La Auditoria Superior de la Federación (ASF), realizó la entrega de un primer paquete de 125 informes individuales resultado de la fiscalización realizada a la Cuenta Pública del 2020, lo sorprendente de esto es que su titular, David Colmenares Páramo, manifestó que en el transcurso de tres años se han hecho denuncias por irregularidades en el gasto público que suman un monto de 118 mil millones de pesos.
Esto representa, en monto, 60 por ciento del total acumulado desde la creación de la Auditoria Superior de la Federación, en 1999, según palabras de David Colmenares.
De ser así, significa que desde las administraciones de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, no se había tenido tantas denuncias hechas, o faltantes por revisar en la administración pública.
Ahora deberemos estar atentos a que el gobierno federal responda a estos señalamientos y despeje las dudas que contiene la revisión de la Cuenta Pública, de la presente administración.
El tema principal de esta falta de información y posterior demanda de ella, es que desde que asumió el gobierno López Obrador, con el objetivo de eliminar la corrupción, que prevalecía en la forma de destinar licitaciones por parte del gobierno federal favoreciendo solo a sus amigos y familiares, se decidió realizar adjudicaciones directas sin licitación.
El resultado, y posiblemente la raíz de estas demandas, son la opacidad con la cual se designa a las empresas favorecidas para cubrir las necesidades del gobierno federal como proveedoras de servicios, porque entonces también se cayó en posible corrupción al no permitir que se eligieran a estas empresas con base a calidad de servicios o productos, acompañada de la mejor calidad de los mismos.
El gobierno de López Obrador opto por las adjudicaciones directas, desde PEMEX hasta la compra de medicamentos, ambos casos con resultados totalmente negativos.
David Colmeneares enfatizó que estas denuncias parten precisamente por la falta de información sobre el uso que se dio a 118 mil millones de pesos no significa que no exista ese gasto, sino que no se ha enterado como se realizó.
De esta manera, el Auditor Superior, abrió nuevamente un debate que tendrá que responder el gobierno federal para aclarar el destino de ese recurso a favor del bienestar de los mexicanos.
No olvidemos que el año anterior existió todo un debate sobre los costos que se ocasionó al cancelar la construcción del nuevo aeropuerto que se ubicaría en Texcoco, donde la ASF había señalado que el monto era de 300 mil millones de pesos para luego bajarlo a 113 mil millones de pesos, sin embargo, existen aún cuentas que por “seguridad” no se han abierto.
La cuestión es si el gobierno federal saldrá a señalar que los recursos públicos se han manejado conforme a las leyes y presupuestos aprobados y que la diferencia que señala por la ASF, eta equivocada y tendrá que retractarse.