar a 17 años en el ejercicio de su función. Hay una contradicción con todos los argumentos que ustedes trajeron”.
Vanessa López Carrillo, diputada del PT, mencionó que hoy se está legislando para asegurar que cada mexicana y mexicano reciba una boleta clara, entienda por quién vota y ejerza su derecho sin complejidades. Asimismo, agregó que con este dictamen ampliamos los márgenes para que los comités de evaluación operen con rigor popular.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) señaló que con esta reserva se propone que las y los magistrados puedan durar hasta 17 años en el poder. “Por la decencia de la reforma judicial que estamos promoviendo y por la integridad de la iniciativa que presentó la presidenta de la República, les pido que la retiremos porque es una falta grave que trastoca el mandato del artículo 99 de la Constitución”.
También de Morena, el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez comentó que la reserva plantea que las y los magistrados de la Sala Superior, al igual que en su momento las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puedan participar en la elección. “No es reelección, es abrir la posibilidad de que puedan participar como cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos legales y constitucionales”.
La diputada Irais Virginia Reyes De la Torre (MC) dijo que a los magistrados electorales, con la reforma judicial de 2024, primero les ampliaron el periodo hasta 2027 por tres años más, con esta reforma hasta 2028 un año más, y con esta modificación de reserva se plantea que puedan competir y permanecer más tiempo en el cargo; es decir, van a poder durar en el poder hasta 17 años.
Asimismo, se incluyeron las modificaciones propuestas por el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena). Se determinó en el artículo 94 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de nueve integrantes, ministras y ministros, y funcionará en Pleno; también, con aprobación del Pleno, podrá funcionar en dos secciones. La presidencia de la Corte se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.
El artículo cuarto transitorio se modifica para precisar que las legislaturas de las entidades federativas realizarán las adecuaciones necesarias a sus constituciones para adecuarlas a lo que dispone el presente decreto dentro de los sesenta días naturales siguientes a su entrada en vigor, y dentro de los noventa días naturales para el caso de sus leyes locales.
El nuevo artículo séptimo transitorio subraya que el periodo de las magistradas y magistrados de Circuito y las juezas y jueces de Distrito que resulten electos en la elección que se celebre en el año 2028 conforme al presente decreto, durará ocho años, por lo que vencerá en 2036. Mientras que el octavo transitorio indica que se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto de este decreto.
El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) indicó que la reserva genera incertidumbre institucional y económica, y rechazó modificar el funcionamiento interno de la SCJN. Dijo que las salas o secciones del máximo tribunal permitían una adecuada distribución del trabajo, especialización y definición clara de competencias entre ministros, y la reserva deja en manos del Pleno de la Corte la facultad de definir, mediante acuerdos generales, las competencias de dichas secciones.
Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado del PRI, planteó que permanezcan las dos secciones o salas, para agilizar la resolución de los problemas, y no concentrar burocracia. Refirió que en la reforma anterior, cuando desaparecieron las dos salas, se concentró todo el trabajo en el pleno de la Corte y hay un gran rezago. No se está resolviendo con la prontitud que se prometió, y además la Corte se quedó con 140 plazas que antes estaban en esas salas.
Por el grupo parlamentario del PAN, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá dijo que la prioridad no debe ser ajustar un calendario que solo va a evitar la impartición de justicia. Señaló que las salas que retomaba la iniciativa original para agilizar la impartición de justicia, “pero les pareció mejor dejarlo al contentillo”. Destacó la importancia de dar certeza jurídica, legalidad, preservar los principios generales del derecho y funcionar en dos secciones o dos salas como antes, lo cual era un acierto.