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No hace falta mucha sabiduría ni tampoco dotes de clarividencia para suponer el desenlace de mañana al cual llamaremos, en extremo de originalidad, el “Dia D” para los sistemas democráticos de México y Estados Unidos.
Obviamente las condiciones de ambos países son distintas y la naturaleza de ambas disyuntivas –una electoral y la otra, política–, son totalmente diferentes, pero las consecuencias a futuro de ambas y su desenlace marcarán rumbos de gran dificultad para revertir sus efectos en el corto o mediano plazo.
En el caso de México los caprichos del anterior gobierno, disfrazados con el ropaje de una Reforma Judicial (perjudicial) fidelísimamente asumidos por la actual administración, prolongan una mecánica inconveniente: el Ejecutivo impone las iniciativas heredadas, a través de su dominio legislativo extremo y con nuevas herramientas de contención (la supremacía reformista), se quita el estorbo del tribunal constitucional cuya finalidad es proteger la constitución mediante la vigilancia de los procesos de cambio ahora en favor de un plan partidario; no nacional.
Ya la presidenta ha insinuado el camino a seguir y de paso ha continuado con el también heredado rapapolvos a la conformación misma de la Suprema Corte de Justicia. Ocho personas no pueden decidir el destino de las reformas constitucionales ni estar por encima del mandato de 35 millones de electores. Sus electores.
Eso suena apabullante pero es falso. En ninguna parte del mundo existen los tribunales multitudinarios ni es la justicia especializada (en este caso la constitucionalidad), consecuencia de la cantidad. A fin de cuentas TODO el Poder Ejecutivo, recae en una sola persona y no por eso resulta ilegítimo.
–¿Por qué? Porque así los conforma la Constitución.
Ayer la jefa del Estado reiteró las limitaciones (desde su punto de vista) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual “carece de facultades para modificar una reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación validada por el Congreso y las legislaturas locales y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF)”, por lo cual su revisión, resultaría una “falta grave”.
Además, la presidenta aseguró que su gobierno ya cuenta con un plan en caso de que la Corte decida en contra (o a favor) de la reforma.
Como se sabe se han interpuesto am paros en contra de algunos de los puntos de la RJ, pero la Consejería Jurídica y constitucionalistas que trabajan para el gobierno, los consideran inválidos porque provienen de partidos políticos, sin “personalidad jurídica” para impugnar una reforma de esta naturaleza.
“La Corte de pronto con ocho ministros y ministras (CSP) quiere cambiar lo que decidió el pueblo de México. Todavía ayer (domingo) el ministro González Alcántara dice que quieren una negociación ¿con quién quieren una negociación? ¿Con la presidenta? Si lo único que hace la presidenta es publicar en el DOF lo que dice el Constituyente”.
Como se sabe la Corte discutirá hoy el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, cuyas tesis buscan anular la elección de jueces y magistrados por voto popular, invalidar la figura de los jueces sin rostro, y reafirmar la elección para Ministros de la SCJN, Magistrados del Tribunal de Disciplina y Magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal.
Sea aprobado o no ese proyecto de sentencia, el gobierno ya anuncia su reacción. Dice la presidenta (SE):
“…si la Corte insiste en tomar una decisión apresurada (¿?) el gobierno está preparado con un “plan” que no pondrá en riesgo al país. La mandataria explicó que la reforma constitucional, impulsada por el presidente López Obrador, sigue el procedimiento legal establecido y busca abrir un diálogo nacional”.
Y en cuanto al panorama electoral de Estados Unidos la disyuntiva es simple: o eligen a un delincuente o votan por una mujer sin antecedentes judiciales excepto en su exitoso desempeño como fiscal.