COMPARTIR

Loading

En conferencia de prensa, este jueves en la Cámara de Diputados, la diputada federal María Elena Pérez-Jaén Zermeño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hizo un enérgico llamado a dos figuras clave para que contribuyan al esclarecimiento de los vínculos entre servidores públicos y el grupo criminal «La Barredora», organización delictiva que ha operado con impunidad en el estado de Tabasco, y zonas de Chiapas y Veracruz.

La legisladora panista exhortó al senador Adán Augusto López Hernández a solicitar licencia a su cargo como legislador, a fin de que pueda colaborar plenamente con las autoridades en las investigaciones sobre su presunta relación con Hernán Bermúdez Requena, identificado como líder de la mencionada organización criminal dedicada a delitos como extorsión, secuestro, homicidio y robo de hidrocarburos. Evidencias documentales, demuestran la cercanía desde 2019, entre el entonces gobernador de Tabasco y Bermúdez, cuando lo nombró como su secretario de Seguridad Pública permaneciendo hasta 2024; estas pruebas incluyen actos notariales realizados por Adán Augusto López Hernández a favor de familiares de Bermúdez Requena cuando ejercía como notario público.

La diputada señaló como inaceptable que, a pesar de las múltiples alertas de inteligencia sobre las actividades criminales de “La Barredora”, López Hernández, durante su gestión como gobernador (2019 – 2021) y secretario de Gobernación (2021-2023), mantuviera en cargos clave a Bermúdez Requena», y que la inacción de las autoridades permitiera la impunidad del grupo criminal, aumentando la violencia en Tabasco. Por lo que exhortó al senador dar un paso al frente y demostrar con hechos su supuesto compromiso con la legalidad.

En este contexto, Pérez-Jaén demandó la comparecencia en audiencia, urgente, del general Audomaro Martínez Zapata, quien se desempeñó como director del Centro Nacional de Inteligencia entre 2018 y 2024, para que rinda cuentas sobre su omisión ante más de treinta informes clasificados, filtrados por el Colectivo Guacamaya, que alertaban sobre la expansión de esta red criminal. Estos documentos revelan que las autoridades federales, incluido el Centro mencionado, tenían conocimiento detallado de las operaciones de «La Barredora» desde 2019, sin que se tomaran acciones efectivas para desarticularla.

Como parte de sus exigencias, la diputada también urgió al Congreso de la Unión a instalar de inmediato la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, mecanismo clave para supervisar el desempeño de las entidades encargadas de combatir al crimen organizado, cuya instalación ha quedado rezagada desde hace 11 meses.

Para la legisladora blanquiazul, el mensaje es claro: “no habrá tolerancia para la opacidad ni para la colusión con grupos criminales. Y exigió acciones concretas para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones”.

Y concluyó diciendo: “El combate al crimen organizado empieza por limpiar las instituciones, y eso comienza aquí, en el Congreso”.