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El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados calificó como un desacierto las declaraciones del presidente respecto a que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa no es un crimen de Estado.

“Con esta afirmación, Andrés Manuel contradice lo que ha venido declarando en los últimos años, pero además confirma que sólo ha utilizado este lamentable hecho para legitimarse”, dijo Verónica Juárez Piña, coordinadora de los legisladores del PRD.

La desaparición de los normalistas se configura como crimen de Estado porque estuvieron involucrados agentes del Estado Mexicano, entre ellos policías estatales, policías municipales, y presuntamente también el Ejército Mexicano.

“Y esto va más allá de la responsabilidad personal o no de un presidente de la República. El Estado no es el presidente de la República: el Estado se conforma por todas las instituciones, la población, el territorio. Es un concepto mucho más amplio que la simple voluntad de una persona”, sostuvo Juárez Piña.

“Esto confirma que Andrés Manuel usó la desaparición de los 43 para legitimarse. La creación de la comisión que él decretó no correspondía a la que había sido pedida ni por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) ni por el Poder Judicial de la Federación, que eran comisiones que tenían una conformación específica y que eran ajenas evidentemente al gobierno dada la participación de las instancias del Gobierno Federal en la desaparición de los 43”, precisó.

“Por lo tanto, estas instancias debían tener una autonomía respecto del Poder Ejecutivo, que no se les ha dado. A la luz de esta nueva declaración, no parece un acto de reconciliación, como había sido leído en un principio, sino más bien un acto de legitimación respecto a los movimientos sociales y particularmente frente a las demandas de justicia de los familiares de los 43”, aseveró la diputada.

“La declaración presidencial lastima la justicia, a las víctimas de los acontecimientos ocurridos la madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014 y en general a las víctimas de la violencia que padece desde hace años el país”, lamentó.

Además, advirtió, “deslinda a todas las instancias de gobierno y a la política pública que se está implementando de la responsabilidad moral y social que tienen para con las víctimas y la sociedad en general”.

Lo que está diciendo el presidente es que ahora “como somos los buenos, pues entonces ya no va haber violación a los Derechos Humanos y todo lo que ocurra en ese sentido va a ser consecuencia de la maldad de algunos grupos”.

“El presidente no puede exonerar al Estado Mexicano de este hecho ni de ningún otro ante presuntos crímenes o actos de violación a los derechos humanos. Tiene que ser una instancia autónoma quien determine cuál es el grado de responsabilidad de cada una de las instancias y a final de cuentas la responsabilidad institucional que tiene que asumir el Estado como Estado y el Gobierno Federal como representante del Estado”, indicó.

“Desde el Poder Legislativo, el PRD seguirá llamando a que las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas sigan su curso, que terminen de dilucidar qué es lo que pasó y cuál es su paradero; y no sólo sobre estos sino de los más de 40 mil desaparecidos en el país”, concluyó.