NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La crisis del INE es un asunto de Estado que amenaza con desbordarse en la confrontación política rumbo a 2027. Al daño de las imágenes y audios de escandalosa corrupción interna se suma el bloqueo de la partidización para restañar a una autoridad electoral que pierde la confianza para conducir las elecciones con imparcialidad. La gravedad de la crisis justificaría renovar el Consejo General para sanear y recuperar su credibilidad. Sin embargo, a siete meses de una gran elección en la que se disputarán el Congreso y 17 gubernaturas ello entrañaría riesgos para su organización. Pero lo más importante es que ninguna salida es viable sin un pacto entre la coalición gobernante y la oposición para determinar su futuro.
Las respuestas resultan insuficientes ante un problema que trasciende lo administrativo y pone en riesgo la democracia. La polarización bloquea los acuerdos y reduce la crisis a cálculos partidistas: trasladar el daño al pasado y confinarlo al ámbito administrativo y judicial, sin asumir su dimensión política. La crisis no empezó con las revelaciones sobre corrupción de la expresidenta Taddei y sus vínculos con contratistas. Se remonta a su nombramiento —respaldado por Morena y rechazado por la oposición—, a las facultades que le concedió el Tribunal Electoral y a la reforma legal que concentró decisiones administrativas y nombramientos en la presidencia. Si esos cambios favorecieron la opacidad y la discrecionalidad en el uso de recursos, ¿cómo confiar en que el INE contará los votos con transparencia y actuará con equidad?
Pero en lugar de acuerdos, los partidos enfocan su esfuerzo a trasladar los costos al adversario. La Presidenta exige una investigación a fondo y la UIF marca el camino para procesar a Taddei, al mismo tiempo que usa su poder para construir una narrativa que desligue a su partido de la expresidenta del INE. Para sustentar esa narrativa, la ASF amplía sus auditorías a las últimas dos décadas, en particular a la gestión de Lorenzo Córdova. La estrategia busca presentar la corrupción como una red que llevaba años lucrando con la democracia dentro del INE sin que nadie interviniera, y reforzar así la idea de que el problema no corresponde sólo a la presidencia de Taddei.
El INE también presentó denuncias penales ante la FGR para deslindarse de su administración y dejar la resolución en manos de la justicia. La reacción no explica por qué los controles internos no detectaron los presuntos abusos, enriquecimiento ilícito, peculado y tráfico de influencias que le imputan. Tampoco aclara la concentración de proveedores en contratos públicos cuestionados por Sheinbaum.
Las investigaciones de la ASF y la FGR son indispensables para esclarecer denuncias y sancionar a los responsables, pero no resuelven la dimensión política. No bastan para recuperar la credibilidad del INE. Hace falta reconstruir los acuerdos políticos que permitieron superar otras crisis y establecer reglas compartidas para la designación de sus autoridades. Y la cúpula empresarial reclama imparcialidad en la designación de la sucesora de Taddei. Entretanto, el Congreso no acuerda la convocatoria y Morena amenaza con imponer sus reglas o mantener indefinidamente a la presidenta provisional. Un nombramiento sin consenso prolongará el deterioro de la imagen del INE en lugar de frenarlo. Porque extender la revisión administrativa no puede servir de coartada para diluir las responsabilidades actuales. Los señalamientos contra Taddei no desaparecen porque se encuentren antecedentes en gestiones anteriores de delitos que incluso ya habrían prescrito.
Los escándalos de la primera mujer que presidió el INE tienen un costo político que Morena no puede eludir ni trasladar al pasado, aunque busque repartir responsabilidades con funcionarios de otras administraciones. La justicia no debe utilizarse para administrar el desgaste que esto causa al gobierno y su partido. El problema de fondo permanecerá, aun con el control de daños del gobierno, porque el INE no recuperará su credibilidad mediante la confrontación y la exclusión que lo debilitaron. Renovar su dirigencia, investigar contratos y deslindar responsabilidades debe abrir una salida institucional, no otra batalla por controlar al árbitro. Si llega a 2027 sin acuerdos sobre su autonomía ni la confianza de los contendientes, la disputa por su dirección pondrá en riesgo su tarea esencial: garantizar elecciones creíbles. © 2026 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.
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