El PVEM y el PT mantienen una postura diferente a algunas propuestas que contiene la iniciativa del Ejecutivo respecto a una reforma electoral. Lo cual significa que será difícil llegar a un acuerdo con Morena y el partido de la presidenta tendrá que ceder algo.
También existen dentro del sector político, empresarial y social voces que señalan que no es necesaria una reforma electoral por el momento y que, de acuerdo a la información que sale desde Palacio Nacional, esta propuesta de reforma electoral no es la adecuada porque no protege los derechos políticos de la ciudadanía, tampoco fortalece la democracia ni a las instituciones encargadas de elaborar, supervisar y calificar los comicios.
Esto los lleva a coincidir que lo relevante por el momento es atender los desafíos que enfrenta el país. Porque el escenario actual de México es una enorme incertidumbre económica interna y externa ante los niveles altos de inseguridad que persisten, la falta de justicia y paz social. Factores determinantes para generar condiciones necesarias para la inversión que conlleva generación de empleos y por su puesto bienestar a la ciudadanía y un crecimiento económico del país.
El iniciar un debate y plantear cambios institucionales, en este momento donde la violencia se mantiene en diversas regiones del país, se empieza la revisión del T-MEC con nuestros socios comerciales y la incertidumbre económica persistente no abona a la estabilidad nacional porque se acentúan las diferencias y por supuesto una mayor división.
El compromiso primario del estado es garantizar las condiciones de seguridad, ofrecer paz social y establecer las condiciones, jurídicas y de infraestructura, que permitan la inversión.
Porque cualquier señal que sugiriera un debilitemos de los fundamentales económicos y democráticos solo incrementa la incertidumbre e inhibe la inversión que limitará la creación de empleos y por consecuencia el crecimiento económico.
Esto implicaría menor incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México en detrimento del grado de inversión.
Una reforma, como la que se pretende aprobar en los días subsecuentes no depende de una mayoría para hacerla legal sino de la aceptación social de todos los mexicanos.
Es importante que en esta reforma existan acuerdos amplios con todos los actores políticos y sociales, que sean incluyentes y democráticos. Impulsados por la sociedad civil organizada con todos los partidos políticos y no por un partido político.
Romper con el esquema que hasta ahora nos ha dado un sistema electoral que ha proporcionado la estabilidad política, una alternancia pacífica, certeza jurídica y una gobernabilidad democrática podría ser negativo para México.
Se entiende que todos los modelos son y deben ser perfectibles, pero no se puede cambiar por capricho un modelo que ha demostrado su relevancia a favor del crecimiento y desarrollo democrático.
Esperamos que la iniciativa que se envié sea una verdaderamente que contenga las propuestas del consenso de la ciudadanía y no solo de uno o tres partidos políticos. El estado mantiene la responsabilidad de ofrecer certidumbre jurídica y social al interior del país para atraer inversiones y destrabar el estancamiento económico que se vivió en los últimos siete años. Todo esto debe partir de la voluntad política de querer hacerlo sin pasar por encima de nadie.
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