Estira y afloja
En el Puerto de Topolobampo se instrumentaron reglas absurdas para entrar y abordar los ferris hacia La Paz, por instrucciones del titular Carlos Meraz Zavala. A partir de esta semana se exigió a los pasajeros, turistas y viajeros de negocios que ingresen a los patios y muelles con casco y botas industriales o no podrán subir o bajar de los barcos.
En ningún puerto del mundo se aplica esta insensatez. Además, los usuarios tienen que pagar a los guardias de seguridad para acceder al recinto desde 200 pesos si están registrados en el Sistema Puerto Inteligente Seguro (PIS) hasta 500 pesos si es visitante ocasional.
Hay problemas de demoras y los buques permanecen fondeados más tiempo del previsto, con las pérdidas económicas consecuentes; claro, se abrió la puerta a posibles actos de corrupción por desconocimiento del requisito. El titular de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, tendrá que tomar decisiones al respecto porque el tema puede ir contra el Código Internacional para la Seguridad de los Buques e Instalaciones Portuarias del que forman parte todos los puertos de México.
Se afectó incluso la reputación del puerto. Aunque no lo crea, no hay ningún aviso visible ni oficio por escrito. Entre enero y mayo se atendieron 355 ferris, una caída de 4.6 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado según Semar; cada embarcación traslada alrededor de 100 coches y 900 pasajeros.
Cuarto de junto
El ayuntamiento de Mazatlán, que encabeza Édgar González Zataráin, enfrenta 2 mil 629 demandas en materias administrativa, laboral, de amparo, civil, acciones colectivas y agrarias por alrededor de 544 millones de pesos. Ya se tienen laudos perdidos de administraciones pasadas equivalentes a 200 millones, y organizaciones civiles locales denunciaron que esto se debe a la implementación de prácticas resarcitorias más que punitivas por posible tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Uno de los demandantes es Martín Humberto Juárez, que representa en los litigios a Grupo Casamar, socio de Melecio Montoya, tesorero municipal de Mazatlán en la empresa MSG Consultores, lo que provoca suspicacias, ya que esta empresa tuvo resoluciones favorables contra el ayuntamiento. Algunas fueron expedidas por Jesús David Guevara, magistrado de la Sala Regional Sur del Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; su ex secretaria, Adda Sarahí, es ahora secretaria del ayuntamiento y responsable legal del municipio de González Zataráin. Las agrupaciones civiles afirman que hay conflicto de interés y recuerdan que en la administración pasada inexplicablemente se pagaron 146 millones de pesos a Grupo Ahre por una demanda que jamás se atendió, y Cielo Rosas, jefa de asuntos jurídicos del ayuntamiento, se integró como abogada corporativa en la empresa en abril de 2022.