Al participar en la puesta en marcha del centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, el magistrado presidente celebró que el Poder Judicial de la Federación amplíe las vías de solución de conflictos
En una sociedad democrática, el conflicto es expresión de la pluralidad; sin embargo, para evitar que el desacuerdo derive en arbitrariedad, es indispensable contar con instituciones capaces de procesar las diferencias con base en reglas y procedimientos legales y confiables, afirmó el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García.
Bátiz García sostuvo que lo que amenaza la convivencia pública es la ausencia de cauces para procesar el conflicto, por lo que el compromiso del Poder Judicial de la Federación (PJF) es procurar que toda solución —provenga de una sentencia o de un acuerdo legítimo— proteja derechos y fortalezca la confianza pública en las instituciones del país.
“La justicia electoral mexicana ha sido ejemplo de esta función institucional. Valga aquí la referencia que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante las últimas tres décadas; ha demostrado que los conflictos derivados de una competencia política se pueden resolver sí, mediante razones jurídicas y no mediante una confrontación donde no existan reglas”, enfatizó.
En su discurso, al participar en el evento de inicio de prestación de servicios de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el PJF, Bátiz destacó que, al procesar las diferencias conforme a la Constitución, el TEPJF ha contribuido a la gobernabilidad democrática, a la paz social y a la confianza ciudadana en las instituciones.
“En este sentido, Gobernabilidad no significa silencio, ni mucho menos, significa generar unanimidad. Significa que incluso los conflictos más intensos, más vivenciales en nuestras comunidades, puedan ser captados, como lo referíamos, dentro de las instituciones. La paz social tampoco supone la ausencia de estas decisiones, sino la certeza de que existen reglas y que existen autoridades capaces de impedir que estos desacuerdos derivan siempre en una arbitrariedad”, puntualizó.
El magistrado presidente refirió que, con el Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que hoy inicia operaciones, el PJF amplía esa concepción de la justicia, al incorporar una herramienta que complementa la función jurisdiccional y abre nuevas vías para alcanzar soluciones jurídicamente válidas.
“Los mecanismos alternativos no deben ser entendidos como una justicia secundaria ni deben reducirse a una estrategia para disminuir cargas de trabajo. Su valor es otro: ofrecer a cada conflicto el cauce que corresponde a su naturaleza. Eso exige distinguir con rigor. No todos los conflictos admiten mediación. No todos los derechos pueden negociarse”, indicó.
En su oportunidad, el presidente de la SCJN expresó que el citado centro de solución de controversias será un aliciente para un gran número de ciudadanos y ciudadanas que no tienen la posibilidad de contratar un abogado, ni los recursos para sostener un juicio que puede prolongarse por años.
A su vez, el titular del OAJ manifestó que el éxito de este esfuerzo dependerá de la preparación, sensibilidad y profesionalismo de quienes tendrán la responsabilidad de conducir dichos procedimientos, donde la confianza de la ciudadanía se depositará a partir de la imparcialidad, la ética, la confidencialidad y el profundo respeto por la voluntad de las personas que decidan acudir a dichos servicios.
Por su parte, la titular del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del PJF afirmó que el inicio de operaciones de este espacio representa un cambio de paradigma en acceso a la justicia, pues permitirá resolver conflictos sin recurrir exclusivamente al litigio.