El banderazo legal de la elección intermedia llega con malos presagios para los partidos y las urnas. La violencia y la creciente desconfianza en el árbitro amenazan con reavivar el fantasma del fraude en una elección decisiva para confirmar o contener la hegemonía de Morena en el Congreso y el territorio.
La frase de Gardel (“que 20 años no es nada”) podría aplicarse hoy al INE. A 26 años de su creación, la institución enfila a 2027 con la frente marchita aferrada a sus mejores recuerdos. La autonomía que conquistó frente al gobierno en los 90 vuelve a estar bajo sospecha, aunque nunca se desprendió de la “partidocracia”. Atraviesa una crisis de credibilidad por sus titubeos ante campañas anticipadas y divisiones internas que erosionan su autoridad.
Desde que obtuvo autonomía, una fuente esencial de su legitimidad fue el consenso de los partidos. Esa condición no siempre se mantuvo. La exclusión del PRD en la designación de Ugalde en 2003 y la denuncia de fraude de López Obrador en 2006 dejaron heridas. Aun así, el INE llegó a 2024 con niveles aceptables de confianza para organizar la elección presidencial. Después, algo comenzó a quebrarse.
La controversia por la sobrerrepresentación legislativa de 2024, que dio a Morena y aliados el control del Congreso, aceleró el deterioro de la confianza opositora. El resultado es una paradoja incómoda: Morena, que reclamó durante años la captura de las instituciones electorales, se beneficia hoy de decisiones que la oposición considera igualmente parciales.
La polarización también alcanzó a su Consejo General y erosiona otro pilar de legitimidad. La renuncia de la secretaria ejecutiva, Claudia Arlett Espino, un día antes del inicio formal del proceso de 2027, sacude su estructura y agrega incertidumbre sobre la capacidad de Taddei para conducir una elección cargada de riesgos.
Su desafío se eleva con el nuevo encargo de investigar candidaturas ligadas al crimen. Desde 2021, el crimen organizado ha mostrado su capacidad de infiltrarse en campañas e intimidar a candidatos. Un árbitro que titubea al sancionar irregularidades, sobre todo cuando se perciben beneficios al oficialismo, pierde algo más que credibilidad: pierde fuerza para garantizar una contienda en libertad.
Por eso tampoco conviene al gobierno que el INE amplifique las preocupaciones opositoras por la hegemonía morenista. Los augurios de una elección cuestionada, a los que Taddei pide no prestar atención, pueden alimentar la injerencia estadunidense, justo cuando Sheinbaum presenta la defensa de la soberanía como prioridad. Un árbitro debilitado es terreno fértil para acusaciones de “narcoestado” si, al mismo tiempo, debe investigar posibles vínculos de candidatos con el crimen.
De ahí la gravedad de medidas que arriesgan la certeza electoral y dividen al Consejo General: cambios en los criterios para contabilizar boletas, menor verificación frente a intromisiones partidistas o del crimen, y controles insuficientes sobre observadores. Aunque se presenten como ajustes técnicos, en una elección bajo sospecha cualquier recorte de controles se vuelve munición política.
El fantasma del fraude no desaparece porque el árbitro asegure que sus decisiones son neutrales, como repite Taddei, sino con reglas claras y controles verificables. Esta paradoja debería entenderla mejor que nadie Morena: si en la oposición sufrió parcialidad del árbitro, hoy es al oficialismo a quien menos le conviene que el INE deje de verse imparcial.
Una elección de 2027 cuestionada sería una derrota institucional, incluso para el ganador. La presión del narco y la ofensiva estadunidense ya representan amenazas suficientes. México no puede permitirse añadir una tercera: volver al pasado de la desconfianza con la frente marchita de quien cuenta los votos.
El problema no es que la violencia pueda contaminar 2027, sino que el árbitro llegue debilitado a una elección en la que su imparcialidad está a prueba.
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