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Entre los años 1994 y 2002; los Estados Unidos les impusieron a los países productores de drogas condiciones de supervisión como requisito para otorgarles ayuda dizque para el desarrollo. Nadie se desarrolló, ni siquiera un poquito, con tales ayudas.
Si el desarrollo imperial se lograra con auxilios extranjeros, deberíamos saber quién ayudó a los Estados Unidos o a China con dádivas de esa naturaleza o con programas para sembrar arbolitos en San Salvador o Guatemala.
La certificación no tiene como finalidad saber si el pibe hizo la tarea. No. La certificación revisa las condiciones de operación de los cárteles de la droga, hasta en tanto no signifiquen una pérdida del control del Estado sobre todo lo demás. A los Estados Unidos no les preocupa si México es un “narcoESTADO”. Le aterroriza la posibilidad de un “NARCOestado.
Todo lo demás es el oropel de la diplomacia.
Pero el mecanismo de “certificación” ahora solicitado por los diputados republicanos a Mr. Biden para “meter en cintura” al gobierno mexicano (a eso vienen Blinken, Majorkas y los demás), tiene algunos elementos interesantes, según. Se advierte en este documento de la Universidad de la Rioja:
“… La certificación unilateral antidrogas es una política aplicada por el Congreso de los Estados Unidos, cuya finalidad es calificar el esfuerzo que han realizado los gobiernos que intervienen en la lucha contra las drogas”.
“De ser calificado positivamente o, mejor dicho, de recibir la certificación, un buen financiamiento económico será otorgado por el plazo de un año. Sin embargo, la dependencia económica existente entre los países productores y los Estados Unidos genera el sometimiento de estos a políticas externas, las cuales no siempre contemplan la realidad ancestral de la hoja de coca, ni mucho menos la realidad del campesinado andino.
“Ante ello, surgen nuevos problemas y los resultados no siempre son fructuosos. En este sentido, el proceso de certificación antidrogas es permanentemente criticado, porque se trata de un mecanismo meramente unilateral y esto no es acorde con un problema cuya magnitud es de gran complejidad. Este problema no solo abarca a los países productores o de tráfico; estos no son los únicos responsables, puesto qué se ha dejado de lado gran demanda proveniente justamente de los Estados Unidos…
“… Durante la Segunda Cumbre de las Américas, realizada en Santiago de Chile en abril de 1998, los jefes de Estado del hemisferio estaban dispuestos a tomar el siguiente paso. Los treinta cuatro presidentes asistentes, incluyendo el presidente estadounidense, Bill Clinton, estuvieron de acuerdo en crear una nueva Alianza Hemisférica contra las drogas.
“El objetivo central de esta Alianza sería crear un Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM). El MEM es una iniciativa sin precedentes diseñada con la intención de asegurar que todas las naciones del hemisferio desarrollarán e implementarán estrategias para el control de las drogas.
“De esta manera, los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas transformaron el concepto de evaluación multilateral en un mandato, declarando en su Plan de Acción que sus países “continuarán desarrollando sus esfuerzos nacionales y multilaterales para lograr la plena aplicación de la estrategia antidrogas del hemisferio y fortalecerán esta alianza sobre la base de los principios de respeto a la soberanía y la jurisdicción territorial de los Estados, reciprocidad, responsabilidad compartida, integralidad y equilibrio en el tratamiento del tema, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos”.
Obviamente, toda esta envoltura oculta el interés fundamental del gobierno estadounidense: controlar el enorme mercado mundial de las drogas, cuyo volumen sobrepasa los 200 mil millones de dólares al año, sostenido en la adicción de 300 millones de adictos en el planeta.
Por eso los fallecidos por el fentanilo mexicano o chino en Estados Unidos, no son nada, un pequeño daño colateral en el mercado.
Lo demás es pirotecnia política.