NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
Los “tiempos” de covid elevan la tensión entre el gobierno y los estados a niveles inéditos en la historia moderna. Si la pandemia rompe el orden de todas las actividades cotidianas, su impacto hace crujir estructuras políticas que ya daban muestras de agotamiento. Los gobernadores rechazan la responsabilidad del plan de reactivación económica sin autoridad sobre el manejo de la emergencia sanitaria, en un claro mensaje del cambio de las viejas reglas de sumisión con el poder central. El momento pone a prueba la resistencia del Pacto Federal frente a la acción del patógeno de la discordia política que ve oportunidad en la oposición de capitalizar la crisis y del Presidente de afianzar su proyecto político.
La debilidad del sistema inmunológico de ese arreglo fundador de la República se profundiza con la crisis de salud, aunque no por el contagio de personas, sino por el desarreglo institucional y la polarización política. La confrontación con los estados de oposición es la mayor que haya enfrentado un Presidente en la época moderna. Lo hace, por ejemplo, evitando reunirse con ellos desde que comenzó la pandemia, a pesar de la urgencia de coordinar la campaña de contención, que delega en la secretaria de Gobernación y en el gabinete, quizá para evitar que le pidan recursos. Pero en la desconexión crecen resistencias a sus decisiones porque consideran que les traslada la responsabilidad a través de su vocero de salud desde la CDMX sin reconocer diferencias regionales. O sea, una especie de subsidiaridad ordenada por el centro, sin autoridad para tomar decisiones, pero con la carga de la prueba cuando el futuro pida cuentas.
¿Qué competencias tiene cada uno ante la pandemia? Desde esta semana, las medidas de contención de la pandemia quedaron bajo control de las autoridades sanitarias estatales, como les advirtió López-Gatell, pero los gobernadores acusan que es una simulación por falta de claridad en los fundamentales legales para asumir esa competencia y menos aún de claridad en los criterios para operar el semáforo del desconfinamiento que diseñó el gobierno central. La confusión en el plan de reactivación revela la falta de coordinación y distribución de recursos económicos y sanitarios bajo control de la Federación. Tanto como las resistencias al reparto de responsabilidades políticas por los costos de cara a las elecciones de 2021.
En el fondo, la confrontación es un indicador de obsolescencia del Pacto Federal, que funcionó cuando el PRI tenía casi todos los cargos a nivel federal y estatal. La pluralidad política modificó los balances de poder, aunque López Obrador, a contrapelo de las nuevas circunstancias, ha seguido una ruta de concentración de competencias y funciones en salud o seguridad pública. Varios estados rechazaron o condicionaron su adhesión al nuevo sistema nacional de salud que centralizó las instituciones locales en el Insabi, en sustitución del Seguro Popular, y opuesto a operar las estrategias de seguridad bajo sus pautas. Otros promueven la revisión del Pacto Fiscal para cambiar reglas en el reparto de impuestos e, incluso, de escindirse de éste. Un frente de siete de ellos ha acordado seguir su propia estrategia para salir de la emergencia sanitaria, sin llegar a acuerdos con el gobierno central para un plan coordinado.
Las contradicciones del Pacto Federal se revelan con la crudeza de la pandemia y la escasez de recursos, pero también porque las políticas del gobierno trastocan los arreglos sobre fondos fiscales que aseguraban la subordinación a la Federación, a pesar de la pluralidad partidista. La política de austeridad y el recorte a los fondos que antes manejaban con discrecionalidad los estados disuaden de la obediencia con el poder central. Además del temor a que el Presidente centralice los recursos para apuntalar sus bases electorales y la oposición retroceda en las urnas en las elecciones de 2021.
A todas luces, este tiempo de emergencia es inadecuado para escalar la confrontación, pero la gravedad del momento también se ve como oportunidad para medir fuerzas y hacer un contrapeso a las decisiones del Presidente, aunque inyecte mayor incertidumbre. Menos aún sin horizonte claro de la aplicación de medidas, que podrían revertirse, como ha ocurrido ya en tres ocasiones, y tener que volver al confinamiento si no se reducen los contagios.