Ya no son casos aislados. Existe un patrón claramente establecido que un grupo de gobernadores, alcaldes y legisladores de Morena siguen para censurar y perseguir periodistas, medios de comunicación y hasta ciudadanos que los incomodan, que los exhiben o critican cuando ejercen su libertad de expresión.
Usan las Fiscalías como “garrote” y, bajo el argumento de que “para la ley todos somos iguales”, este grupo, que se parece más a un Clan del Terror-ismo por sus acciones, recurre a la fuerza pública y jueces para intimidar, detener, encarcelar, neutralizar e inhibir a comunicadores y ciudadanos.
Para ellos no hay terrorismo cuando explota un coche bomba (Michoacán) o minas terrestres; cuando el crimen organizado ataca con drones artillados o armamento de uso exclusivo militar diseñado para el campo de batalla en guerras.
No. Para ellos hay terrorismo en el ejercicio periodístico.
Y ese es el delito que se le imputa al reportero independiente de nota roja Rafael León Segovia, conocido como “Lafita León”, detenido y encarcelado el pasado 24 de diciembre en Coatzacoalcos, Veracruz, entidad gobernada por la morenista Rocío Nahle, quien ha tenido ríspidas confrontaciones con la prensa.
Un juez calificó legal la detención y le dictó prisión preventiva oficiosa. El caso llegó a Palacio Nacional y la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido públicamente que la Fiscalía de Veracruz explique porqué se le imputó al comunicador el delito de terrorismo.
“No sé por qué la Fiscalía usa el delito de terrorismo y en todo caso tendría que explicarlo la Fiscalía de Veracruz; porque no ha habido una acusación por terrorismo en México… yo creo que nunca”, expresó en su conferencia matutina.
Otro caso en el que se sigue un patrón de represión y censura es el del periodista Jorge Luis González Valdez, de 72 años de edad y quien ha sido perseguido judicialmente por Layda Sansores, gobernadora morenista de Campeche, por publicaciones críticas en el sitio web Tribuna que la mandataria considera «incitación al odio y violencia de género».
González Valdez fue detenido con violencia por parte de policías estatales y vinculado a proceso. Le prohibieron ejercer el periodismo por dos años, cerrar su portal y pagar una multa. Enfrentó el riesgo de perder hasta su casa.
Las sanciones se reconsideraron pero, échense este trompo a la uña, le asignaron un “censurador” o “interventor” del Tribunal Superior de Justicia de Campeche; sí, alguien que revisara y autorizara sus publicaciones sobre Sansores.
Hay más. En una reciente publicación, el portal Animal Político difundió que el periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez, director del periódico digital e-consulta, también es objeto de acoso judicial. “La Fiscalía de Puebla a la que investigó le imputa lavado de dinero”, tituló.
Refiere que se abrió y reactivó un proceso judicial en su contra tras publicar información sobre los gobiernos morenistas de Miguel Barbosa Huerta (fallecido) y Alejandro Armenta Mier (actual gobernador), así como de la Fiscalía estatal por presuntas redes de extorsión y corrupción.
Los casos de Veracruz, Campeche y Puebla en los que se ha criminalizado el ejercicio periodístico, se inscriben en un terrible escenario en el que decenas de comunicadores han sido objeto de acoso judicial y estrategias represivas desde el poder.
El pasado agosto de 2025, la organización ARTICLE 19 México y Centroamérica convocó a revisar los marcos normativos que están siendo utilizados como herramientas de censura en México.
En su reporte Las Leyes como Mecanismo de Censura exige a las autoridades abstenerse de hostigar a la prensa mediante vías electorales, civiles, penales o administrativas.
Refirió que este año documentó un preocupante aumento sostenido del acoso judicial contra periodistas. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, se registraron 51 casos. En total, 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra.
“Esto equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días, en promedio. Este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información”, advirtió.
La violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas. Ahora se traslada a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos o electorales.
Preocupa especialmente el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, figura que se ha convertido en un instrumento para inhibir el debate público, llegando incluso a eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder.
A nivel nacional, ARTICLE 19 da cuenta sobre agresiones contra periodistas y medios de comunicación en todos los estados del país.
Este escenario es un trompo que gira con punta afilada y una pirinola que cuando se detiene indica que todos pierden… incluso quien ejerce la censura a la libertad de expresión.
Tren Interoceánico: ¿error humano o corrupción?
Y vaya que está cerrando 2025 con intensidad y una tragedia. Una de las obras insignia del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el Tren Interoceánico, se descarriló el domingo 28 de diciembre a la altura de la comunidad de Nizanda, municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.
Viajaban 241 pasajeros y 9 tripulantes. Murieron 13 personas, 98 resultaron lesionadas y se tenía conocimiento de 5 muy graves.
La máquina principal se salió de las vías y cayó a una pendiente, causando el descarrilamiento de varios vagones. Testimonios de pasajeros indican que el tren “venía muy fuerte”.
La Secretaría de Marina, que opera el Corredor Interoceánico, coordinó el rescate y la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del trágico suceso.
Pues ya veremos hasta dónde llegan las investigaciones sobre la tragedia del Tren Interoceánico, un proyecto en el que Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo de AMLO, tuvo una “participación honorífica”.
La desgracia ha provocado una cascada de críticas, acusaciones y confrontaciones verbales entre opositores al régimen de la 4T y propagandistas del obradorato.
Mientras en redes sociales los voceros y corifeos aporreaban las teclas para minimizar la tragedia y defender a los López, en X se republicaron audios en el que se escucha a Pedro Salazar Beltrán, Amílcar Olán y Luis Alberto Olán, amigos de los hijos de AMLO, hablar sobre “moches” en el suministro de balasto y rehabilitación de vías tanto en el Tren Maya como en el Interoceánico, con lo que presuntamente obtuvieron miles de millones de pesos.
“Ya cuando se descarrile el tren ya va a ser otro pedo”, ironizaron con todo su cinismo.
Una investigación del periodista y académico Jorge García Orozco, difundido por EME EQUIS, indica que la Auditoría Superior de la Federación identificó posibles daños a la Hacienda Pública Federal por un monto total de 33 millones 585 mil 934 pesos en el proyecto de rehabilitación de la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec desde el año 2020 y en otra auditoría del 2023.
Indica que los informes de la Cuenta Pública revelan un posible daño al erario por anomalías que incluyen obras fantasma, anticipos sin ejecutar, rieles más caros que nunca se colocaron, personal inexistente y contratos inflados.
Rebelión en la SEP
Hay otro trompo que gira con enorme fuerza y es al interior de la Secretaría de Educación Pública que preside Mario Delgado.
Resulta que el ideólogo de los impugnados y muy cuestionados libros de texto gratuitos, Max Arriaga, ha convocado a una rebelión en la SEP no sólo para refundarla y frenar la privatización de la educación que, asegura, continua bajo la gestión de Delgado, si no para defender el legado del modelo educativo que impulsó el ex presidente López Obrador durante su sexenio.
Para lograr sus objetivos, el polémico director general de Materiales Educativos de la SEP, alineado con la izquierda radical y el obradorismo, lanzó desde su cuenta de X una convocatoria a “todas las almas insurgentes” para que a partir del 1 de enero de 2026 se constituyan Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y de los Libros de Texto Gratuitos.
Como respuesta, el titular de la SEP aseguró, desde su cuenta de X, que “este 2025 reafirmamos que la educación pública es el corazón del segundo piso de la transformación”.
Sostiene que con la presidenta Sheinbaum “seguimos trabajando juntas y juntos por una educación con justicia social, bienestar y futuro”.
Pero ya hay voces desde la oposición e incluso al interior de la Secretaría que piden a Delgado la destitución de Max o que aguante el alacrán en la espalda.
Grietas en la alianza
En nuestra entrega pasada de Trompos y Pirinolas cuestionamos sobre varios escenarios en torno a la aprobación de la llamada “Ley Esposa” que garantizaría que la senadora Ruth Miriam González (PVEM), cónyuge de Ricardo Gallardo Cardona, actual gobernador de San Luis Potosí, sea postulada como candidata a la gubernatura en 2027.
Sheinbaum considera que no es necesaria para garantizar la paridad de género y la lideresa de Morena, Luisa María Alcalde, anunció que será impugnada, por inconstitucional, ante la Suprema Corte de Justicia.
En ese contexto se asoma una grieta entre Morena y su aliado el Partido Verde que podría rechinar en Nuevo León donde, según informó el senador Manuel Velasco, los verdes postularán al senador Waldo Fernández como su candidato propio al gobierno del estado.
Pero la fractura se ve aún más grande. Los verdes nunca dan paso sin huarache y se advierte que el PVEM tampoco está a favor de una reforma electoral – como la que perfila Palacio Nacional- que reduzca dinero a los partidos políticos y desaparezca plurinominales. ¡Pues de eso viven!
Oiga ¿y usted cree que el Verde y el otro aliado, el PT, puedan vivir sin la ubre morenista? ¿O Morena sin sus partidos satélite?
Hace 32 años
El próximo 1 de enero de 2026 se cumplen 32 años del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En su Primera Declaración de la Selva Lacandona expusieron sus demandas, entre ellas, Derechos Indígenas, Justicia Social Básica; Oposición al Neoliberalismo y Rechazo al Mal Gobierno.
Como resultados de los diálogos entre el gobierno federal y el EZLN fueron firmados los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, pero ni los presidentes surgidos del PAN ni el de Morena dieron respuesta a los acuerdos que permanecen incumplidos en su esencia.
Y GRACIAS a Línea Política por permitirme un espacio para difundir, para comunicar y opinar. Que tengan un excelente fin de año y que el próximo sea mejor todavía.
Aquí seguimos girando los Trompos y Pirinolas.
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