NÚMERO CERO / EXCELSIOR
El desistimiento judicial de expedientes del caso Iguala desnuda la debilidad del poder civil frente al Ejército y cierra el espacio penal. López Obrador reconoce que detrás de ello hay presiones para llegar a la verdad de Ayotzinapa y sancionar a los responsables del crimen, pero las diluye en adversarios genéricos como vestigios del viejo régimen. Así, las anormalidades del proceso nos regresan a la época de la verdad histórica de Peña Nieto, pero, sobre todo, constatan el peso de los militares en el Estado y las deficiencias de la justicia.
Ante este escenario, el riesgo de que la investigación descarrile en su judicialización es claro. Un juez suspendió también la vinculación a proceso contra Murillo Karam, aunque permanece en prisión. Sería otra derrota para la confianza y oportunidad en la justicia, dado que demostraría la incapacidad para llevar un proceso histórico y judicial complejo de verdad y justicia que, en este tipo de crimen, caminan juntos. Así como expresión de una debilidad política contra las resistencias del Ejército o la impunidad de los que se beneficiaron de la vieja verdad histórica, aunque el gobierno diga no renunciar a garantizar el derecho de las víctimas y la obligación de castigo a los culpables.
Es decir, el desistimiento de 21 órdenes de aprehensión que la FGR solicitó apenas en agosto contra 83 acusados cancela juicios, pero deja abierto un caso llamado a nunca esclarecerse ni poder cerrarse. Y hacia adelante aumentará la confusión porque suma nuevas anomalías del proceso y el descrédito que dejaría al Informe de la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa, encabezada por Encinas, como a la Unidad Especial de Investigación y Litigio (UEILCA) de la FGR.
Las presiones, que López Obrador confiesa sin identificarlas, parecen tener éxito en el plano judicial y político. En el primero, las anormalidades en el proceso afloraron desde la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam el 19 de agosto, cuando la UEILCA fue desplazada y el control penal lo tomó la Unidad Especializada de Asuntos Internos de la FGR. El choque se saldó con la fractura de la fiscalía especial y la renuncia de su titular Omar Gómez Trejo por desacuerdos sobre las órdenes de aprehensión con el fiscal Alejandro Gertz.
La FGR consiguió llevar a prisión a Murillo Karam como la autoridad civil de más alto nivel acusado de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia, en línea con el informe de la comisión, que le atribuye una confabulación de poder en la “verdad histórica” para ocultar las complicidades de varios niveles de gobierno y militares en un “crimen de Estado”. En cambio, recula más tarde con la solicitud a un juez de interrumpir 16 órdenes de aprehensión contra 16 militares a los que el informe de la comisión de Ayotzinapa involucra por su participación activa u omisiones en el crimen. ¿Por qué su desistimiento? La FGR no lo explica, pero el Presidente públicamente la apoyó, incluso se adjudicó el papel de explicar la salida de Gómez Trejo.
La segunda, la interferencia política en el proceso es un dardo envenenado para la confianza y la credibilidad del informe de Encinas. Al espaldarazo de López Obrador a Gertz se suman la filtración del informe sin testar en clara perturbación del debido proceso y la ofensiva de los militares contra su verosimilitud. La anormalidad en el comportamiento de la FGR apuntala la defensa de los militares para señalar que el informe es falso y doloso para culpar al Ejército. Desde que se conoció su desistimiento hay una campaña contra Gobernación para posicionar una narrativa que exculpe al Ejército y acusar falta de pruebas, como en el caso del general José Rodríguez, excomandante del Batallón 27 de Iguala, y señalado de ordenar la ejecución de seis de los estudiantes.
La disputa por la narrativa confronta al Ejército con el poder civil, aunque el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ha deslindado al Ejército como institución del crimen. El gobierno parece atrapado entre la militarización que empuja frente a la inseguridad y la voluntad empeñada de esclarecer el crimen de Ayotzinapa, aunque la confrontación con los militares por el caso puede haber hecho que el Presidente cambiara de opinión, como ya le ha ocurrido cuando está en juego el apoyo de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.