En una sesión extraordinaria, el Congreso de Perú aprobó la destitución de la presidenta Dina Boluarte en medio de la creciente crisis de violencia que atraviesa el país. La decisión, que marca un nuevo capítulo en la inestabilidad política peruana, fue respaldada por una mayoría parlamentaria que acusó a la mandataria de “incapacidad moral permanente”.
La destitución ocurre tras semanas de protestas, enfrentamientos y denuncias de violaciones a los derechos humanos, en las que diversas organizaciones internacionales exigieron al gobierno peruano contener el uso excesivo de la fuerza.
De acuerdo con reportes de medios locales, más de 60 personas han muerto desde el inicio de las manifestaciones, principalmente en regiones del sur del país.
Con la salida de Boluarte, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, asumirá de manera interina la jefatura del Estado, mientras se convoca a elecciones anticipadas, lo que abre un nuevo periodo de incertidumbre política en la nación andina.
Analistas consultados por BBC Mundo advierten que la crisis peruana evidencia la fragilidad institucional del país, donde en menos de una década se han sucedido seis presidentes por destitución, renuncia o escándalos de corrupción.
La ahora exmandataria, Dina Boluarte, calificó su destitución como un “golpe parlamentario” y anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional del Perú para impugnar la decisión. “He gobernado con el pueblo y para el pueblo; esta decisión rompe el orden democrático”, declaró en un mensaje televisado desde el Palacio de Gobierno.
En tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por el deterioro del orden institucional en Perú y llamó a garantizar la paz y el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía.