Este lunes 18 de febrero el presidente López Obrador juntó a la que se dice, “las fuerzas vivas del país”, en un gran evento en donde anuncia la creación del Consejo para Impulsar la Inversión y el Crecimiento Económico. El mismo AMLO dijo que todos los gobiernos habían creado consejos similares, pero que no habían tenido éxito sus acciones y que por más de 30 años hemos tenido un crecimiento pobre, del 2% anual en promedio, uno de los más bajos del mundo y que si tomamos en cuenta el crecimiento de la población, la economía en términos de las necesidades de la gente, no ha crecido.
Me pregunto, ¿por qué ahora sí debemos de creer que este Consejo va a ser efectivo? No me voy a poner a decir cosas malas del gobierno de López Obrador, aunque sí he expresado en mis columnas anteriores decepción de muchas de las acciones u omisiones inadecuadas en que el nuevo gobierno está incurriendo, sino que expresaré mi humilde opinión de cuáles son las cosas que son indispensable realizar para que este crecimiento económico realmente se lleve a cabo.
- Bajar el nivel impositivo que existe que estrangula la inversión y a los contribuyentes cautivos. México es uno de los países del mundo con mayor carga impositiva. Así tenemos, el ISR a tasas superiores al 30%, IVA a tasas del 16%, el IEPS, así como la carga contributiva de las cuotas al IMSS, la carga fija del PTU, sin ningún requisito de desempeño ni deducción, además los peajes, derechos vehiculares, impuestos a los vehículos nuevos, más los impuestos locales.
Impositivamente, los mexicanos tenemos una carga tributaria enorme. Y me refiero a los mexicanos que pagamos impuestos. Porque, por otro lado, hay una enorme masa de población que produce ingresos y no paga un solo centavo en impuestos, nada más el IVA, como consumidores, ya que operan en la llamada economía informal. Esa población tiene que pagar impuestos, aunque sean bajos. Al añadirse a la formalidad, se crearían grandes sinergias económicas que ahora no existen por tener esa economía subterránea.
Pero además de esta gran carga impositiva que tenemos, sufrimos de tener un sistema fiscal muy complicado e injusto que pone una y mil trabas para las deducciones.
- Es indispensable verdaderamente hacer una simplificación administrativa tanto para el cobro de los impuestos como para la operación de las empresas. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha hecho sendos estudios al respecto, y la carga administrativa que tienen las empresas en nuestro país es enorme. Todo esto aumenta los costos para operar una empresa y se presta a que haya corrupción. El hecho de que nuestro presidente sea muy honesto no nos garantiza en lo absoluto que la corrupción se vaya a acabar. En sí los costos de la corrupción son altos, para luego darle incentivo y aliento con los trámites administrativos complicados que son el caldo de cultivo de la misma corrupción.
- Deshacer el entramado de impedimentos de entrada al emprendimiento y eliminar a los monopolios y a las prácticas monopólicas absolutas y relativas. Los monopolios en México se crearon como política de Estado en la época del Desarrollo Estabilizador. Con la apertura de la economía desde la época del presidente de la Madrid y con el presidente Salinas, aunque se abrió la economía hacia el exterior, se mantuvieron innumerables monopolios y prácticas monopólicas que controlan gran parte de la economía interior del país.
En adición a la ayuda que otorga el gobierno a los monopolios, con la interposición de barreras de entrada para la apertura de nuevas inversiones y negocios, no podemos aspirar al crecimiento económico acelerado con estos impedimentos para tener un mercado sano y para abatir costos para operar en nuestro país, ya que los monopolios y sus prácticas lo que hacen es crear mercados protegidos para unos cuantos en detrimento de mantener costos competitivos para el desarrollo sano de los negocios. - Debemos asegurar que haya un sano estado de derecho. Sin un sistema legal estable que garantice la continuidad de lo bueno en el país y las condiciones de mercado para realizar inversiones sanas, sin resoluciones judiciales que protejan intereses políticos y de grupos económicos en muchas ocasiones coludidos con los políticos, así como a los caciques locales o al partido gobernante, no podemos mandar señales claras para que los inversionistas y los agentes financieros no nos pidan cuotas extras que aumentan nuestros costos y disminuyen nuestra competitividad por los altos riesgos de trabajar en un país con inestabilidad jurídica.
Conclusión: estos aspectos y muchos más son necesarios corregir para hacer crecer en nuestra economía a los niveles deseados. Esperamos que el nuevo Consejo formado ahora sí cumpla con su cometido.