El mundo de la política se ha vuelto una acuciante fuente de incertidumbre e inseguridad, contraria a la responsabilidad de dar rumbo y conducción a los destinos de un país. Si por lo común el lugar de los peligros lo ocupan conflictos difíciles de controlar como violencia o volatilidad de los mercados, ahora son los políticos los que generan escenarios impredecibles por la recurrencia a la mentira o multiplicación de versiones contradictorias, como ocurrió con las explicaciones del gobierno y gabinete de seguridad de la crisis en Sinaloa. La licencia para cambiar posturas, ocultar información o faltar a la verdad hacen de la política de comunicación una riesgosa úlcera que agrava situaciones de descontrol dentro y fuera del gobierno.
Es cierto que la estrategia de comunicación se circunscribe a las decisiones del presidente López Obrador, como el principal y cuasi único vocero de la 4T. Pero no es menos observar que el discurso político se vuelve un sitio de riesgo, casi tanto como los conflictos y confrontaciones que derivan en crisis de seguridad. La desinformación oficial en el operativo para la captura de Ovidio Guzmán contribuyó al caos que se apoderó de Culiacán por la reacción del Cártel de Sinaloa para evitar su detención y al parecer también la del otro hijo y heredero de El Chapo, Iván Archivaldo. Algo, que aún ahora es motivo de confusión y relatos imprecisos, versiones periodísticas de fuentes anónimas, en una muestra más del enorme reto de la sociedad para reconocer y desenmascarar mentiras oficiales, más comprometidas con la imagen, popularidad y narrativa de sus propios datos que con la seguridad ciudadana.
El Presidente niega ahora que le informaran del operativo, cuando antes lo aceptara y hasta ofreciera testificar ante la Fiscalía para dar las razones de las decisiones que tomó o avaló, si la investigación lo requiere. El gobierno confunde la idea de transparentar discrecionalmente la información con la responsabilidad de informar sobre un operativo del que pareció mentir desde un principio, pese al reconocimiento del gabinete de seguridad y la cúpula del Ejército de su fracaso. ¿Quién es el responsable de informar, cuáles las responsabilidades políticas y hasta jurídicas de equívocos y equivocaciones?
A López Obrador, como a otros mandatarios, le disgusta equivocarse con decisiones públicas, pero mucho más corregir versiones que puedan afectar su imagen o de su gobierno. Su liderazgo para controlar la agenda pública no significa tener el control de la realidad, que cada vez le resultará más difícil de retener si, paradójicamente, la política de comunicación no transparenta la información sobre las acciones del gobierno e identifica a los responsables de la vocería. En el caso de Sinaloa, en vez de ello, acaba tratando de deslindarse de ellos, sin que nadie rinda cuentas de los yerros del operativo. En este sentido, la narrativa oficial ha intentado poner los términos del debate entre la captura de un capo y la vida de ciudadanos amenazados por la respuesta violenta del Cártel, pero sólo para ocultar que el dilema no fue producto del azar –como incluso se sugirió en la primera versión de Alfonso Durazo sobre los hechos violentos—, sino de una operación mal planeada y peor ejecutada como reconociera después. Incluso el fiscal Gertz se enredó en el discurso para dar cabida al paralelismo con el caso Ayotzinapa, que sin parangón sobre los hechos, comparte el mal manejo de la información del gobierno anterior, que sepultó la investigación y generó una crisis que lo devoró.
El Presidente pone a prueba la confianza en su popularidad y la promesa de actuar diferente a sus antecesores, que desestimaron el costo de emprender una guerra contra la verdad en tiempos en que la información es más valorada y también despreciada que nunca. La desinformación, contradicciones y hasta el intento de deslinde de responsabilidades; sin embargo, no ha podido evitar que Sinaloa marque un antes y un después para el gobierno. Precisamente porque hoy la información es el mayor motor en el mundo de la política y de la protesta, aunque se intente convertir en uno de los lugares más peligrosos de los conflictos, la polarización y la fragmentación social.