Número cero/ EXCELSIOR
La oleada migratoria sobrepasa las capacidades del país, como admite la canciller Alicia Bárcenas, tanto como la pauta consistente de ignorar una crisis humanitaria de gran envergadura. También la “ola” supera el silencio cómplice oficial. El parón de trenes tomados por migrantes y la presión del control estadunidense en la frontera recorren la cortina a la evasiva oficial de creer que el problema desaparece si no se nombra.
La norma de actuación del gobierno mexicano cuando es incapaz de proteger los derechos de los migrantes es silenciar el problema, con aquello de: lo que no se declara, no existe. Hasta que su condición se destapa incontrolable y revela las desgracias de miles de errantes vulnerados por la corrupción de las autoridades y la violencia criminal en el país. Pero cuando la crisis llega a la agenda pública ya no se puede mirar hacia otro lado para ignorarla y evitar ver la violación de sus derechos. Las imágenes de 60 trenes inmovilizados, pasos fronterizos cerrados y caos de transporte en las aduanas corren el velo de la creciente presión migratoria. Y más grave, desvelan que no hay plan alternativo a la política de contención, tan superada como los 34 mil efectivos asignados a contener la “contingencia”. Es entonces cuando no queda más que descubrir la crisis y reclamar a otros, la ONU o a EU, su pasividad para atender la problemática, como hizo esta semana López Obrador, a pesar de cobijarla con su política migratoria.
Las pérdidas económicas por el parón, inédito, de trenes de Ferronales visibilizaron a los migrantes, pero la crisis no puede reducirse a las afectaciones o a la presión de EU con declaraciones de emergencia en ciudades de Texas. Es sólo un pequeño cuadro del reto gigante que significa la llegada, sólo en agosto, de 232 mil 927 migrantes a la frontera norte; hacia donde huyen y los recibe “el fanatismo de la indiferencia”, como llama el papa Francisco a la actitud de los europeos con los migrantes. Su situación en México no es distinta, aunque las historias negras de masacres en el país sí marcan diferencias. Sólo en los últimos seis años se contabilizan los 72 de San Fernando, en Tamaulipas, y en Camargo, 19 quemados vivos. Todas ignoradas e impunes. La última, por la muerte de 40 migrantes encerrados en un centro de detención de Juárez, incluso se trató de cerrar con la exigencia del responsable del Inami, Francisco Garduño, de desechar las acusaciones por su responsabilidad en la tragedia. Y ahí sigue inmutable, cobijado por el Presidente. Aparte de esto, la emergencia humanitaria se quiere apagar bajándolos de los trenes o convenciéndolos de no viajar en ellos como polizontes, sino legalmente; aunque no sirva más que para echarlos a los brazos de la trata y la extorsión del crimen y la policía.
La impasibilidad del gobierno comenzó desde que aceptó fungir en la práctica como tercer país seguro en acuerdos inconfesables con EU, aunque ahora le reclama la misma pasividad que acusa su política migratoria. Frente al repunte inocultable del trasiego de personas, otra forma de mirar para otro lado es culpabilizar a la ONU por asistir a la tragedia como un “adorno, un florero”. Cabría preguntarse qué hacer aquí si la pasividad del “elefante reumático” del Estado esta rebasado sin alterar la política de austeridad que ahoga sus capacidades operativas. La política de contención con la Guardia Nacional y el INM no tiene ningún viso de resultados. Aun así vuelven las medidas de presión de EU para obligar a México a redoblar esfuerzos y servirle de vaso regulador de los flujos. El reforzamiento de los controles en la frontera recuerda las medidas disuasivas de Trump, aunque ahora ante los reclamos de los republicanos a Biden de revertir las políticas migratorias de línea dura contra México. La respuesta del gobierno mexicano es la misma desde hace cinco años: endurecer los controles migratorios y tratar de acallar la crisis como parte de las negociaciones y acuerdos de la agenda bilateral. La más grave consecuencia de mantener esta política es que nadie busca otras salidas. Los planes de crear una coordinación nacional de asuntos migratorios desmilitarizada para sustituir al INM fueron distractores. Maniobras que salen a escena para alejar la atención de la crisis, hasta que irrumpa una nueva tragedia.