Número cero/ EXCELSIOR
La opacidad puede resultar tan cara como la corrupción en proyectos públicos de infraestructura, cuando se gestionan mal entre las sombras, como deja ver la refinería de Dos Bocas. Su construcción alcanzó la fecha que fijó López Obrador para su conclusión, el 1 de julio –a cuatro años de su triunfo en las urnas–, con una inauguración sin horizonte claro de cuándo entrará en funcionamiento y un sobrecosto que puede duplicar lo presupuestado. Las grandes obras del sexenio caminan entre tinieblas de información y escasas condiciones para la rendición de cuentas.
El acceso a la información pública es un derecho constitucional en el país y la transparencia, un arma anticorrupción, pero han sido sustituidos por el cartabón de la “seguridad nacional” en las obras públicas, sin garantía de que mejore la eficacia y menos que elimine la corrupción. Hasta el término ha caído en desuso en el discurso oficial, que parece considerarlo innecesario, sólo porque las obras no están a cargo de los “neoliberales”.
Sin embargo, su ausencia y la falta de planeación pasa factura a la primera refinería en 43 años, igual que en otras obras emblemáticas del sexenio. Dos Bocas es el símbolo del giro nacionalista de la política energética y un ancla de la promesa de autosuficiencia de combustibles, pero también ejemplo de opacidad. Es cierto que salió en el tiempo récord que exigió el Presidente, aunque la obra no se ha entregado y quién sabe si estará lista para producir gasolina antes de que concluya su cargo. Lo que sí se conoce es que la factura es cara, se calcula su precio final entre 16 mil y 18 mil millones de dólares.
López Obrador cortó el listón, aunque a su sexenio también le faltan más de dos años. Quizá sería más preciso decir que la dio por inaugurada en un acto que cumplía más con el cronograma presidencial que con su finalización a la vieja usanza de los actos políticos de exaltación presidencial. Es decir, la presentación una acción haciendo que parezca real, pero sin explicar los motivos del retraso o de las desviaciones en el plan de trabajo.
La rendición de cuentas no estuvo en el guion, menos reconocer que la falta de transparencia juega en contra de la confianza en la capacidad de ejecución, aunque trate de justificarse, paradójicamente, en la eficacia y evitar la corrupción. Los planes de trabajo de las mayores obras del sexenio son un “talón de Aquiles” de la gestión 4T, entre otras razones, por carecer de toda la información necesaria para ejecutarlas y cumplir los plazos requeridos. Ello por dos motivos. En primer lugar, la necesidad política a la que se supedita la urgencia de arrancar sin planes de trabajo completos, por ejemplo, el plan de negocio en el caso de la refinería o las manifestaciones de impacto ambiental del Tren Maya.
Y en segundo lugar, porque la decisión del gobierno de declarar las obras de seguridad nacional ha derivado en un terreno de discrecionalidad para su ejecución y debilitado los controles para la supervisión de su avance físico y financiero que, por ejemplo, en Dos Bocas recae en Hacienda. ¿Cuáles son las explicaciones de que el costo se duplique desde los 8 mil millones de dólares presupuestados, cuándo comenzará a refinar 340 mil barriles diarios de gasolina prometidos y cómo se recuperará esa inversión?, son preguntas que no es necesario responder porque nadie parece obligado a ello.
Esto es debido a que la información relativa a contratos, licitaciones, permisos o dictámenes se puede guardar en el fondo del cajón de información reservada desde que, en 2021, el gobierno clasificó todas estas obras como asuntos de “seguridad nacional”, sin acceso de la ciudadanía a ella. ¿Cómo evaluar o examinar la ejecución del proyecto? La justificación oficial de la opacidad apela a eliminar trabas administrativas que retardan las licitaciones y se prestan a la corrupción, pero lo cierto es que eso no ha impedido su retraso ni el sobrecosto.
Las razones de cerrar la transparencia entonces tienen más que ver con el control político de la información para obstaculizar su supervisión y rendición de cuentas. No hay gobierno sin oposición que no critique o descalifique las obras de una administración, pero eso no justifica las reservas de información para evitar el “golpeteo” político. Algo que, por cierto, la opacidad tampoco conjura.