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Posiblemente ningún otro episodio en toda la historia del México posrevolucionario pueda superar en volumen documental a la tarde de Tlatelolco en el lejano 1968 y la noche de Iguala en 2014.
Ambos acontecimientos tienen, además de la naturaleza estudiantil y la legendaria reivindicación de causas populares (como las llama el pensamiento revolucionario), haber sido confiscados para su historiografía por los mismos narradores; es decir, la izquierda.
Mientras en el año 1968 el gobierno guardó silencio en cuanto a los hechos, y todo se fue en declaraciones políticas más orientadas a complacer al señor presidente y menos al esclarecimiento de los hechos hasta el final “mea culpa” o mí responsabilidad” de Gustavo Díaz Ordaz, cuyo gesto de entereza personal no tuvo ni consecuencias ni apoyos, sino todo lo contrario, en la cuestión igualteca el gobierno guardó silencio y se expuso a la metralla innecesariamente con frecuentes conferencias de prensa del entonces procurador Murillo Karam, quien padeció frente al pelotón de fusilamiento hasta llegar al peor de los errores: el presidente lo cesó del cargo, con lo cual tácitamente les daba razón a sus malquerientes.
Pero no a los de Murillo; a los de él mismo. Murillo ofreció la verdad histórica (y esa no ha sido refutada, sino confirmada) y dejó abiertos los expedientes y la investigación en busca de la verdad jurídica. Nunca hubo una expresión tan simple como esa, tan hábilmente aprovechada para colocar algo por encima de la naturaleza y realidad de los hechos.
Los escribanos de la mitología de 1968 tuvieron descendencia en los de 2014 y entre todos construyeron, una versión única, una imaginería admitida, irrefutable de las cosas, cuyo desmoronamiento comenzó apenas este 3 de octubre en un largo soliloquio presidencial en cuyas palabras se ofrecieron para los interesados en la “otra verdad”, gruesos goterones de amarga realidad.
Una cosa fue el crimen masivo; otra sus autores, otra sus cómplices y una muy distinta y secundaria (cronológica, no axiológicamente), el encubrimiento o la torpeza de ofrecer una explicación oportuna. De todos modos, no hubiera servido de nada. El inicuo aprovechamiento jamás iba a ser desperdiciado por “la causa”.
En uno de sus capítulos, la segunda investigación de Alejandro Encinas y sus tlacuilos, dice sobre la responsabilidad de TODAS las autoridades sobre lo cual se sustenta la clasificación del CRIMEN DE ESTADO:
“…La Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) ha demostrado (¿?) que la mal llamada verdad histórica (la mal llamada reforma educativa, el mal llamado pacto por México, etc.) fue una construcción —elaborada desde el gobierno federal— para encubrir los hechos y legitimar e imponer la versión oficial de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula y dar carpetazo al caso.
La complicidad de funcionarios de los tres órdenes de gobierno y las acciones concertadas para ocultar la verdad constituyen un crimen de Estado (en todo caso otro crimen, pero no ese).
“Tal es el caso de la junta de autoridades, presidida por el entonces presidente de la República (exonerado por AMLO) , junto con funcionarios del más alto nivel del gobierno, que fue la responsable directa de la construcción de la llamada verdad histórica. Esta operación al más alto nivel constituye una segunda desaparición (¿?) de los estudiantes (¿y la comisión, una tercera?) por:
“Las omisiones de las autoridades que en todo momento estuvieron informadas y permitieron la violencia y la desaparición de los estudiantes.
“La participación con el grupo delictivo en la desaparición de los normalistas.
“La manipulación y ocultamiento de evidencias y pruebas.
“La creación de escenas del crimen.
“La obtención de declaraciones bajo tortura.
“La protección a los servidores públicos que participaron en los hechos.
“Mentir a los familiares de las víctimas y a la sociedad”.
Línea por línea lo anterior es una colección de lugares comunes. Por ejemplo: la “Verdad histórica” no fue la conclusión de un trabajo de investigación desarrollado durante cuatro meses, cuyos elementos esenciales no han sido desmontados ni desmentidos en años y años de roer la necedad, sino una deliberada fabricación de literatura fantástica.
Esto choca frontalmente con la hipótesis presidencial presentada el pasado día tres en la cual señala responsabilidades derivadas de omisiones; no fabricaciones. Construir falsedades no es una omisión.
El rechazo de los padres a admitir versiones militares avaladas por el gobierno ; la renuncia y denuncia del fiscal especial, la llamada rebelión en la Fiscalía y las nuevas hipótesis de la presidencia; la exoneración del general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos y del presidente de la República, Enrique Peña, demuestran solamente una cosa: el grupo de Encinas; orientado a confirmar una narrativa previamente consagrada, no a investigar rigurosamente los hechos ( no saben cómo) y la formación en Guerrero de un “narcogobierno” amenazado por el robo de heroína y dinero en medio de una pugna de cárteles, cada uno con su grupo defensor desde la administración pública, toda en manos de sus correligionarios del entonces PRD, ha sido un fracaso absoluto.
Esta comisión ha caído también en el último de sus señalamientos en el párrafo citado:
“Mentir a los familiares de las víctimas y a la sociedad”.
La primera mentira ha sido propagar la (imposible) posibilidad de hallar con vida a los estudiantes. La segunda, fomentar esa ilusión y agitar esa bandera. La tercera, insistir en ella hasta en la conferencia mañanera del tres de octubre. Esa tampoco se olvida.
“…Tenemos una aproximación (cinco años después) a lo que sucedió y de quiénes fueron los responsables (…) Lo que más nos importa es SABER DÓNDE ESTÁN LOS JÓVENES, porque podemos llenar las cárceles de responsables, pero si no los encontramos (…) estamos trabajando en eso todos los días (AMLO)”.
Pero, así como hay rasgos de ineptitud absoluta; hay también destellos de incongruencia. Hoy el presidente descree del trabajo del GIEI a cuyos integrantes llama “administradores del dolor”. No son eso, simplemente son unos farsantes bien pagados por el gobierno de entonces y también por este, hábil para servirse de ellos antes.
Si hoy le preocupa al presidente la calidad moral de la OEA, de quien depende la incómoda Comisión Interamericana de Derechos Humanos (al menos orgánicamente), y la cercanía de los integrantes del grupo, simples revisores de los trabajos de la PGR y la CNDH de entonces, con Emilio Álvarez Icaza, ¿por qué en el 2021 este gobierno les prolongó (y les pagó) un mandato inútil?
“Yo hablaba con ellos (el grupo de expertos) y nunca me entregaron nada que probara sus dichos, dijo el presidente.
“¡Ya basta de estar administrando el dolor de la gente! No se debe utilizar el dolor del pueblo, no se puede estar engañando, hay que actuar y decir la verdad…
“Si ellos tienen pruebas, que las presenten, que las den a conocer porque todo lo que tiene la Secretaría de la Defensa se ha entregado. No se ha encontrado más, todo son puras conjeturas. Jamás vamos a ocultar los hechos, no vamos a permitir la impunidad…”