NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El silencio del gobierno trumpista sobre la investigación de empresas de EU en las tramas del huachicol fiscal descobija su real inacción contra las redes de macrocriminalidad transnacional. Su mutismo pone en duda las intenciones de su “guerra” contra los cárteles y la falta de ruido, tan contraria a su estrepitosa retórica, corrobora que sin apoyo allá no habrían prosperado.
A EU no le interesa acabar con el contrabando de combustible, aunque ya sea la segunda fuente de ingresos para algunos cárteles a los que promete borrar de la faz de la Tierra, pero calla ante denuncias de la fiscalía mexicana sobre el apoyo de empresas estadunidenses al CJNG en logísticas de transporte estratégicas para sus actividades. Incluso, Donald Trump dice que no pedirá permiso al Congreso para atacarlos, aunque abandona la escena cuando carpetas judiciales y trabajos periodísticos revelan su eficaz inserción en la “flota oscura” del sector energético norteamericano, como ya se conocen allá los buques de combustible ilegal.
El que calla, otorga; el que guarda silencio ante una acusación da a entender que la consiente. La presidenta Sheinbaum ha optado por hablar sobre las implicaciones de corporaciones estadunidenses en la estructura del huachicol fiscal. Este ilícito supone un salto cualitativo del robo de crudo de los ductos hasta constituirse en una compleja operación de contrabando.
Sus declaraciones sobre lo inexplicable que sería la entrada de combustible ilegal sin que nadie apoyara o impidiera la maniobra es más que mera suspicacia sobre el modus operandi de las redes de macrocriminalidad transnacional detrás del negocio. EU hace mutis, pero no para conceder la razón a esas denuncias, sino como manifestación de poder simbólico para los que dudan de las intenciones de su nueva “guerra contra las drogas” en México y AL.
El fenómeno de la macrocriminalidad se define como la integración de grupos del crimen organizado con estructuras políticas y empresariales, que ejercen una forma de “gobernanza” paralela en territorios que controlan. Sería también impensable la impunidad con que se manejan en la frontera sin apoyo o silencio de sus agencias de seguridad y antinarcóticos, agencias aduanales, policías estatales y guardia fronteriza.
Atribuir esas dudas a la desconfianza o sospecha de los “vecinos distantes” es un cliché de otras épocas. La FGR afirma tener más de 7 mil carpetas de investigación contra 555 empresas de México y EU por huachicol fiscal; mientras trabajos periodísticos como el de Reuters comienzan a revelar la amplia cadena de interconexión con que los cárteles inundan de contrabando de productos petrolíferos al país, y de la que el crimen local es sólo un eslabón. Ante ello el mutismo es elocuente, aunque EU, en un doble discurso, culpabilice a México como un país gobernado por los cárteles y respalde que la presidenta Sheinbaum tomara la iniciativa de enterrar los “abrazos, no balazos”. En contraste, la responsabilidad de ellos se limita a incluirlo en el catálogo de delitos en la declaratoria de los “cárteles como terroristas”, con que abrió una nueva etapa de intervencionismo.
Aquí ha destapado un escándalo de corrupción sobre las aduanas, la Marina y políticos de Morena, como su líder senatorial, Adán Augusto López; aunque se ha detenido la revelación de otros nombres de altos responsables y prevalece la duda de hasta dónde está dispuesta a llegar Sheinbaum con un asunto de alto potencial desestabilizador. Pero está entre la espalda y la pared por la urgencia de controlar los déficits presupuestales que causa la evasión fiscal y particularmente del contrabando de crudo a Pemex, estimado en más de 20 mil mdd, aunque nadie tiene las cifras ciertas.
Del lado estadunidense lo único audible son las críticas por no hacer lo suficiente contra las drogas y amenazas de intervención militar en AL con el despliegue de 4 mil soldados en el Caribe para deponer a Maduro o sanciones a Petro por abrir la boca. Cuando de lo que se trata es de acciones de presión para reconformar el mercado energético y de materiales raros, o bien, imponer los términos de negociación en comercio y migración; y forzar extradiciones de narcos como trofeos para presumir el éxito de detenciones a su electorado. Es decir, el rentable circo del crimen.
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