Número Cero/ EXCELSIOR
El primer fiscal general con autonomía constitucional, Alejandro Gertz, se conduce con un dominio ilimitado de privilegios de la justicia y una agenda proabuso, como las que sirvieron al viejo autoritarismo para negociar con fines políticos y reforzar sus estructuras de poder. En el caso de la acusación contra 31 científicos, equiparada a la de crimen organizado, el fiscal recuerda más a las instituciones del pasado que a la que se le confió para transformar el aparato judicial.
Esta es la imagen que construye en la opinión pública por el uso discrecional de las ya de por sí amplias facultades que recibió no sólo por su autonomía, sin balances ni contrapesos, sino de la ley de delincuencia organizada. Más grave aun es que su actuación empata más con las estructuras del pasado porque dirige su agenda hacia grupos específicos que, como en “nado sincronizado”, suelen coincidir con las prioridades políticas oficiales. Desde su nombramiento en 2019, el Presidente aseguró que respetaría su autonomía, pero es difícil identificar entre sus grandes y en su mayoría fallidas carpetas casos en que la población objetivo no se ajuste a las líneas del discurso oficial contra la corrupción. Aunque alinearse implique equivocaciones que acabará pagando el Ejecutivo, como con la persecución de un grupo de científicos cual si se tratarán de “enemigos públicos”, como El Mayo Zambada o El Chapo Guzmán.
A propósito de éste caso, el Presidente asegura que “nunca ha dado una sola orden al fiscal”, pero eso no justifica que desconociera la gravedad de la acusación o tomara distancia como hace con la persecución a capos del narcotráfico. Por el contrario, avaló la acción judicial con esa frase manida de “quien nada debe, nada teme”, que suele colgar al perfil de acusados non gratos para la 4T. Puede creerse que Gertz se lanzó contra ellos sólo por oportunismo o solidaridad con la acritud de la política del gobierno contra las concepciones de la ciencia neoliberal o que lo animan motivos personales, como su desencuentro con el sistema de investigadores. Si eso intentaba, sólo logró enrarecer y ocultar discusiones de fondo sobre la ciencia y la educación.
El poderoso fiscal puso la fuerza de la justicia penal sobre una denuncia del Conacyt contra el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos que recibía de gobiernos anteriores. Una acusación de corrupción que escaló al punto más alto de la escala delictiva al inculparlos de organización criminal. Su teoría es que el fondo se organizó como asociación civil para desviar dinero del erario, a pesar de que funcionaba de acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología. La sospecha fue suficiente para pedir su encarcelamiento por un delito del fuero común en el penal de máxima seguridad del Altiplano por el riesgo de fuga, aunque dos jueces al hilo lo impidieron.
La comunidad universitaria ve un “despropósito”, como calificó el rector Enrique Graue, y levanta indignación entre los científicos, pero sobre todo exhibe los riesgos de la concentración del poder para perseguir la delincuencia organizada sin garantías para los derechos de los acusados. El mensaje es que las conjeturas bastan para encuadrar casi cualquier delito de corrupción como asociación delictuosa. Mucho tendrán que reflexionar los partidos que aprobaron amplios poderes, como la prisión oficiosa o reformas sobre delincuencia organizada, aunque fuera para reanimar al “elefante reumático” del ministerio público frente al crimen.
Si darle autonomía fue la respuesta a la vieja practica autoritaria del uso político de la justicia, sus “excesos” advierten un peligro mayor, como entender la procuración como parte de una épica oficial. Por ejemplo, el Conacyt ha reaccionado a la indignación por las solicitudes de arresto como una “ola concertada de desinformación en medios y redes” para “crear temor en la comunidad científica”. La relación del Conacyt con el fondo está judicializada desde 2019 por un amparo contra el recorte de recursos y fue en ese proceso que levantaron la denuncia que la fiscalía escaló y amplificó como si viéramos movimientos de ballet acuático entre ambas.
Nadie puede rechazar que se investiguen denuncias de corrupción, pero eso es distinto a focalizar la justicia en grupos que no se encuadran con el discurso oficial para apuntalar las gestas oficiales o demonizar a los corruptos del pasado, como en el viejo autoritarismo.