NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
• ¿Podremos volver a la nueva normalidad sin mecanismos de solidaridad con los miles de afectados?
La nueva normalidad todavía es territorio de incertidumbre perdurable. No hay aún un mundo poscovid. Las muertes y contagios en el país escalan al pico de la pandemia sin que la tragedia pueda ocultarse detrás del optimismo por la llegada de la vacuna. Su repunte proyecta la sombra de una crisis prolongada cuyos efectos se dejarán sentir con fuerza en los primeros meses de 2021. El gobierno comienza a reconocer los efectos devastadores para la economía, aunque en el debate público hay más preocupación por la aprobación presidencial que en discutir situaciones tan complejas como las decisiones políticas para salvar vidas o los empleos.
El falso dilema entre salud y economía surgió desde el principio, aunque sin el primero no hay segundo. Ahora también permea la decisión de cuál grupo debe tener prioridad para recibir la vacuna, que no llegará de golpe para inocular al 60% de la población. ¿Cómo se priorizará la población en riesgo versus trabajadores esenciales? ¿Qué sacrificios habrá entre los más vulnerables y los efectos en su bienestar desde la perspectiva económica y de empleo? El plan se anunciará esta semana con el riesgo de que la polarización ensombrezca otra vez la discusión.
La ecuación para contener la crisis sanitaria y el camino de regreso a la economía “normal” siguen siendo los mayores desafíos para el gobierno, aun si la vacuna se aplicara con celeridad. ¿Podremos volver a la nueva normalidad sin mecanismos de solidaridad con los miles de afectados y sus familias o los desempleados por covid-19?
En cualquier caso, el juicio sobre el manejo de la emergencia no se reducirá a los sondeos de popularidad, sino a la eficacia de la respuesta de las autoridades para evitar el mayor número posible de muertes. Desde un principio se sabía que dejar que la política o la economía impulsen las respuestas a expensas de la salud costaría vidas y más daños en el corto y largo plazo. Ahí está uno de los criterios para valorar el trabajo del gobierno federal y estatales, a pesar de la dificultad de la ecuación para lograr un equilibrio. El país alcanza ya el cuarto lugar de muertes por covid en el mundo con más de 108,000 personas, una cifra desalentadora para el gobierno y los líderes políticos. Si bien no son responsables de la pandemia, la politización de la pandemia y el desacuerdo ha aumentado la incertidumbre e impedido debatir las ventajas y costos del manejo de la emergencia.
Como cualquier gobierno, el de López Obrador prefiere no discutir el número de muertos, pero será difícil de eliminar como parámetro en la rendición de cuentas. El repunte no da tregua a la CDMX y otros 10 estados en el umbral de riesgo con los hospitales colapsados. Pero la decisión es mantener la actividad al límite, porque la economía no aguantaría cerrar otra vez. López Obrador llama a un confinamiento voluntario en las fiestas navideñas, mientras desoye las recomendaciones sanitarias de la OMS. El cubrebocas no es indispensable, insiste, aunque es la medida de prevención más importante que conoce el mundo para reducir el contagio y salvar vidas. Justifica su opinión con el consejo científico de López-Gatell, quien al final será quien cargue con la responsabilidad de lo que se haya hecho mal con la pandemia.
La otra discusión fundamental sobre el regreso a la economía “normal” es saber que no será posible volver al statu quo anterior cuando termine la emergencia. Esa idea no es sostenible simplemente con ver el número de un millón de negocios cerrados, la suma de casi 10 millones a la pobreza y el desempleo. El Presidente reconoció esta semana que la covid “tumbó” la economía, a pesar de que el “golpe” es levemente menos fuerte de lo previsto por la decisión de mantenerla abierta al límite de los riesgos sanitarios. Como hoy conocemos de la acción del virus, las condiciones subyacentes de los más vulnerables determinan quién sobrevive. Ésta es, quizá, la mayor lección que dejó la pandemia y que debe servir para debatir la forma de regresar a la normalidad y poner en marcha la economía con respuestas que no se basen en los intereses de la élite o un proyecto político ni dejen fuera a ciertos grupos por considerarse enemigos o adversarios.