Número cero/EXCELSIOR
El rechazo al intervencionismo marcó la gira nacional de Sheinbaum por su Segundo Informe, mientras Trump elevaba su exigencia de que México recupere control territorial frente a los cárteles, sancionaba una presunta narco red en torno al gobierno de BC y exhibía a Andy López Beltrán por corrupción sin investigaciones formales.
La pregunta ya no es si existe intención injerencista, sino hasta dónde está dispuesto a llegar EU para imponer su política de seguridad al vecino y principal socio comercial. Sus acciones se mueven en una zona gris: entre la amenaza creíble y otras formas de injerencia judicial o política, sin evidencia de una decisión de actuar en suelo mexicano.
A Trump le obsesiona la idea del “alcance corrosivo” del crimen en México —como exhibió la Casa Blanca de los políticos sancionados en BC—, por ello sus amenazas no pueden desecharse. Ante la ONU, calificó al país como el “epicentro” de la violencia de cárteles y consideró “inaceptable” compartir frontera con territorios bajo su control.
Pero México, ante acusaciones como éstas, no ha logrado articular una respuesta y tomar acciones contundentes en función de su interés nacional, no por imposición de EU. La mayor debilidad de la defensa de la soberanía es la endeblez para combatir redes criminales y las complicidades gubernamentales.
Washington ha dicho que podría verse obligado a actuar si México no lo hace, sin precisar medidas, pese a considerar “muy buena” la relación bilateral. El embajador Ron Johnson destacó el trabajo conjunto contra redes criminales y de corrupción, y comparó a ambos países con un matrimonio que debe permanecer unido porque ninguno puede mudarse.
La relación se asemeja a una pareja tóxica, aunque en Washington demócratas y republicanos ven bien los ataques de Trump contra la narcopolítica y eso no cambiará con la elección. EU exige resultados contra la droga y amenaza con actuar contra políticos bajo sospecha mediante expedientes judiciales o filtraciones; al mismo tiempo, profundiza la cooperación con México.
En esa contradicción anida la pregunta de qué se entiende por injerencia. Sheinbaum denunció injerencia en la vida política tras el retiro de la visa de López Beltrán o los expedientes de Rocha Moya y otros 10 funcionarios de Sinaloa; algunos, informantes protegidos. Aun así, insiste en que no hay pruebas contra el hijo de López Obrador ni los demás, lo que debilita su postura.
Sheinbaum responde con la fórmula “cooperación sí, intervención no”. En septiembre desestimó por infundadas versiones sobre una eventual acción estadunidense y recordó los mecanismos de coordinación entre ambas Fuerzas Armadas. Hasta ahora no hay evidencia de que EU haya decidido una operación militar unilateral, aunque ha mostrado disposición a usar la fuerza.
El riesgo para México está en esa zona gris: que la presión política, las operaciones de inteligencia y las amenazas de intervención desplacen los límites de la soberanía, sin una invasión formal. Es la lógica de las guerras híbridas, que combinan la fuerza con tácticas no convencionales para desestabilizar a un Estado sin iniciar un conflicto abierto.
La insistencia de Sheinbaum en el peligro de una intervención refleja el temor del oficialismo a que Washington busque debilitar a su gobierno y propiciar un relevo más afín a sus intereses. En ese escenario habría que distinguir entre presión política e intervención electoral, aunque podrían justificar la injerencia como costo de no atender las prioridades de seguridad de EU.
El desafío para Sheinbaum ya no es sólo evitar una intervención directa, sino impedir que las debilidades internas en el combate a la “narcopolítica” sean el argumento para ampliar la capacidad de decisión de Washington sobre la política interna. El riesgo no desaparecerá con las elecciones en EU y puede ser mayor con un Trump debilitado en el Congreso.
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