El ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel promovió un cuarto juicio de amparo, en esta ocasión contra la negativa de un juez de control de cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por domiciliaria.
Sus abogados tramitaron el nuevo recurso ante el juzgado segundo de distrito en materia penal en el estado de México, con residencia en Toluca, donde reclamaron a la jueza del control del centro de justicia penal federal en el estado de México, con sede en Almoloya de Juárez (Altiplano), a Alejandra Ramírez de la Vega, la negativa de que el quejoso continuará su proceso legal en su domicilio, luego de ser vinculado junto con otros siete coacusados por los delitos de huachicol ferroviario y delincuencia organizada.
En julio pasado, Ernesto Ruffo promovió y obtuvo una suspensión de plano en un amparo contra presuntos actos de incomunicación y tortura tras su detención.
También inició un juicio contra la orden expresa o implícita de trasladarlo fuera de municipio de Ensenada, Baja California, la retención o exhibición de una orden judicial valida e incomunicación que existe desde su aprehensión.
Tramitó un tercer recurso en otro juzgado del estado de México, contra la omisión de las autoridades judiciales de analizar, debatir y resolver expresa, fundada e individualizadamente la aplicación del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, para que la prisión preventiva se ejecute fuera de un centro penitenciario, pues su defensa argumentó que Ruffo Appel tiene 65 años y presenta padecimientos que requieren tratamiento médico continuo.
Agendan audiencia para el 21 de septiembre
Al respecto, la jueza segundo de distrito en materia penal, Azucena Lazalde Íñiguez, pidió a su homologo y al OAJ que se vincule este último expediente con el suyo por estar relacionado con los actos que reclama el ex gobernador de Baja California.
Además, le otorgó la suspensión provisional mientras se resuelve el fondo del amparo. La impartidora de justicia agendó la audiencia constitucional para el próximo 21 de septiembre donde determinará si le concede la suspensión definitiva.
Para la FGR, Ruffo y sus cómplices diseñaron y ejecutaron un complejo esquema de simulaciones a través de 11 compañías, cuyo objetivo fue la introducción a territorio nacional de 18 millones 225 mil 657 litros de petrolíferos (diésel y gasolina) contenidos en 163 carrotanques, los cuales se advierten de importaciones en condiciones ilícitas, evadiendo contribuciones fiscales y regulaciones en materia aduanera para su posterior disposición en el mercado interno fuera de los canales autorizados.
Como parte de las investigaciones, las autoridades descubrieron 129 carrotanques, de ellos 33 en Ramos Arizpe y 96 en Saltillo, Coahuila, que contenían más de 15 millones de litros de hidrocarburos sin la documentación legal.
Con información del periódico LA JORNADA