En el catálogo de las justificaciones para imponer disposiciones tomadas de antemano en el camino infalible de la legislación dominada y graciosamente edulcorada antes de su segura aplicación (iniciativa del gobierno; mayoría absoluta del gobierno en los congresos, aplicación gubernamental, recursos de apelación también en manos del régimen), destaca la consulta con todo y su absurdo procedimiento: no se solicita la opinión de nadie para hacer las leyes sino después.
Se discute la aplicación de los ucases –a posteriori– frente a hechos consumados como un burlón ejercicio de participación plural para retocarlas mínimamente con un maquillaje superficial cuya intensidad no toca lo esencial: aplicarlas para dominar –por un lado– y evitar, por el otro.
Dominar los medios y evitar el contenido desagradable o inconveniente.
Los señalamientos, críticas, análisis adversos y quejas durante el proceso son vistos con la serenidad de quien soporta un chubasco con el paraguas abierto sin salir del balcón. Ya pasarán. Si llueve no me mojo.
¿Para quién es benéfico todo este cuento de las audiencias y demás?
Para el sistema, para la ideología dominante del dogma transformador y el avance de la propaganda como lenguaje favorito del régimen cuya abundancia nadie controla porque es monopolio suyo, porque le pertenece y le sirve.
En ese sentido se deben separar –hasta ahora– los medios por su naturaleza.
La Radio y la TV; la maquinaria de comunicación cuyos integrantes se agrupan en la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión –a veces infructuosamente–, para ser representados ante un órgano legal de control, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones cuya autonomía desapareció (y con ella su autoridad moral) hace ya muchas lunas. Hoy es un apéndice de la Secretaría de Infraestructura y etc., etc…
En ese sentido –como en el poema de Ernesto Cardenal sobre Somoza en la inauguración de un parque llamado Somoza en una ciudad también nombrada Somoza–, el gobierno propone a su conveniencia, legisla con su partido; promulga, aplica y consulta las acciones del mismo gobierno; regula con su comisión y después se felicita ante el espejo.
Los medios impresos definidos tautológicamente como prensa escrita –por otra parte–, no dependen de una concesión sino de una garantía constitucional. Al menos en teoría porque ya recibieron el aviso.
“(Proceso). – La presidenta Claudia Sheinbaum podría incluir a medios impresos en la vigilancia y posibles sanciones derivadas del llamado “derecho de audiencias”, incluido en la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
“Le preguntaba ahora a Pepe Merino (28.07.26) por que, por ejemplo, la prensa escrita no está incorporada en este proceso. Tendría, en todo caso, que revisarse si es necesario o no”, dijo en la conferencia mañanera.
“Añadió que podrían incluir a las plataformas, que tampoco están en la regulación, lo cual también se ha puesto a discusión de la sociedad en la consulta pública que durará 20 días, del 27 de julio al 21 de agosto”.
“Luego de este proceso se definirán los lineamientos relacionados con “el derecho a la información”.
Pero todo se condimenta y sazona con la maternal actitud de plantear una consulta.
¿Con qué objeto, si nada va a cambiar?
Recabar las inconformidades, pero para atenderlas, para catalogar lealtades, fidelidades y antagonismos.
El caso ahora bajo discusión durante los próximos 18 días por lo menos, es un ejemplo de todo lo anterior. Los medios han sido incómodos desde su origen (excepto los declaradamente suyos) para este proceso político de autodenominada transformación.
¿O ya olvidamos la animadversión del fundador de esta iglesia, con su queja permanente de un “cerco mediático” con todo y los video escándalos cuya difusión (circo mediático) exhibió la calidad moral e ilegal de su financiamiento? Tampoco se pueden olvidar los recurrentes ataques desde el púlpito mañanero en contra de periodistas incómodos, alguno de los cuales recurrió a la justicia hasta lograr un amparo para que el ex presidente cesara de nombrarlo, recurso imposible ahora con un Poder Judicial dominado por el gobierno.
Las consultas en ese sentido son nada más simulaciones para amortiguar momentáneamente el impacto de las decisiones ya tomadas y larvadas pacientemente a lo largo de los años. Son recursos políticos.
Quien quiera participar de manera testimonial –-cuando mucho— lo hará sólo en beneficio de su autoestima o su conciencia. Sus puntos de vista quedarán debidamente guardados en un archivero con la lista de los réprobos y herejes. Quien no quiera participar será señalado como reaccionario enemigo de la democracia participativa. De todos modos, Juan te llamas.
El sólo anuncio del arranque formal de estos procedimientos generó desde ya muchas opiniones. Casi todas adversas, pero no todas. Entre las favorables cito esta. Una verdadera joya de la cofradía cuatrotera (no cuatrera):
“…De “dictadura” hablan quienes llevan décadas monopolizando los espacios más importantes en los medios de comunicación, cerrando el paso a quien se ve, habla, piensa distinto e imponiendo a la sociedad sus dichos como si fueran verdades absolutas.
“De un “atentado contra la libertad de expresión” se quejan los mismos que avalaron fraudes electorales, callaron ante crímenes atroces y se han dedicado a destruir vidas y honras impunemente negando a quienes agravian el derecho de réplica…”, dice Epigmenio Ibarra. Bien.
Pero otros con menos truculencia dicen lo contrario o no participan de esta justificación:
“…La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) advirtió que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias representan un riesgo de una regresión democrática y un atentado a la libertad de expresión.
“Entendemos que la posición de la CRT no es censurar, pero hay temas preocupantes que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, tendrían que corregirse o definirse con pulcritud”, señaló.
“Uno de los principales motivos de preocupación, expuso la CIRT, se centra en las sanciones. Los lineamientos establecen que, por cada supuesta “falta” informativa, se imponga una multa de hasta el 1 por ciento de los ingresos anuales acumulados del concesionario o programador.
Por ahora todo está contenido en el Derecho de las Audiencias, como si estas fueran algo homogéneo cuyos intereses fueran idénticos. Para garantizar esos derechos (de reciente y políticamente correcta invención, por otra parte) se exigen códigos de ética (ya existentes), se convoca a “denunciantes anónimos” (sicarios mediáticos del propio régimen); defensores de oficio (ofidio); recomendaciones por incumplimiento ante quejas de indefinido fundamento y multas con advertencia al futuro.
El gobierno ya ha puesto sus cartas sobre la mesa. Obviamente todas están marcadas. No hay posibilidad de un juego democrático porque el tema mismo, planteado de esta manera, resulta poco democrático.
No es para garantizar derechos, es para usarlos como escudo ante la intervención de los pocos espacios aún fuera de su dominio total, no importa si a diario advertimos una televisión y una radio cientos de veces autocensuradas como protección de los intereses paralelos de los concesionarios.
Como los borrachos, la industria no traga lumbre.
Y en el sendero del análisis especializado, también hay advertencias:
Leopoldo Maldonado, de Artículo 19 ha dicho:
“…El tema es que estos lineamientos van más allá y establecen la posibilidad de que se sancione por falta de información objetiva, por falta de información veraz, por mezclar opiniones con información y no señalar que cuál es la opinión y cuál es la información, y una serie de cuestiones muy vagas, muy ambiguas que dan pie para que el gobierno imponga nueva sanción, o sea, imponga sanciones adicionales a las que establece la ley, pero además quien las va a aplicar es el propio gobierno”.
Muchos preferirán la docilidad y aumentarán sus precauciones en un escenario de cómoda autocensura, antes de verse colocados en la picota o más allá.
Norma Solano, cabeza de la CRT, dijo ayer en una entrevista radiofónica (la aplicación de los lineamientos) “retoma su contenido de la Ley en Telecomunicaciones de Radio y Televisión, no se crean nuevos derechos, y no solo tiene que ver con recibir información veraz, o información noticiosa”.
Obviamente. Tiene que ver con la expansión del control gubernamental sobre los ciudadanos.
Pero de eso se trata precisamente.
El poder no consiste en matar a alguien; consiste en que ese alguien crea que lo pueden matar. No se quien lo dijo.
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