La atención donde se ha centrado la mayor parte de la iniciativa de reforma constitucional enviada por Andrés Manuel López Obrador solo ha quedado en una aprobación o no de ella.
Sin embargo, poco se ha hablado del costo de aprobarse, porque este será demasiado elevado y tendrá que ser cubierto por diversos sectores de la economía, principalmente por el consumidor final, sea a través de un pago mayor por el energético e incremento en productos finales o la utilización de mayores recursos públicos, que previenen de los impuestos que paga el consumidor para seguir inyectando subsidios.
En el primer caso, sería inevitable que la CFE eleve el precio del energético para poder obtener recursos que permitan ampliar su red de producción y distribución del energético, que pasará del 38 por ciento, que hasta el momento produce, al 54 por ciento, piso de energía que creará y distribuirá la empresa estatal.
Además, las empresas tendrían que reflejar los mayores costos de la energía eléctrica a sus productos y servicios, o reducirán el uso del energético lo que significará menor producción, cierre de fuentes de empleos y por supuesto mayor desempleo.
En tanto el gobierno federal, de no alcanzar a cubrir los costos del energético, tendrá que realizar nuevamente recortes en sectores como seguridad, educación, salud y otros sectores como el campo, lo que deteriorará los servicios públicos con un elevado costo social en algunas regiones del país, limitando su crecimiento económico.
Recordemos que, durante años, municipios del país adquirieron una deuda con la CFE y esta persiste aun en muchos de ellos, colocando a los alcaldes en la disyuntiva de hacer frente a la deuda o dejar de aportar los servicios públicos necesarios.
Hay que tomar en cuenta que la actual estrategia, de permitir la generación de energía entre el sector privado que se ha seguido en las pasadas décadas fue una decisión tomada ante el colapso económico del país después de las administraciones de Echeverría y López Portillo.
El gasto público era muy elevado en esos años debidos, entre otras razones, a las pérdidas sufridas por las empresas propiedad del gobierno, propiciando un déficit anual superior al 10 por ciento del PIB y su consecuente impacto en la deuda pública.
En el año de 1982 el gobierno se vio imposibilitado a incumplir con el servicio de su deuda, con lo que se cerró el acceso a nuevos financiamientos y se tuvieron una serie de devaluaciones del peso e incluso control de cambios.
Las empresas también se vieron imposibilitadas para cumplir con el pago de sus deudas, con lo que se tuvo un colapso de la economía nacional.
Los diversos cambios establecidos en la estrategia económica del país se orientaron hacia el mercado exterior, que permitió signar acuerdos, asociaciones y tratados comerciales, que a su vez abrió una mayor competencia comercial, obligando a los fabricantes nacionales a competir o perecer. Por lo mismo se vieron obligados a ser más competitivos, a elevar su productividad, a bajar sus costos y a mejorar sus servicios y su calidad.
Esto también redituó en que México destaque en muy diversos sectores por ser muy competitivo en ramas manufactureras, siendo un exportador relevante en numerosos sectores. Esto ha logrado mejorar las plantas industriales, dar capacitación a los trabajadores y empleados, crear mejores sistemas y medios de transporte y comunicaciones, eliminar monopolios, formar un sector financiero de vanguardia, importar bienes intermedios y materias primas de todas partes del mundo, entre otras cosas más.
Es cierto que aún falta mucho para lograr una economía más competitiva y con crecimientos reales, que aún faltan avances como elevar los niveles educativos de toda la población, eliminar los diversos monopolios que subsisten, tanto públicos como privados, mejorar el funcionamiento de diversos mercados, hacer más eficiente y mejor la seguridad en el país y bajar los impuestos a las empresas, que son elevados en comparación a nuestros socios comerciales.
Un elemento muy importante ha sido poder contar con un mejor servicio de electricidad a precios competitivos, ya sea proporcionado por CFE o por empresas privadas.
De regresar al incremento de los precios de este energético podría ser contrario a lo alcanzado hasta ahora perjudicando a las empresas nacionales, lo que reduciría el crecimiento económico en los siguientes años o décadas.
La alternativa de elevar los subsidios públicos crearía una gran incertidumbre a las empresas en cuanto a su operación, por lo que se reduciría la inversión perjudicando la creación de empleos que tanto requiere el país.