El Partido de la Revolución Democrática (PRD), realizará una movilización a nivel nacional el 15 de enero como parte de su plan de acción para revertir el «gasolinazo».
Al mismo tiempo será presentada una iniciativa de ley para derogar el artículo 12 de la Ley de Ingresos de la Federación.
En conferencia de prensa con legisladores en la Cámara de Diputados, la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, anunció un primer plan de acción para revertir el impacto a la economía de las familias mexicanas por el aumento de los combustibles.
“Buscamos revertir los impactos de este gasolinazo, que hoy está afectando tanto a las familias mexicanas.
«Convocamos a todos los partidos de oposición a que se sumen a esta iniciativa y hacemos un llamado al propio PRI y al Partido Verde, a la sensibilidad, a la rectificación, para que se puedan sumar a esta iniciativa y busquemos no lastimar más a la ciudadanía», dijo.
La movilización, dijo, será de manera simultánea a las 11:00 horas en todos los estados de la República para también iniciar una campaña de información a la ciudadanía con entrega de volantes y calcomanías, donde se haga patente el enojo de la gente.
«No quieren entender que la gente está enojada. Sale el Presidente Peña a pedir compresión. No es un tema de compresión, es un tema de entender que la gente ya no aguanta más, que la gente ya no puede pagar más con un mismo salario y con esta escalada de precios”, expuso.
Barrales consideró que el mensaje del Presidente es poco alentador, pues se esperaba una ruta que aliviara el enojo de la gente.
“Nos confirma que hay un gobierno insensible, un gobierno que no entiende a la gente, parece que no caminaran en este país, que no platicarán o no escucharan a la gente, por eso las movilizaciones que vamos a hacer”, acotó.
Sobre los actos vandálicos de los últimos días, la dirigente perredista calificó de inusuales esas protestas y que el PRI y sus gobiernos pueden estar detrás de ellas, sobre todo en los estados donde este año habrá elecciones como Estado de México y Nayarit.
“Y por supuesto que nos lleva a pensar que puede ser el mismo gobierno el que está generando el temor, el miedo, que no quiere que la ciudadania verdaderamente se coordine, se organice y se manifieste.
El PRD, dijo, hace un llamado a la movilización pacífica, pues el partido reprueba cualquier acto violento.
“Creemos que puede ser el mismo PRI el que esté detrás de todo esto. Lo vemos con preocupación”, agregó.
También expuso que la confirmación de que el gobierno está ajeno a la realidad del país es el nombramiento de Luis Videgaray en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando su apoyo para que Donlad Trump visitara México provocó un enojo generalizado.
“Vemos una actitud de absoluta subordiación, una actitud de sumisión que nos pone en alerta, de que somos los propios ciudadanos los que tenemos que blindar a nuestro país» afirmó.
En la conferencia de prensa estuvieron también, Beatriz Mojica Morga, secretaria General del PRD, Verónica Juárez Piña, secretaria de Gobierno y Enlace Legislativo, los diputados federales Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, Cristina Gaytán Hernández y Rafael Hernández Soriano, entre otros.
En torno a este mismo asunto, el diputados federales y senadores de la República, encabezados por el coordinador parlamentario del PRI en San Lázaro, César Camacho, expresaron su respaldo absoluto y su solidaridad con el presidente Enrique Peña Nieto, “por la decisión correcta, aunque dolorosa y acertada, siendo impopular”, en torno a las medidas adoptadas con respecto a la liberalización de los precios de combustibles.
Acompañado de un nutrido grupo de legisladores federales, el coordinador parlamentario de los diputados priistas señaló que la decisión se tomó con absoluta responsabilidad y fue una decisión valiente, porque de no haber sido así, se habrían tenido que invertir cerca de 200 mil millones de pesos en este año, para mantener un precio artificial de los hidrocarburos, con implicaciones sociales.
Explicó que recortar el gasto público, en esa magnitud, habría equivalido a reducir el doble del presupuesto de la Sedesol, o la mitad del presupuesto anual del IMSS, por lo que calificó a la medida como dolorosa, compleja, pero inevitable.
Sostuvo que la decisión de tomar esta decisión tiene razones de peso: el hecho de que el precio del barril de petróleo crudo, subió de 25 a casi 40 dólares, en los últimos meses, a nivel internacional; que Pemex ha tenido una progresiva disminución de su producción en las últimas décadas y que ha aumentado nuestro consumo, ya que hoy somos el cuarto mayor consumidor per cápita de combustibles en el mundo, además de que 53 por ciento del consumo interno de es de importación y su precio se incrementó con el encarecimiento del dólar.
César Camacho sostuvo que “esta decisión, adoptada por el gobierno de la República, preserva la estabilidad de la economía de nuestro país, pero no sólo en el nivel de la macroeconomía, la atinente al gobierno; sino, que al final impacta en la microeconomía, en la economía de los bolsillos, en la economía doméstica de los mexicanos”.
Puntualizó que el ajuste al gasto, “compromete al Estado en su conjunto, es decir, no solamente a la sociedad, sino a los tres ámbitos de su gobierno” y, por tanto, a quienes ejercen cargos de gobierno de diverso origen partidario.
Por ello, anunció que los legisladores del PRI cuentan ya con “propuestas de cortísimo plazo, que haremos del conocimiento de nuestras compañeras y compañeros legisladores, para buscar su respaldo”, entre las que destacan:
Hacer que el Ejecutivo Federal informe a esta soberanía en qué consiste la metodología para determinar los precios máximos correspondientes a todas las regiones del país.
Presente un informe detallado e implemente una campaña nacional de información para dar cuenta del proceso de flexibilización de los mercados de los combustibles por región.
Que garantice el abasto y suministro de los combustibles en todo el país. Que fortalezca el operativo de vigilancia en gasolineras, para evitar que la especulación y los abusos afecten a los consumidores. Que agilice las averiguaciones previas que se han iniciado por los delitos contra la economía pública.
En ese sentido anunció que “vamos a exhortar a la Comisión Reguladora de Energía, para que, al momento de haberse concretado la flexibilización de los mercados de combustibles, haga del conocimiento público la ubicación de los concesionarios, por región, especificando los precios de venta de los combustibles, con la finalidad de salvaguardar la libre competencia en beneficio del consumidor.
Por otro lado, adelantó que los legisladores priistas van a pedir la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, del procurador Federal del Consumidor; de los directores de Pemex, y de la Comisión Reguladora de Energía, pues dijo que los priistas “seguimos creyendo en el valor de la política, del intercambio respetuoso de opiniones”, entre el legislativo y el Ejecutivo.
Finalmente, expreso la satisfacción “de formar parte de una bancada que cree firmemente en el valor de la unidad, una unidad que se construye todos los días en torno de los principios y valores que compartimos; una unidad que tiene en Enrique Peña Nieto a su principal elemento; una unidad, que por encima del propio partido y la política tiene presente a México”.
Quien también se refirió al asunto fue el presidente de la Comisión Permanente y de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, quien rechazó que el Congreso de la Unión haya cometido un error al aprobar que se adelantara la liberalización de los precios de las combustibles.
A pregunta expresa de la prensa, sobre si el Poder Legislativo cometió un error al aprobar esa medida que repercutió en un aumento de precios en los energéticos, el diputado presidente respondió: “yo no hablaría de un error. Hubo una decisión que tomaron las mayorías construidas en esta Cámara de Diputados y se deben asumir las consecuencias de la misma”, externó.
Bolaños Aguilar aseveró que facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que ésta determine los límites máximos a los costos de los combustibles es uno de los factores que ha generado “esta circunstancia en la que hoy estamos, y es lo que se intenta revisar. Me parece que es el tiempo del Congreso mexicano, en donde espero que logremos acercar posiciones y lograr acuerdos que le den viabilidad y salida a una coyuntura tan delicada como la que estamos viviendo en el país”, manifestó.
Asimismo manifestó su solidaridad y acompañamiento con “el enojo y la preocupación de diversos sectores de la sociedad por los efectos del incremento de los precios en los combustibles”. Por lo que llamó a los gobiernos federal y estatales a realizar acciones y mostrar firmeza para impedir actos de vandalismo, que “nada tienen que ver con las protestas de aquéllos que realmente están siendo afectados en sus actividades diarias y que están buscando la forma de hacerse escuchar”.
Además, exhortó a los gobiernos a evitar caer en la tentación de que durante la contención de actos vandálicos, sus acciones pudieran extenderse hacia inhibición de las manifestaciones de molestia que, “desde mi punto de vista, son válidas”.
“Me parece que debemos evitar que grupos que son totalmente ajenos a estas manifestaciones de molestia y malestar enturbien una circunstancia de por sí ya difícil para nuestro país”, al tiempo que pidió a los manifestantes a evitar la afectación a terceros en la medida de lo posible.
Por su parte, el líder parlamentario de Encuentro Social, Alejandro González Muriilo instó al Gobierno federal a desplegar, de inmediato, una campaña y acciones contra el alza injustificada en los precios de los productos de la canasta básica, derivada del aumento en los combustibles.
Señaló que en los primeros días de enero se ha reportado una alza injustificada de hasta 10 por ciento en muchos de los productos de la canasta básica, generando una tensión mayor a la esperada en la relación salarios-inflación.
Ante ello, el legislador federal hidalguense pidió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante un punto de acuerdo, exhortar al Gobierno de la República para que, a través de la Secretaría de Economía (SE) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), utilice las vías legales e institucionales posibles, para paliar los efectos que el ajuste al precio de los combustibles traerá consigo y evitar así los daños indeseables e injustos que sean para México y sus familias, especialmente las más necesitadas, a las que poco o nada han beneficiado jamás los subsidios.
Destacar que la Comisión Permanente aprobó un acuerdo de la Mesa Directiva por el que se solicitan diversas acciones al Ejecutivo federal en relación al mercado de los combustibles y su precio, como la comparecencia de funcionarios para que aborden diversos ángulos del tema.
Al respecto, el presidente de la Comisión Permanente, diputado Javier Bolaños Aguilar, afirmó que la proposición que se presentó a consideración en la sesión de este jueves se logró “con el mayor consenso posible entre la mayoría de los grupos parlamentarios”.
El acuerdo avalado por 29 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, contiene siete puntos.
El primero convoca a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Energía (Sener), de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Pide que estos funcionarios expliquen ante el Pleno de la Comisión Permanente las razones e implicaciones del proceso de flexibilización de los mercados de las gasolinas y el diésel, mediante un formato ágil que apruebe la Mesa Directiva.
En el segundo se solicita que la SHCP informe a esta soberanía de manera pormenorizada, en un término de 10 días, en qué consiste la metodología para determinar los precios máximos correspondientes a las 83 regiones al interior de la República y las siete de frontera norte, desglosando sus componentes.
Asimismo, que la explicación se acompañe de la memoria de cálculo específica a dichos precios máximos.
Tercero, que la Sener presente un informe detallado de las condiciones en las que se encuentra la implementación de la reforma energética y de la perspectiva de la misma durante 2017.
Cuarto, que las autoridades competentes garanticen el abasto y suministro de los combustibles en todo el país.
Quinto, que la Profeco continúe y, en su caso, fortalezca el operativo especial de vigilancia en gasolineras con la finalidad de evitar y denunciar actos de especulación.
Sexto, que la Procuraduría General de la República (PGR) agilice las averiguaciones previas que en su caso se hayan iniciado por delitos contra la economía pública, sancionados en el artículo 253, fracción I, inciso A, del Código Penal Federal.