Un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en colaboración con la organización Fedesarrollo, destaca que México, como otros países de América Latina y el Caribe, enfrenta un impacto económico significativo derivado del crimen y la violencia. Según el estudio, los costos directos de la criminalidad representan un 3.44% del Producto Interno Bruto (PIB) de México, un porcentaje alarmante que está en línea con el promedio de los países de la región y que, en términos de recursos, equivale al 78% del presupuesto educativo del país. Esta situación resalta el costo que impone el crimen en las oportunidades de crecimiento y bienestar, ya que obliga a México a asignar importantes recursos a combatir la violencia en lugar de destinarlos a sectores como educación, salud o infraestructura.
El impacto del crimen en México es una realidad cotidiana que no solo afecta la seguridad pública, sino que tiene consecuencias profundas en el desarrollo social y económico del país. Para dimensionar esta carga, el estudio considera tres áreas de costos directos: el gasto en capital humano perdido, los gastos del sector público en justicia y seguridad, y el gasto privado en medidas preventivas. De estos tres elementos, el BID estima que el costo en capital humano representa el 0.76% del PIB de México, un cálculo que abarca las pérdidas económicas relacionadas con la muerte o lesión de personas debido a la violencia. Los gastos en el sector público ascienden al 1.08% del PIB y reflejan el presupuesto que el gobierno destina a servicios de seguridad y justicia, mientras que el sector privado gasta otro 1.6% del PIB en medidas preventivas, como sistemas de seguridad, personal de vigilancia y seguros contra delitos.
Metodología para comprender el impacto económico
Para calcular estos costos, el BID utiliza un enfoque contable que clasifica los gastos derivados del crimen en términos de “costos directos”, aquellos que pueden cuantificarse con relativa precisión. La metodología empleada considera que estos costos se dividen en gastos por “anticipación” al delito, costos ocasionados directamente por su “ocurrencia”, y costos generados como “respuesta” al delito. Esta clasificación permite evaluar de forma integral cómo el crimen no solo afecta a las víctimas directas, sino que también genera un impacto sistémico que se traduce en gasto público y privado, afectando la productividad del país y condicionando decisiones económicas tanto de personas como de empresas.
La estimación del costo en capital humano, por ejemplo, toma en cuenta la pérdida de productividad de las víctimas de homicidios y otros delitos violentos. Este cálculo se realiza considerando el PIB per cápita de cada persona y la esperanza de vida. Si una persona fallece debido a un acto de violencia a los 30 años, el estudio calcula la productividad que habría generado hasta el final de su vida laboral, descontada a valor presente. De esta manera, el informe pone en perspectiva la pérdida de potencial económico que sufre el país al enfrentar altas tasas de violencia.
En cuanto a los costos para el sector público, la metodología incluye el gasto destinado a mantener el sistema de justicia y seguridad, que abarca desde patrullaje hasta infraestructura penitenciaria. Por su parte, el sector privado absorbe también una carga importante debido al gasto en seguridad preventiva. Las empresas y los hogares invierten en sistemas de seguridad, servicios de vigilancia y seguros, un gasto que podría destinarse a otras inversiones productivas o al consumo si el crimen fuera menor.
Además de los costos directos, el estudio destaca los “costos indirectos” del crimen, que, aunque difíciles de cuantificar, incluyen factores como el impacto en la salud mental, el aumento de la migración y el freno a la inversión extranjera. Estos factores indirectos agravan el impacto económico del crimen, ya que la percepción de inseguridad también afecta la confianza de los ciudadanos en las instituciones y limita el crecimiento del país. Por ejemplo, la inseguridad reduce el atractivo de México para los inversionistas y afecta sectores clave como el turismo.
Necesario reducir los índices de violencia
La magnitud de los costos del crimen y la violencia en México subraya la necesidad de adoptar estrategias integrales para reducir estos índices y, con ello, la carga económica que suponen. El BID sugiere que México podría liberar hasta el 1% del PIB si lograra reducir sus niveles de violencia a los estándares de países europeos. Para esto, el informe recomienda fortalecer políticas preventivas y mejorar la eficiencia en el sistema de justicia, priorizando la rehabilitación y la reintegración social como alternativas que puedan reducir la reincidencia y, a largo plazo, los costos que el crimen representa para el país.
Con información del periódico La Crónica