NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
Los órganos autónomos han servido de pera de box al discurso de austeridad de López Obrador en el ring del combate político. El golpeteo constante al INE, al Inai y otros los dejan debilitados institucionalmente, a pesar de su defensa legal con el apoyo de la oposición en un round de sombra con el Presidente. De contrapesos pasaron a ocupar un lugar central de la polarización en una posición desfavorable para su incierta autonomía. En ese contexto, los ataques a la “burocracia dorada” le ha funcionado a la 4T para articular la narrativa presidencial contra el dispendio y corrupción de los gobiernos anteriores. En efecto, estas instituciones recibieron un trato privilegiado por así convenir a la cara luminosa de la democratización, aún a costa de no romper ataduras como auténticos contrapesos que obligaran a gobiernos y partidos a cumplir con la transparencia y el cabal respeto a los electores. Esas omisiones ahora los hacen más vulnerables a la pretensión de reducirlos, o en su defecto, de asaltar sus cúpulas con nombramientos afines o vetos si así conviene al Ejecutivo.
Estos organismos se crearon para rescatar la legitimidad del viejo Estado autoritario en tareas que no podía hacer por falta de credibilidad, como garantizar elecciones limpias o la transparencia y rendición de cuentas. Desde el inicio del sexenio, López Obrador ha hecho todo para disminuirlos con recortes presupuestales, reformas constitucionales y cambios legales. Algunos no han prosperado y otros están en litigio judicial, pero por distintas vías ha acabado por imponerse: al INE lo tiene contra las cuerdas con el plan B y el un eventual asalto con candidatos cercanos a sus filas, al Inai cerca de la inoperancia, y a otros colonizados en el sector energético e incluso la FGR. Los caminos más eficaces que ha seguido para menguarlos son el control presupuestal y las designaciones con los mismos mecanismos que antes se usaron para secuestrarlos. El cuestionamiento de la selección de consejeros del INE o del Inai por el criterio de “cuates y cuotas” no es nuevo, ni empezó con este gobierno. La novedad es que ahora los vetos provienen del Presidente, que unas veces se suma a esas críticas para justificarlos, y otras, aprovecha esas mismas prácticas para imponerse según la coyuntura. Lo realmente novedoso es que las instituciones autónomas han tenido que operar con la desaprobación presidencial, y sin nunca haber consolidado su autonomía para resistir los embates.
La mayoría de ellos ha cedido a los golpes. En el caso del INE y el Inai su futuro es incierto, porque está en manos de la Corte, y debido a las limitaciones de su diseño institucional para funcionar en contra de la voluntad presidencial. El primero se debate entre la defensa legal de las reglas electorales en tribunales y el protagonismo derivado de la confrontación. Caen en la reyerta presidencial contra el INE, a pesar de que su mantra siempre fue conservar la confianza de los partidos como condición para funcionar. Y escalan el enfrentamiento al festejar la reinstalación del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, como un triunfo de la democracia contra el autoritarismo, que el poder responde en su vendetta contra algunos consejeros por sus liquidaciones “inmorales”.
A la estrategia contraria del Inai no le va mejor. Éste ha optado por refugiarse en un bajo perfil, aunque conduzca a invisibilizarse en denuncias de violaciones a la privacidad, como en el espionaje del Ejército o la negativa gubernamental a informar de las contrataciones públicas. Nada de esto impidió que López Obrador vetara los nombramientos del Senado de dos comisionados, imprescindibles para su quórum legal. Incluso justificándolo en el mal actuar de los “enjuagues” entre los partidos como en el pasado, aunque sólo fuera para desautorizar a Ricardo Monreal.
El debilitamiento de ambas instituciones comprueba que no sólo los ataques, sino también su diseño institucional abre flancos a su autonomía. Si bien antes pudieron tapar esas fragilidades con el respaldo del poder, ahora son inocultables cuando tienen que trabajar a contrapelo del designio presidencial y del partido mayoritario. Sobre todo, demuestran el costo para desatar ataduras que mediatizan su independencia e impiden funcionar como verdaderos contrapesos.