NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
Una iniciativa para fijar los lineamientos sobre los derechos de las audiencias, promovida desde un gobierno con control político y a las puertas de una elección intermedia decisiva, ¿qué podría salir mal?
El proyecto de Sheinbaum reabre un debate congelado desde que esos derechos se incorporaron a la Ley de Telecomunicaciones en 2013, pero quedaron suspendidos por una batalla judicial impulsada por concesionarios de radio y TV. Trece años después, el problema es igual: cómo garantizar a las audiencias recibir información veraz y confiable, sin que sea un mecanismo de control político sobre la prensa.
El equilibrio es casi imposible. La relación entre poder y medios es conflictiva. La prensa fiscaliza al poder y éste busca influir en la conversación pública. Cuando alguno concentra demasiado poder, el derecho de la sociedad a un espacio público bien informado termina por desvirtuarse con demagogia, propaganda o publicidad.
Por eso resulta tan delicado que sea el gobierno el que defina los criterios para distinguir entre información y opinión, por ejemplo. No se trata de negar la obligación del Estado de proteger esos derechos, sino de preguntarse si el gobierno puede delimitarlos sin cargar la balanza a su favor.
El rechazo tajante de Sheinbaum a que puedan prestarse a la censura es retórico o cuestión de fe. No convence al gremio y organizaciones civiles la idea de colocar al gobierno como juez de última instancia. Su modelo faculta a la Comisión de Telecomunicaciones a resolver controversias si no se solucionan en la defensoría de la audiencia, que cada medio está obligado a designar, junto con su propio código de ética.
Ahí está el nudo del debate. El riesgo no es sólo la censura abierta, sino la autocensura. Si una autoridad administrativa bajo control político puede dar fallos sobre asuntos editoriales e imponer sanciones económicas con base en conceptos subjetivos, los medios tendrán incentivos para moderar contenidos antes que enfrentarse al regulador. La línea entre garantizar derechos y disciplinar la crítica es tenue.
La paradoja es evidente. Tan peligroso dejar esos derechos sólo a los intereses del mercado y la autorregulación mediática, como permitir que una autoridad dominada por la mayoría política decida qué información circula y en qué condiciones. Aristóteles advertía que la virtud reside en el justo medio: aquí en un punto en que ninguno anule al otro entre el pathos de la imprescindible autocontención del Ejecutivo, el ethos de la credibilidad de los medios y la lógica de las audiencias para rechazar manipulaciones y mentiras de sus líderes políticos.
La preocupación resulta mayor por el contexto. Morena se prepara para unas elecciones intermedias clave para preservar su hegemonía legislativa y territorial. En esas condiciones, cualquier facultad para intervenir sobre los contenidos mediáticos será inevitablemente leída bajo una lógica política, aunque el propósito sea proteger derechos.
Hay otra paradoja. Si mañana cambia la correlación de fuerzas, ese mismo instrumento podría quedar en manos de un gobierno de signo opuesto. Las reglas diseñadas para beneficiar coyunturalmente a una mayoría suelen terminar utilizándose contra quienes las crearon.
La consulta pública puede ser una oportunidad para dibujar fronteras en un momento en que están difuminadas por el choque entre poder y medios los últimos ocho años. Un buen marco de referencia puede ser la jurisprudencia de la Corte sobre los derechos de las audiencias como parte del catálogo de derechos humanos; que puede vulnerarse tanto por un esquema de absoluta autorregulación de las empresas —al que pretendían regresar con una contrarreforma de 2017—, como dar la llave de la verdad al poder político como enseña la actuación de la CNDH.
Y, aun así, el debate llega con una dosis de anacronismo. Mientras la regulación se concentra en radio y TV, la conversación pública migró a plataformas digitales, donde circulan campañas de desinformación, propaganda, manipulación algorítmica y contenidos hechos con IA que escapan a estos lineamientos. El riesgo también es construir un sofisticado sistema de regulación para un ecosistema que ya dejó de ser el principal espacio de formación de opinión pública.
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