NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
Emilio Lozoya no es un pirómano, sino un incendiario de los que provoca incendios intencional y premeditadamente para salvarse. Ya ha comenzado a quemar la casa que habitó en la política con denuncias de escándalos de corrupción mayúsculos para lograr inmunidad o rebaja de penas por acusaciones de lavado de dinero, delincuencia organizada y cohecho en el caso Odebrecht. Su lengua de fuego alcanza por primera vez a un expresidente, Peña Nieto, pero las llamas se esparcen hasta Calderón, exlegisladores y empresarios señalados de participar en mecanismos de financiamiento irregular de la política y uso de fondos de actividades ilícitas. Generalmente un incendio se sabe dónde empieza, pero no dónde llegará sobre la democracia mexicana y sus instituciones.
Este es el punto, ¿cuál es el alcance de la pira de Lozoya? Y, ¿si el Presidente lo usará como espectáculo y lo apagará en tribunales, como hicieron otros gobiernos con Odebrecht para preservar complicidades con empresarios en negocios con el poder, en detrimento de la democracia? Como testigo protegido, el exdirector de Pemex cumple su compromiso de hablar para señalar por los mismos delitos que se les imputan a su exjefe Peña Nieto y a Luis Videgaray como parte de un “aparato de poder” que lo habría obligado a cometerlos. Su denuncia formal en la FGR abre la puerta a juicios entre la élite panista y priista por tramas de corrupción y hay la expectativa de que derive en un maxiproceso al mundo de la política, como Lava Jato en Brasil, que llevó a la cárcel al expresidente Lula.
Pero sus acusaciones son también un golpe a las instituciones electorales, tan criticadas por López Obrador por haber estado muy lejos de poder fiscalizar triangulación o dinero negro en las campañas, una práctica común a todos los partidos, incluido el suyo. Aunque ningún acusado podrá ser castigado por delitos electorales de la campaña presidencial de 2012, puesto que ya prescribieron. Ello y la tradicional perversión de negociar políticamente con la justicia siembra dudas sobre la autonomía de la Fiscalía y la conducción deliberada del combate a la corrupción sólo contra rivales políticos. Las campañas en el mundo electoral suelen rebasar topes de campaña entre un 10 y un 15% en cada elección.
No obstante, López Obrador ha pedido que declaren sus antecesores y asegura que “no puede detener” el proceso para marcar distancia con la Fiscalía, aunque, en menoscabo de la justicia, reitera que debe haber consulta popular para enjuiciar a Calderón y a Peña Nieto. ¿No son suficientes las denuncias y pruebas de Lozoya para investigarlos en tribunales?
La FGR valora las pruebas para abrir una carpeta contra ellos. Según ésta, Lozoya señaló a Peña Nieto y a Videgaray como responsables directos de recibir sobornos de Odebrecht y canalizar 100 millones de pesos para su campaña presidencial de 2012 y otros 400 millones para comprar votos de congresistas en la reforma energética, así como defraudación por la venta de la empresa estatal Agronitrogenados. Contra Calderón soltó una “bomba” sobre la construcción de la planta Etileno XXI en su administración, con beneficios a favor de una empresa ligada a la constructora brasileña.
Como pruebas, la Fiscalía dice contar con cuatro testigos, recibos y un video, aunque hay acusaciones por distintos delitos. Los cargos por los electorales, por ejemplo, prescribieron para la acción penal contra la plana mayor del PRI en 2014, con una reforma que modificó el catálogo de penas que, hasta ese año, eran muy bajas. Las denuncias que llegó a presentar el PRD en 2017 ante la Fepade, cuando directivos de Odebrecht revelaron el financiamiento a la campaña de Peña Nieto, fueron sobreseídas el año pasado por el mismo motivo, aunque podrían haber servido para iniciar investigaciones.
Sin embargo, cargos como cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa no se extinguen por el paso del tiempo. Si no pueden ser juzgados penalmente por financiamiento irregular electoral, ningún plazo legal exime de los otros cargos de los que ahora Lozoya acusa a sus jefes políticos. Los pactos políticos sirvieron para encubrir la corrupción, ahora se necesitará de otro para sofocar el incendio que ocurre cuando las mafias secuestran las instituciones y se imponen en el mundo de la política, más allá de todos los que Lozoya quiera quemar en su pira.