El desdén del poder ante el asesinato del presidente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez; el enemigo no son los cárteles, sino los críticos
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, desnuda el fracaso moral y operativo del gobierno de Claudia Sheinbaum y de su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Mientras el país reclama justicia, la presidenta se refugia en su discurso faccioso, culpando a “la derecha” y a los “carroñeros” de una tragedia de la que ella misma debe responsabilizarse por omisión. Manzo pidió ayuda federal y no la tuvo; murió solo, como mueren los que incomodan al poder. Hoy su silencio pesa más que todas las conferencias matutinas del régimen
El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, volvió a exhibir el derrumbe de la política de seguridad en México y la distancia entre el discurso y la realidad. Lo asesinaron en su tierra, en el corazón de un estado que lleva dos décadas desangrándose. Su muerte no sorprendió a nadie que haya escuchado sus advertencias. Lo que indigna no es sólo el crimen, sino la respuesta fría, ensayada y políticamente calculada de una presidenta que parece gobernar para los suyos, para sus panegiristas, no para un país entero.
Desde hacía meses, Manzo había suplicado auxilio. Lo hizo en público y en privado, en entrevistas, foros y reuniones con autoridades; había denunciado la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, los cobros de piso, las extorsiones y la parálisis de los cuerpos estatales. Reclamó refuerzos federales, la intervención del Ejército y la Marina, pero lo ignoraron. En su soledad, decidió no ceder al miedo. “Si algo me pasa, quiero que se sepa por qué fue”, dijo poco antes de ser asesinado.
El primero de noviembre, minutos después de inaugurar el Festival de las Velas, fue acribillado en pleno centro de Uruapan; los atacantes sabían dónde estaba. Uno fue abatido en el lugar, otros dos detenidos. La Fiscalía de Michoacán confirmó lo evidente: que el alcalde había sido amenazado reiteradamente. Tenía escoltas municipales y un grupo limitado —“periférico”, le llamaron los mandos militares—, sin el refuerzo que pedía desde hacía meses.
El crimen desató protestas multitudinarias. Miles de ciudadanos acompañaron el féretro. Le gritaron “¡asesino!” al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y lo expulsaron del sepelio. La esposa de Manzo, Grecia Quiroz, pronunció una frase que atravesó el país: “Mataron al mejor presidente municipal de México, al que se atrevió a hablar con la verdad”.
Este lunes, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema en su conferencia matutina. Lo hizo con la sobriedad de una tecnócrata y la beligerancia de una militante. Calificó el homicidio como “vil y cobarde”, ofreció condolencias y prometió justicia. Hasta ahí, la parte institucional. Luego comenzó la defensa política.
Negó que el alcalde estuviera abandonado. Dijo que la Guardia Nacional y el comandante de la zona militar “estuvieron siempre en contacto con él”. Alegó que existen videos donde el propio Manzo reconocía ese apoyo. Aseguró que Michoacán “no está solo”. Las palabras sonaron programadas, como frases de libreto, sin el peso de una autocrítica.
Y la contradicción no tardó en revelarse. El general Ricardo Trevilla Trejo, presente en la conferencia, explicó que la Guardia Nacional sólo le brindaba “seguridad periférica” y que el primer círculo de protección dependía de policías municipales elegidos por el propio alcalde, y que el evento donde ocurrió el ataque era de “alta vulnerabilidad” por la multitud y la falta de control.
El general reconoció que el número de efectivos fluctuaba y que en octubre fueron retirados 200 elementos de la Guardia Nacional, aunque después se enviaron 100 más. Lo presentó como un “relevo operativo”, pero en la práctica implicó una reducción temporal de presencia federal justo antes del asesinato. Esto desmiente la afirmación presidencial de que “tuvo todo el respaldo”. El propio gabinete confirmó, sin admitirlo de forma directa, que Manzo estaba bajo un esquema de protección limitado, sin primer anillo federal, en una zona dominada por los cárteles del CJNG y Los Viagras.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, agregó que “no hay indicios de que los escoltas del alcalde tuvieran vínculos con la delincuencia” y que “uno de ellos fue quien abatió al agresor”. Recalcó que el evento donde se cometió el crimen “era completamente abierto, sin filtros de acceso” y que el atacante se acercó a corta distancia. Una falla elemental en el protocolo de seguridad para un funcionario amenazado.
También reconoció que la identificación del atacante aún no estaba confirmada, aunque se presumía que pertenecía a una célula del crimen organizado.
Mientras el general y el secretario describían en la conferencia presidencial un operativo insuficiente, la presidenta se internaba en una narrativa política. Volvió a señalar que la violencia en Michoacán es herencia de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de la “guerra contra el narco” y de las “tentaciones autoritarias”. No hubo un sólo reconocimiento de responsabilidad actual o de su antecesor.
Sheinbaum dedicó buena parte de su exposición a atacar a la oposición, a los medios y a los críticos. Dijo que “la derecha”, “los conservadores” y los “comentócratas carroñeros” habían utilizado la tragedia para golpear a su gobierno. Los llamó “buitres”. Recurrió a la palabra “carroñeros” como si bastara una ofensa para desactivar una demanda de justicia.
Este lunes no habló una jefa de Estado, sino una dirigente en campaña. En lugar de admitir que el alcalde murió pese a haber pedido ayuda, construyó un relato donde el enemigo no son los cárteles, sino los críticos.
La justicia, como un simple eslogan
El contraste entre el tono de la presidenta y el dolor de Uruapan fue brutal. Mientras la población marchaba con velas y reclamos, ella hablaba de “la fuerza del Estado” como si la justicia fuera un eslogan. Prometió reforzar la presencia militar, pero al mismo tiempo desechó cualquier revisión de su estrategia. “Regresar a la guerra contra el narco no es opción”, reiteró.
Esa frase, repetida como mantra —que se evoca constantemente, casi de manera ritual, hasta convertirla en dogma o excusa—, intenta justificar la inmovilidad. Nadie le ha pedido revivir la guerra de Calderón; lo que se le reclama es que el Estado deje de administrar el crimen como si fuese una estadística.
El caso de Manzo no es aislado. En apenas trece meses de gobierno de Sheinbaum, nueve alcaldes han sido ejecutados: Alejandro Arcos Catalán (Chilpancingo, Guerrero), Román Ruiz Bojórquez (Candelaria Loxicha, Oaxaca), Jesús Franco Lárraga (Tancanhuitz, San Luis Potosí), Mario Hernández García (Amoltepec, Oaxaca), Isaías Rojas Ramírez (Metlatónoc, Guerrero), Salvador Bastida Guerrero (Tacámbaro, Michoacán), Lilia Gema García Soto (San Mateo Piñas, Oaxaca), Martha Laura Mendoza (Tepalcatepec, Michoacán) y ahora Carlos Manzo Rodríguez (Uruapan, Michoacán). Nueve asesinatos de autoridades municipales en poco más de un año: una estadística que supera el promedio anual de homicidios de alcaldes en los sexenios anteriores.
Durante el sexenio de López Obrador fueron asesinados 23 alcaldes; con Peña Nieto, 30; con Calderón, 31. La tendencia no se ha detenido. Sheinbaum asumió el poder el 1º de octubre de 2024 y ya enfrenta la mayor racha de homicidios de autoridades locales en el arranque de un gobierno desde que hay registros.
Michoacán es un laboratorio del fracaso nacional. Fue ahí donde Calderón declaró su guerra en 2006, donde Peña ensayó su comisionado federal y donde López Obrador optó por la inacción. Sheinbaum hereda un territorio descompuesto, pero no puede fingir que el problema nació ayer.
En su discurso, culpó al pasado, atacó a la oposición y descartó la autocrítica. Esa triada —culpa, ataque, negación—, se ha convertido en el método de gobierno. Mientras tanto, los muertos siguen cayendo y las comunidades sobreviven entre la extorsión y la impunidad.
Manzo había advertido que el Estado había perdido el control del país. Lo repitió hasta el cansancio. La respuesta fue el silencio. Cuando su cuerpo apareció en las primeras planas, las mismas autoridades que no lo escucharon declararon que “no habrá impunidad”. Es la promesa más gastada del vocabulario oficial.
El general habló de protocolos. Harfuch, de operativos. La presidenta, de justicia social; pero nadie habló de responsabilidad. Nadie aceptó que fallaron. Nadie mencionó que la inteligencia federal sabía de las amenazas y que el refuerzo nunca llegó.
El caso Manzo revela una grieta estructural: la distancia entre el poder federal y los municipios. Los alcaldes gobiernan sin respaldo, vulnerables frente a grupos armados que controlan territorios, presupuestos y vidas. Cada ejecución de un edil es una señal de que el Estado ya no manda en gran parte del país.
El discurso presidencial, en cambio, pretende convencer de que todo está bajo control, que los números mejoran, que la estrategia funciona. Pero hoy la realidad se mide en el número de funerales, no en las gráficas gubernamentales, ni en sus “otros datos”.
El espejo en el que el gobierno no se quiso mirar
El sepelio de Manzo fue el espejo que el gobierno no quiso mirar. Ahí estaba la rabia del pueblo, los reclamos de su esposa, el grito de una ciudad harta. Y ahí estaba también el vacío del Estado, representado por un gobernador abucheado y una presidenta ausente.
En política, la omisión también es una forma de desprecio. Manzo pidió ayuda y no la tuvo. Murió denunciando la indiferencia de las autoridades. Hoy, muerto, parece que sigue sin ser escuchado; sólo justificaciones y las frases huecas de siempre: “su muerte no quedará impune; se hará justicia; los responsables serán castigados con todo el peso de la ley; no descansaremos hasta dar con los culpables; la violencia no nos detendrá”, etcétera, etcétera, etcétera.
Lo más patético fue ver y escuchar a la presidenta respondiendo ásperamente, en forma beligerante, culpando a los “carroñeros” y a los “conservadores”. No habló de cómo un alcalde amenazado pudo ser asesinado a unos metros de una escolta oficial. No habló del miedo que paraliza a decenas de funcionarios municipales que hoy callan para sobrevivir.
Sheinbaum se comportó como jefa de facción, como figura que no ha hecho de lado su rol de activista universitaria, no como jefa de Estado. Gobernar no es justificar, ni polemizar, ni esconderse tras la retórica de la soberanía; gobernar es proteger. Y su gobierno no protegió a Carlos Manzo. Cada palabra de esa conferencia, cada intento por deslindarse, reforzó la sensación de un poder cerrado en sí mismo, que confunde la crítica con el ataque y la justicia con el discurso.
La muerte de Manzo deja una pregunta que el gobierno no puede eludir: ¿cuántos más deberán morir para que se acepte que la estrategia de los últimos siete años ha fracasado?
Hoy, Uruapan está de luto, pero el luto también se extiende a la credibilidad del Estado mexicano. Mientras la presidenta Sheinbaum habla de justicia social, los criminales siguen dictando la ley en las calles y el desánimo social se acrecienta.
Pero eso no es todo. Aunque pudiese entenderse de manera equivocada como una minimización de este lamentable y reprobable hecho: lo grave no es el asesinato, sino la respuesta; la indiferencia convertida en doctrina; la política convertida en coartada.
Carlos Manzo pidió presencia federal. No la tuvo en tiempo y forma. Pidió justicia, y no llegó. Su voz se apagó entre la violencia y el desdén gubernamental. Y este lunes, en cadena nacional, ante su escaparate favorito, la presidenta, en lugar de escuchar y razonar —sin maniqueísmos atávicos, ni sectarismos—, eligió culpar.