NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El conflicto político se instala en la vida pública como una extensión de la violencia que arrastra a sociedad e instituciones. Permea como una mancha desde la calle hasta el mundo político, trastoca reglas de juego y comportamientos. Somete el espacio público a la coexistencia de tendencias contradictorias entre echar abajo un statu quo agotado y un nebuloso nuevo orden que pretende la 4T. El estrés de la narrativa de la transformación genera ambientes de angustia y neurosis en un momento grave de definiciones sobre el futuro. La polarización rema contra el consenso que requiere el rumbo del país.
Pero el problema no es que existan intereses divergentes como ocurre en cualquier democracia sino la conciliación. Los “progres”, que defienden el estado de las cosas, entienden el concepto como favor o protección que les granjea privilegios, facilidades y oportunidades. Que les permitió crecer. Mientras que para el Presidente significa una concesión a las instituciones del pasado, que condena por cobijar la corrupción, injusticia e impedir garantizar la estabilidad y un orden razonable en el país. Ve en la conciliación una capitulación de su promesa de “no más de lo mismo” y perder la capacidad de actuar por su cuenta. Caer en la telaraña de intereses que atrapa al poder económico y político, y que ofrece separar con mensajes como la cancelación del NAIM.
En esa confrontación se enmarca el litigio por el aeropuerto en Santa Lucía y otros, con parte de la cúpula empresarial y ONGs con las que comparten agendas y son receptoras de sus donativos. Un colectivo de ellas consiguió frenarlo a través de amparos, por considerar que es una obra pública inviable y un “derroche” de recursos que ya se habían invertido en el NAIM. Malgastar los recursos públicos ha sido queja constante con anteriores gobiernos, pero es la primera vez que se traduce en acciones legales con un recurso como el amparo que ha servido como refugio de impunidad a todos los acusados por corrupción y que ahora es usado para bloquear obras públicas, la Ley de Extinción de Dominio o despidos de burócratas; disipar recursos en proyectos o políticas públicas entra con “calzador” en las misiones de muchas de esas ONGs. ¿Es el papel de MXvsCorrupción confrontarse con el poder?
En todo caso, este procedimiento legal no es suficiente para regular y suplir la falta de nuevas reglas de la lucha política detrás de Santa Lucía, dado que el gran déficit del orden anterior es que los dueños del dinero tienen más oportunidades de negociar y beneficiarse de la corrupción de la justicia; tanto como la falta de contrapesos efectivos al poder presidencial. López Obrador solicitó a un juez federal revocar la suspensión definitiva contra Santa Lucía con el argumento de que las instalaciones estratégicas de la Sedena son de interés nacional, en una jugada para imponerse sobre los que se oponen a su proyecto.
La escalada muestra la falta de respaldo de un poder fuerte a las viejas instituciones que se propone demoler, pero sin ofrecer un nuevo orden para resolver los conflictos y encontrar soluciones concretas al eterno problema de la conciliación. Pero en vez de usar la política para superar el enfrentamiento, el Presidente descalifica y denuesta a sus rivales al precio de la polarización, confusión e incertidumbre sobre el futuro de la transformación.
Y el problema es que la falta de nuevas reglas alienta otros conflictos también con recursos legales como la desaparición de poderes estatales como instrumento de venganza o en el boicot de la inversión privada a las reformas hacendarias contra la evasión fiscal en perjuicio del país, la extinción de dominio o condonación de impuestos a grandes empresas. Mucho más grave es cuando la fuga a la autocracia o la imposición de la presunta ciudadanización ceban los consensos sobre reformas a la Justicia o de la seguridad porque el avance del crimen destruye toda confianza en viejas y nuevas instituciones. La política es la solución a problemas concretos y no está vinculada a una doctrina particular, salvo que se quiera anular la conciliación y la resolución de los conflictos con la promesa de un convulsionado cambio de régimen.