Instruye el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a la Procuraduría General de la República (PGR) dé dar a conocer versión pública de las declaraciones ministeriales de Luis Echeverría Álvarez, Luis Gutiérrez Oropeza, Miguel Nazar Haro, Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle y Alonso Aguirre Ramos, contenidas en la Averiguación previa AP PGR/FEMOSPP/02/2002, relacionada con la denominada “Guerra Sucia”.
En comunicado de prensa, el organismo explicó que dicha versión deberá contener únicamente los datos correspondientes al nombre, edad, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, ocupación, trayectoria laboral, CURP, RFC, números telefónicos, religión, instrucción escolar, en su caso, rasgos fisonómicos y todos aquellos que identifiquen o hagan identificables a las personas en su calidad de testigos, víctimas e inculpados.
Al presentar el asunto, el comisionado Joel Salas Suárez, recordó que el Pleno del INAI ha discutido en varias ocasiones recursos de revisión relacionados con la “Guerra Sucia” y las represiones estudiantiles de 1968 y 1971, capítulos oscuros de nuestra historia, en los que se ha coincidido, dijo, en que el derecho de acceso a la información puede ayudarnos a reconstruir la verdad para reparar y no repetir el pasado.
“El derecho de acceso a la información pública permite a la población conocer documentos de nuestra historia para promover la rendición de cuentas, pero también para contribuir a escribir o reescribir la historia política reciente de nuestro país desde distintas perspectivas y con distintas miradas. Sin la información de esos documentos, esto no será posible, entender el pasado para cambiar el presente y redefinir el rumbo del futuro”, enfatizó
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Salas Suárez indicó que una vez que culmine la investigación que involucra las declaraciones ministeriales que solicitó el particular, se debe garantizar que los documentos estén disponibles en el futuro para la población y también para los historiadores que sigan indagando el pasado reciente de nuestro país. Para ello, apuntó, es necesario que exista armonía entre los marcos normativos de acceso a la información, protección de datos y archivos.
“México tiene una deuda con la memoria y ésta sólo podrá ser saldada con los marcos normativos que brinden los insumos para garantizar el derecho a la verdad y la procuración de justicia, es decir, para atajar la impunidad”, remarcó.
En ese sentido, el comisionado señaló que está en discusión una iniciativa de Ley General de Archivos que ha sido ampliamente discutida por especialistas, la cual, manifestó, debe contener previsiones claras para garantizar la conservación y plena consulta de los archivos históricos, así como para fortalecer la independencia y la profesionalización de quienes los gestionan.
“La información pública de los archivos nos ayudará a construir la verdad de hechos como la “Guerra Sucia” y las represiones estudiantiles de 1968 y 1971 de forma plural e incluyente. Es nuestro derecho y la clave para que nunca más sucedan atrocidades en nuestro país. Combatir la impunidad del pasado es combatir la impunidad del presente”, concluyó Joel Salas.
Asimismo, deberá entregar la resolución de su Comité de Transparencia, en la que funde y motive la clasificación de los datos personales de testigos, víctimas e inculpados.