El Equipo Argentino de Antropología Forense aseguró que no hubo incendio en el basurero de Cocula, conforme a las conclusiones a las que llegaron en su dictamen multidisciplinario.
“No se respalda la hipótesis de que hubo fuego de la magnitud requerida y de la duración informada en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 que habría arrojado como resultado la incineración en masa de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa”, señala el informe.
Acompañados por los padres de familia de los jóvenes normalistas y sus abogados, miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense presentaron a detalle el dictamen elaborado durante casi un año sobre el presunto incendio en dicho basurero donde según la versión oficial de la PGR habrían sido incinerados los estudiantes de Ayotzinapa.
Entre sus conclusiones esenciales, el equipo argentino señala que no hay evidencia científica para establecer correspondencia alguna entre los elementos recuperados en el basurero de Cocula y los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Incluso advierten que tampoco hay elementos científicos suficientes para vincular los restos hallados en el basurero de Cocula con aquellos recuperados, según la Procuraduría General de la República, en la bolsa del Río San Juan, de donde proviene la única identificación positiva hasta la fecha de uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora Venancio.
En la presentación del dictamen los peritos Mercedes Doretti y Miguel Niebla precisaron que en su elaboración participó un equipo interdisciplinario integrado por 26 peritos en diversas materias, como antropología, arqueología y criminalística.
Además informaron que el dictamen ya fue entregado formalmente a la Procuraduría General de la República y que incluso reiteraron a las autoridades realizar una junta de peritos para confrontar su dictamen con el realizado por la propia procuraduría.
En tanto, varios padres de familia y abogados insistieron en que la propuesta de la PGR de elaborar un tercer dictamen sobre el basurero de Cocula es innecesario y sólo dispersaría los esfuerzos y recursos para seguir las líneas de investigación propuestas presentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
A su vez, Procuraduría General de la República (PGR) reiteró que el caso Ayotzinapa no está cerrado, que las investigaciones continúan y seguirán hasta que el último responsable sea consignado ante la autoridad judicial.
Reiteró que la prioridad es el derecho de las víctimas y sus familias a la verdad, por lo que se continuará con las reuniones que han venido sosteniéndose con familiares, representantes legales, y el Grupo Interamericano de Expertos Independientes (GIEI) y cuya próxima reunión está programada para el 18 de febrero.
La dependencia recibió hoy, a las 11:42 horas, un documento firmado por tres integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el cual será analizado por el Ministerio Público de la Federación.
Por otra parte, en el marco de la Audiencia Pública realizada el 20 de octubre de 2015 en Washington, con motivo del caso Iguala, el Estado mexicano y el GIEI formalizaron ante el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la realización de un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego.
Entre las características del nuevo estudio está el establecer de común acuerdo los objetivos y las condiciones para llevarlo a cabo, tomar de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos y consensar el modo en que se realizará el estudio.
Estos aspectos se desahogan puntualmente por parte de la PGR y el GIEI, enfatizándose que los peritos que fueron invitados a participar –cuyo panel está en la última etapa de integración conjunta– cuentan con las credenciales profesionales necesarias para llevar a cabo el análisis, señaló la Procuraduría en un comunicado.
Una vez finalizado, dijo, el nuevo estudio de la PGR y el GIEI será puesto a disposición de la autoridad ministerial para que oriente su determinación con elementos que le brinden una opinión conclusiva en torno al suceso de fuego que se investiga en el basurero de Cocula.
Finalmente, el Ministerio Público de la Federación reiteró que este caso no está cerrado; las investigaciones continúan y seguirán hasta que el último responsable sea consignado ante la autoridad judicial.
Destacar que representantes de grupos defensores de derechos humanos y de organizaciones religiosas pidieron al papa Francisco reunirse -durante su visita a México- con víctimas de la violencia, especialmente familiares desaparecidos.
Igualmente le solicitan un pronunciamiento firme acerca de esta problemática .
Pese a que el programa oficial no lo incluye, se mostraron seguros de que el Pontífice modificará su agenda y abrirá un espacio para atender a quienes claman por justicia.
En diciembre pasado, un colectivo integrado por más de 200 organizaciones y personas, entre éstas el obispo Raúl Vera, envió al jefe de la Iglesia católica una carta en la cual puntualizan la «crisis» de derechos humanos, así como la «tragedia y el horror» en el país, derivado de una violencia exacerbada y la omisión o complicidad del Estado.
Ayotzinapa, se indica en la misiva, es la punta del iceberg de nuestra tragedia, pero también de nuestra esperanza.
Le alertan además acerca del «ominoso silencio frente al horror» del Episcopado mexicano.
«Esos poderes inocuos y contrarios a toda ética y a los principios evangélicos intentarán que tu visita sea controlada para que no puedas ver y no sentir cómo la tragedia y el horror han puesto su tienda entre nosotros y nosotras», señalaron los firmantes, en diciembre de 2015.
Al respecto, integrantes de diversos grupos sociales y defensores de derechos humanos le solicitaron nuevamente al Papa una «palabra firme » y «recibir a las víctimas de la violencia».
En conferencia de prensa, Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Victoria» se mostró confiado en que el Papa «no soslayará esta grave situación, que se referirá a ella con toda la fuerza e intensidad que da para un cristiano enfrentarse a una situación como esta».
Consuelo Morales, de Ciudadanos de Apoyo a los Derechos Humanos, premio nacional de derechos humanos, pidió «no echar el paquete al Papa porque él no es mago».
Por ello hizo énfasis en que la tarea es conjunta, contra la impunidad, es de todos los líderes religiosos , «quienes debieran estar en primera fila para exigir alto a la corrupción y a la impunidad».
La mera presencia del Papa es un llamado a la jerarquía para ponerse de cara a dios; a los políticos, enfocarse al bien común, y a los ciudadanos a no dejar que la injusticia siga destrozando familias.
Sin embargo , subrayó que aun en medio de desolación e impunidad se puede abrir la esperanza.
La desaparición de personas, refirió, es la peor violacion a los derechos humanos.