<< El personal docente es el primer vínculo institucional entre el menor y el Estado, por lo que su capacitación no es opcional sino una necesidad imperante. señala legislador Wblester Santiago
Wblester Santiago Pineda, legislador federal del PT impulsa una iniciativa para reformar la Ley General de Educación, con la finalidad de que las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, garanticen que el personal docente y directivo reciba capacitación continua, integral y especializada en materia de prevención, detección temprana y atención de acoso escolar y ciberacoso.
También deberán asegurar que el uso de plataformas de juego masivo y redes sociales por parte de los menores se realice en un entorno de seguridad y respeto. El proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 95 y reforma la fracción XIII del artículo 115 de dicho ordenamiento legal, se turnó a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
En su exposición de motivos, el legislador señala que el personal docente es el primer vínculo institucional entre el menor y el Estado, por lo que su capacitación no es opcional sino una necesidad imperante, pues un maestro preparado es el único capaz de identificar dinámicas de exclusión y poder, antes de que se conviertan en agresiones físicas.
Además, puede distinguir entre un conflicto situacional y un patrón de acoso sistemático para actuar bajo protocolos que eviten la revictimización, la indiferencia institucional o la de los padres, y para ser el primero en responder, su capacitación debe enfocarse en la vigilancia constante de la conducta de los alumnos.
Por tanto, la función del maestro trasciende lo académico, pero requiere de un hogar que actúe como espejo de los mismos valores de respeto, porque no se trata de criminalizar a la tecnología, sino recordar que el Estado y la familia deben caminar juntos para proteger la base material y emocional de la niñez, enfatiza.
Agrega que la ley no puede ser omisa ante el ciberacoso que ocurre a través de plataformas y cuyo uso normalmente ocurren fuera del horario escolar, pero que “sus efectos estallan dentro del aula, de tal forma que si los padres no supervisan el entorno digital de sus hijos, el docente se convierte en un contrafuego de desastres en lugar de ser un educador”.
La propuesta resalta que en México el entorno escolar enfrenta un problema creciente derivado del acceso desregulado de juegos virtuales, por lo que plataformas se han convertido en espacios de interacción social donde la supervisión es casi nula.
Considera que este difícil monitoreo por parte de las instituciones y de las familias, obliga a actualizar el marco normativo que, sin llegar a la prohibición absoluta, establezca protocolos de alerta y vigilancia constante para prevenir conductas delictivas o de acoso digital.
Dentro de los principales problemas se encuentra el grooming, donde adultos se hacen pasar por niños o adolescentes en la plataforma para ganar confianza, pedir fotos, videos o información personal, para luego trasladar la conversación a WhatsApp, Discord y otras aplicaciones.
Incluso en México policías cibernéticas de estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y la Ciudad de México han reportado un aumento de casos donde Roblox se usa para contactar y extorsionar a menores (sextorsión), y hasta existen denuncias de contacto para distribución de drogas o directamente para trata, advierte.
Lo anterior revela que el ciberacoso y el bullying se manifiesta dentro de los chats y juegos multijugador, facilitan insultos, exclusión, humillaciones o acoso entre compañeros de escuela, generando conflictos que se trasladan al entorno escolar en peleas, aislamiento y baja autoestima.
Por ello, la presente iniciativa subraya que la educación digital empieza en casa, pues el dispositivo móvil es solo una herramienta educativa no un distractor de la realidad, y los padres de familia tienen la obligación legal de monitorear los entornos virtuales donde sus hijos interactúan, especialmente en juegos que permiten el contacto con desconocidos.