COMPARTIR

Loading

México mantiene un reto importante para el 2022 y es la captación de inversiones que permitan fortalecer los sectores productivos del país y con ello intentar alcanzar un crecimiento cercano al 4.1 por ciento, estimación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), planteado dentro del Paquete Económico para el siguiente año.

Sin embargo, para captar capitales, es necesario establecer las condiciones económicas, fiscales y públicas a favor del establecimiento de más empresas en el país a largo plazo, pero esto al parecer aun no lo entiende la administración federal en turno, tampoco los legisladores de la llamada coalición “Juntos Haremos Historia”, que un día sí y el otro también apoyan las ocurrencias del tabasqueño, aun cuando saben que esas decisiones no llevaran a buen puerto a la economía mexicana.

Entendemos la importancia de la reestructuración financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero al menos a Pemex, durante estos tres primeros años se le han inyectado 20 mil millones dólares para sanear sus finanzas y establecer un nuevo rumbo, a la otrora poderosa, empresa petrolera mexicana, pero esto ha sido infructuoso y los resultados siguen siendo números rojos.

Se informó de la aplicación de 3 mil 500 millones de dólares, para tal efecto, pero se espera que en el Plan de Negocios se tomen decisiones que permitan un mejor rumbo para estos recursos a favor de evitar más números rojos.

En cuanto a la CFE se busca su reestructuración a partir de la reforma constitucional en esta materia, pero todo indica que esta no saldrá el próximo año, derivado del cierre al dialogo por parte de los legisladores de la coalición “Juntos Haremos Historia” durante la aprobación le Paquete Económico para el 2022 y una argumentación técnica y financiera para ser aprobada, mas allá de utilizar términos nacionalistas como la soberanía.

Si a esto le sumamos el Decreto que el Poder Ejecutivo asigno a todas las obras públicas de infraestructura a realizarse “un termino de seguridad nacional”, que implica no dar a conocer los montos para la realización de estas obras y tampoco realizar adjudicaciones publicas, sino que sean directas, esto es un punto que no agrada a muchos inversionistas porque se les cierran elementos de oportunidad.

Estos inversionistas esperan, en su mayoría, que no se apruebe la reforma eléctrica; porque perderían sus contratos ya establecidos, que se mantenga la autonomía del Banco de México con la nueva gobernadora Victoria Rodríguez y que persista la prudencia para no otorgar recursos de las reservas internacionales al gobierno federal, sin ningún motivo fuera de las leyes y normas que rigen al Banco Central que se mantenga la política monetaria adecuada, y que el decreto de López Obrador, se frene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además que el sector exportador sea el motor de la economía aprovechando el T-MEC y las mejores expectativas de Estados Unidos, sin que existan controversias comerciales.

Se ve fácil, y así lo es, si existe la confianza y voluntad política para evitar avasallar a quien no piense igual cerrando el dialogo e imponiendo una mayoría