ESTIRA Y AFLOJA
El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer dio línea a sus diputados para que aprueben la iniciativa que dará el control de todas las operaciones portuarias a la Secretaría de Marina, “por la importancia estratégica que tienen” para controlar el contrabando, el tráfico de drogas, la corrupción y otros ilícitos, y que es “exagerado hablar de militarización”.
La sesión legislativa prevista para hoy se pospuso para el miércoles, pero todo apunta a que sí se mal informó al Presidente sea por la Semar o diputados como Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, o Ricardo Exsome, presidente de la Comisión de Infraestructura, quien reconoció ante opositores que esa iniciativa es una “orden del Presidente”, y otros legisladores.
De acuerdo con las cifras de la Semar, del 1 de enero al 4 de diciembre pasado se decomisaron cerca de 43 toneladas de drogas como cocaína, mariguana y cristal, principalmente, en varias regiones del país. El 55.7 por ciento se incautó en territorio continental, sobre todo en Baja California Sur, Chiapas, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
El 37.5 por ciento se obtuvo en el mar o costas nacionales, en especial en Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora; 4.5 por ciento en el interior de un puerto estatal, Puerto Libertad, Sonora, y únicamente 2.3 por ciento en recintos portuarios federales de Altamira, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Tuxpan y Coatzacoalcos. O sea, la necesidad de “controlar” estos ilícitos no está en los recintos portuarios.
Frente al movimiento de carga total, el peso de droga asegurada en Altamira representó 0.00035 por ciento; en Ensenada, 0.00038 por ciento; en Manzanillo, 0.00014 por ciento; en Lázaro Cárdenas, 0.00004 por ciento, y en Tuxpan, 0.00003 por ciento. El total decomisado en estos puertos fue aproximadamente de mil 12 kilos, contra 70 mil 610 millones de kilos de carga movilizada, o sea, apenas 0.00094 por ciento.
La oposición razonada en cartas y mails por dirigentes privados de la actividad portuaria fue constante, y por eso reclaman a la diputada Rocío Barrera su afirmación de que no buscaron el diálogo con el legislativo. Entre los que manifestaron su posición están Jorge Lecona, director general de Hutchison Ports Mexico (el más grande del mundo en el manejo de terminales de contenedores y con mucha presencia en puertos mexicanos); Fernando Ramos, presidente del Consejo Marítimo Portuario; Jaime Aguilar, director general de la Asociación de Terminales y Operadores Portuarios; Ascensión Medina, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, y los dirigentes de 15 instituciones académicas especializadas en cuestiones marítimas.
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