Pero para efectos prácticos ya están muertos el Instituto Nacional Electoral (INE) de Guadalupe Taddei y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de Mónica Soto.
No fue necesario el funeral del Poder Legislativo -Cámara de Diputados y Senado de la República-, como pretenden las reformas presentadas por Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero pasado.
Bastaron dos conferencias de prensa.
La primera tras las elecciones del domingo 2 de junio pasado y la segunda el día de ayer, cuando la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación (Segob) decidieron los resultados comiciales y el reparto legislativo.
Y obvio, con su interpretación de la llamada Carta Magna se regalaron diputaciones a granel para tener mayoría calificada -más de dos tercios de las curules-, mejor conocida como sobrerrepresentación.
Con esa ventaja tendrán plena libertad para modificar la Constitución y aprobar cuanta reforma quieran Morena y sus fardos PT y Verde -está por verse la posición de Movimiento Ciudadano- y por delante los 17 cambios constitucionales y la reforma judicial.
NI VOZ A INE Y TRIFE
El trayecto es simple:
El gobierno decidió cómo repartir y estas son sus conclusiones: 373 diputados para la alianza de Morena con PT y Verde, cantidad suficiente para anular a la oposición.
Sí, a Acción Nacional (PAN), al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a MC si Dante Delgado decide ser opositor a las fuerzas oficiales en aras de sortear a la aplanadora.
Aún unidos -y no lo están priístas y panistas en su lucha contra la sobrerrepresentación, como hemos asentado aquí- carecen de la fuerza para contener la avalancha gubernamental.
Tampoco, lamentablemente, es previsible ver al INE de Guadalupe Taddei y al TEPJF de Mónica Soto como muros de contención de la pretendida súper mayoría oficialista: más o menos 74 por ciento de las curules con 54 por ciento de los votos.
Sólo ellos pueden corregir la pretensión adelantada ayer por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien tiene muy claro:
Muchos se oponen a esa sobrerrepresentración porque “no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial”.
Van tras ese objetivo.
DIVISIÓN OPOSITORA
La división opositora se da más allá del abandono de candidaturas comunes para las próximas elecciones, sean estatales o federales en 2027.
Vea usted:
Xóchitl Gálvez confirmó lo adelantado aquí hace varias semanas: no será ni dirigente de un nuevo partido político ni líder social.
Seguirá su lucha de manera independiente y acaso respaldada por quienes se aglutinaron en su movimiento denominado Xochitllovers.
Aquí comienza otra división: el PRI de Alejandro Moreno ubica a los xochilovers y a la Marea Rosa como un grupo identificado con el panismo.
Y el PAN de Marko Cortés lo ve al margen de su organización y por supuesto no lo respaldará, porque no quiere perder identidad en las votaciones futuras.
O sea, Xóchitl Gálvez está huérfana y también la red impulsada por su hija Diana Vega Gálvez, supuestamente conformada por más tres millones de afiliados.
