NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El presidente López Obrador sostiene a Gertz a pesar de la suma de escándalos que involucran al primer fiscal general autónomo en la historia del país y, con ello, envía un pésimo mensaje de impunidad. Arguye que su remoción por la filtración de la grabación de una conversación suya es una postura política y el caso debe resolverse por la ley. Al contrario, el gran impacto público de la defensa del fiscal lo convierte en un asunto político que cierra el paso a la justicia.
El affaire Gertz ha dado la razón a las críticas en el origen de la Fiscalía en 2019 por la falta de reformas constitucionales que limitaran la influencia del Ejecutivo en la designación y remoción del fiscal. En efecto, su permanencia está en la órbita del Ejecutivo y dependerá del tono al que eleve sus disputas personales con la Corte o figuras cercanas al Presidente, como Julio Scherer, más que por el interés público de la institución que encabeza.
La boca del fiscal no deja dudas de la connotación política del caso por tratar de salir al paso del escándalo como víctima del “linchamiento” mediático. No hay más que atender su respuesta sobre la divulgación de una grabación que, aunque ilegal, es de interés público. En su contenido delata su pretensión de intervenir en el juicio de amparo que la Corte deberá resolver sobre el encarcelamiento de un familiar político suyo que él acusa de la muerte de su hermano.
El escalamiento del caso es grave para el gobierno porque lo asocia a pugnas intestinas. Su defensa como víctima de grupos de interés no ha hecho más que ahondar el cariz político con su denuncia de “extorsión mediática criminal” y apuntar a cuatro abogados que investiga cercanos al entorno del exconsejero jurídico de la Presidencia. Su aseveración no sólo es política, sino que la carga de sus palabras apunta a algo todavía mayor, como los cortocircuitos en la geografía política, precisamente, al interior del poder.
Curiosamente, López Obrador ha puesto fecha para que este asunto se resuelva tras de que la ley decida la situación de Alejandra Cuevas. La Corte está en un trance difícil por el costo de un fallo que convalidara un acuerdo o presiones para mantenerla en la cárcel. Aunque tampoco un resultado contrario borraría otras acusaciones que envuelven al fiscal, como el uso de recursos del Estado para litigar un caso personal ni las de triangulación de millones de dólares a través de la UDLA a paraísos fiscales. Menos aún, atribuir la filtración de las grabaciones a los abogados, cuando la propia Fiscalía será juez y parte en la investigación de ese delito de espionaje.
El desenlace de la ruta legal puede abrir el terreno político para procesar su destitución, aunque mucho dependerá del lugar al que lleve su pugna personal. El citatorio del Senado para llamar a rendir cuentas al fiscal puede respaldar una intervención del Presidente y desmarcarlo de una reacción negativa de Gertz que desboque el escándalo mediático. Puede ser una manera de cercar a un fiscal que, como enseñan sus respuestas, se ve acorralado y cuenta con armas para defenderse con delicados expedientes y averiguaciones en su poder.
En su propio laberinto, el fiscal se ha colocado en ruta de colisión con otros poderes e incluso con Palacio Nacional, que, hasta ahora, lo ha sostenido a un alto costo político. Que puede ser mucho mayor por la sospecha de un pacto de impunidad si, desprovisto de prestigio y credibilidad, se aferra al cargo como víctima de extorsión política en su contra. El caso es, eminentemente, político porque su permanencia simboliza el fracaso de la autonomía de la Fiscalía como la mayor apuesta por la justicia de este gobierno. Así como también es político porque su salida obligaría al Presidente a acordar con la oposición el nombramiento de un nuevo fiscal.
La gestión de Gertz ha dado la razón a las críticas con que nació la Fiscalía por la falta de reformas constitucionales que aseguraran su autonomía. La urgencia de poner en marcha un nuevo modelo tras dos años de fuerte presión política y de la sociedad civil muestra sus carencias para combatir la crisis de impunidad. Uno de los fenómenos más graves que azota al país y del que el propio fiscal aparece como el primer beneficiado.