NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La elevación de la temperatura social por tensión y confrontaciones de diversos sectores con el gobierno comienza a resquebrajar la idea de que la hegemonía sin fisuras de Morena abona a la gobernanza tras la era de gobiernos divididos. Las protestas y bloqueos ponen en duda esa afirmación del discurso oficial y dejan ver el riesgo de confundir el poder de una mayoría política con el control de gobernabilidad.
Se heredó una tormenta de agravios con diversos colectivos de víctimas, y otros nuevos, como los que afectan estructuralmente al campo y la movilidad por la carestía internacional de alimentos, e internos, derivados de la extorsión e inseguridad. En ese caldo, líderes rurales con apoyo de transportistas han hecho esta semana una demostración de fuerza con bloqueos en 22 estados por un cúmulo de demandas desde apoyos al campo, seguridad en carreteras o rechazo a ley de agua que discute el Congreso.
La protesta, esta vez, alcanzó alta visibilidad con un movimiento rural sin precedente, al que se suman conflictos no resueltos con víctimas de delitos, protestas de jóvenes y mujeres por violencia, o la CNTE. Todos cruzados por el denominador común del reclamo de justicia e impunidad, que Morena no ha podido resolver eficazmente desde que llegó hace siete años, a pesar de centralizar el poder más que sus antecesores.
Podría pensarse que las expresiones de inconformidad son síntoma de decepción entre mayorías sociales que apostaron por la 4T en 2018, pero también de la ruptura de arreglos locales que desde entonces sostiene la paz política y que ahora desfogan en Palacio Nacional. La concentración del poder, paradójicamente, ha desactivado a interlocutores en estados y municipios sin fuerza de negociación con buenos y malos.
El gobierno tiene el reto de reaprender actitudes y modificar discursos para transitar el conflicto con el recuerdo vivo de la interpelación directa que mandatarios anteriores recibieron con mucho menos poder que el actual. El desgaste de aquellos Ejecutivos reveló las limitaciones del poder dividido con el Congreso, pero sobre todo, la ineptitud para responder a demandas sociales con equilibrio y eficacia. Hoy esto también desafía a la 4T antes de traducirse en descomposición política.
La supremacía política no es sinónimo de gobernanza sin coacción o de mantener la paz política a través del consenso. El fracaso del diálogo con los inconformes habla también de fisuras internas y en el universo de amarres de acuerdos locales. El mayor problema no es la soledad de palacio o la falta de equipo, sino más complicado, de los límites del neopresidencialismo en un país grande y complejo que lo desborda.
Peor si se responde al diálogo con descalificación de la protesta como innecesaria o acusar motivas políticas aviesas, o tener que deshacer entuertos, como la advertencia de Gobernación, de detenciones de inconformes, o la defensa de la ley de aguas mientras Ricardo Monreal ofrece modificaciones en el Congreso. Sin el liderazgo indiscutido de López Obrador en la escena, el conflicto remueve equilibrios en la fragmentación política de Morena y debilita el control aun de una presidencia fuerte y con el poderoso mandato de las urnas.
La atmósfera de tensiones es terreno propicio para que la oposición, tanto interna como externa, intente construir un relato de debilidad estatal para responder a las demandas sociales o autolimitación para desactivar la confrontación, ya sea para ocupar espacios o recuperar capital político. Aunque azuzar con la ingobernabilidad es poco creíble ante la inexistencia de una oposición capaz de recoger el malestar con peligrosas promesas demagógicas como denunciar en EU abusos policiacos en las marchas. El escenario de desorden social está lejos, aunque la protesta cobra factura en desgaste de la aprobación del gobierno en sondeos.
Por eso tampoco puede excusarse en el recurso manido de acusar intereses políticos sin identificar ni motivar sus sospechas. Es una respuesta equivocada para ocultar el fracaso de decenas de mesas de diálogo con líderes transportistas y agrarios que, al contrario, redoblan la presión. Y ahí está la confusión. En la tentativa de exculpar deficiencias y dejar de ver los problemas con alegatos de conspiración, o peor, de blandir carpetas de investigación para reducir a los inconformes.
Esas respuestas amenazan con escalar el conflicto y llevar la relación con organizaciones agrícolas y transportistas a punto de ebullición.
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