En los últimos años hemos venido presenciando en todo el país el famoso negocio de las concesiones. Los gobiernos tienen la obligación constitucional de darnos seguridad, justicia, educación, salud y servicios públicos, como obligaciones esenciales inherentes a su función. Cuando el gobierno por alguna razón se encuentra imposibilitado a prestar cualquiera de los servicios a los que por ley está obligado, puede acudir a la figura de la concesión.
¿Cómo se define una concesión? Conforme al diccionario de Derecho, de Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, tomando la definición del Maestro Gascón y Marín, una concesión es un “acto de la administración en virtud del cual se otorga, mediante determinadas condiciones, a un servicio de interés general realizado por un particular, carácter de servicio público como si fuera realizado por la administración.”
Podemos entrar en muchos detalles y en innumerables interpretaciones relacionadas con el concepto de concesión. Pero por el espacio de esta columna y su propia naturaleza, nos podemos constreñir a señalar en términos sencillos que cuando el gobierno tiene facultades y obligaciones para manejar alguna responsabilidad administrativa o la explotación de algún recurso reservado al Estado, existe la posibilidad de que se asigne dicho servicio o explotación a un particular, mediante una contraprestación y con las condiciones que se impongan en la concesión.
Así las cosas, en el ambiente amplio de corrupción que ha caracterizado el presente régimen, se ha generalizado en muchos lugares el otorgar concesiones a empresas con el fin de aprovechar hacia el futuro los recursos públicos otorgados, tanto a la federación, estados y municipios, derivados del presupuesto federal y de los ingresos locales tanto de estados, municipios y de la Ciudad de México, pero con contratos celebrados en el presente, en donde se pueden realizar componendas con los actuales gobernantes por empresas sin escrúpulos que ofrecen moches de los ingresos que se generan por la explotación de la concesión durante todo su término.
En muchos casos, se cometen abusos de estos esquemas en donde las inversiones que se necesitan para explotar la concesión rondan en las decenas de millones de pesos, pero el importe que se llevan los inversionistas por virtud de las concesiones otorgadas ascienden a los miles de millones de pesos.
Esto es un claro desfalco a las endebles finanzas públicas de los estados y municipios que ocasionan el que las autoridades futuras se les deje sin recursos para seguir llevando a cabo sus funciones.
El día de hoy un periódico de circulación nacional anuncia en su primera plana que el gobierno del Estado de México amplia una concesión a 30 años más de su plazo de vigencia original, otorgada a una compañía del Grupo Higa, de triste historia por el escándalo de la Casa Blanca, para la autopista Toluca-Naucalpan, misma que no se ha concluido su construcción, cuando los términos de la concesión es que la obra debía de ser concluida en dos años.
Así tenemos innumerables ejemplos de colusión entre autoridades y empresarios privados que se reparten el botín de los recursos públicos que se otorgan a los diversos niveles de gobierno.
Ahora tenemos un sistema de disciplina financiera que deriva desde la constitución y es reglamentado principalmente por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Este sistema establece reglas de orden económico/financiero para que estos quebrantos no se lleven a cabo. Las legislaturas de los estados deben de aprobar las asociaciones público/privadas, cayendo las concesiones bajo este rubro. Asimismo, existe una comisión bicameral integrada por legisladores de las Cámaras de Diputados y de Senadores, que revisan que las entidades hayan llevado a cabo los procedimientos de vigilancia en materia de disciplina financiera.
Como ejemplo de este control podemos citar el caso de mi municipio de Juárez, en Chihuahua en donde se pretendió otorgar el sistema de alumbrado público de la ciudad a un concesionario sin mediar autorización del Congreso Local, después de varios recursos legales que suspendieron el proceso de licitación para la concesión y una demanda de responsabilidades intentada por regidores y este articulista, finalmente el municipio desistió del proyecto, que a todas luces requería una revisión en base a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la autorización de la Legislatura de Chihuahua.
Esperemos que en el caso Higa, el poder legislativo del Estado de México cumpla con su función revisora de que se lleven a cabo todos los extremos planteados por la Ley de Disciplina financiera comentada.
Solo si tenemos finanzas sanas y apegadas a las realidades económicas actuales y ejerciendo una responsabilidad basada en la ética y el compromiso de servir a la sociedad para otorgarle bien común, podremos aspirar a ser una nación próspera.