NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
Las nuevas reglas del INE para la carrera presidencial son una salida para seguir haciéndose el tonto y no enfrentarse a lo inevitable de su nueva realidad política por los tiempos inéditos que admitió ante la presión de López Obrador. Presentar una cosa haciendo que parezca real, de acuerdo con el diccionario, se llama simular. Ése es el terreno fangoso que pisa el árbitro electoral y en el que puede empantanarse la elección.
Representar o hacer creer algo que no es verdad es el mayor riesgo para cualquier autoridad, particularmente la electoral porque, en un país donde prevalece la cultura de fraude, perder la credibilidad lleva a no tener el dominio de la elección, contener la contienda y, en última instancia la certeza del voto. El pálido reflejo de un árbitro que no quiere “pitar” el partido es la judicialización de las precampañas de partidos y candidatos, que relega al INE con demandas en tribunales judiciales para desfogar la confrontación política ante su escasa eficacia.
En medio de la trifulca entre el Presidente, Morena, el Frente y sus aspirantes, el Tribunal Electoral ordenó al INE generar nuevos lineamientos para evitar el choque de la carrera adelantada con la ley electoral, una vez que desechó detener las precampañas, que legalmente empiezan en noviembre. El INE aceptó desde un principio la simulación de llamar “proceso interno” a la carrera presidencial cuando en realidad son precampañas disfrazadas para evitar la ley, como denunció la única magistrada que se pronunció por congelarlas, Janine Otálora.
En los nuevos tiempos políticos de la Presidencia fuerte y el apuro de López Obrador de adelantar su sucesión, se justifican situaciones inéditas que conducen a terrenos de lo desconocido. Los nuevos lineamientos contienen topes de gasto de corcholatas y “frentistas” de 34 millones de pesos cada aspirante, cantidad siete veces superior a la prevista por Morena para su proceso interno; prometen una estricta fiscalización y la obligación de presentar informes de gastos en octubre, después que las candidaturas estarán ya definidas en septiembre. Las medidas y lineamientos anteriores para contener las campañas son reconocimiento tácito de que la nueva realidad política desborda la institución, aunque necesitan hacer parecer lo contrario.
Pero hacer que el INE parezca autoridad real y eficaz exige más que un “manotazo en la mesa”. Tendría que enfrentar lo inevitable de los hechos: la intervención del Presidente en la carrera a favor de su partido, aunque ninguna de sus medidas cautelares logra frenar la exhibición de encuestas que le dan el triunfo y la zacapela con aspirantes opositores que acaban en demandas judiciales.
Y mucho más irreal pensar que aplicaran sanciones al Presidente, funcionarios o gobernadores, cuando se reúnen con ellos en sesiones privadas y opacas en las que accede a encerrar a la prensa. Alguien podría creer que, si dieron luz verde al adelantamiento de campañas, luego impedirán el registro al vencedor de Morena o el Frente para la candidatura si violaran la ley o sus lineamientos. ¿Sheinbaum realmente teme ese riesgo cuando desborda en gastos espectaculares y actos proselitistas en todo el país? ¿Xóchitl puede confiar en que un INE errático y dubitativo podrá contener al Presidente?
Desde el simulador de las precampañas, anticipar ese escenario es poco factible. Por eso Morena y el Frente han tomado la dirección de los tribunales, como anticipo del cauce que puede tomar la elección presidencial. Los ataques y la discusión sobre los contratos de Xóchitl se dirimen en la tribuna presidencial y en demandas judiciales, que ella le devuelve con acusaciones penales por violencia de género y revelar datos privados ante la mirada estoica del INE. Unos y otros escogen el camino de una política electoral de “barandilla”, que raya en la persecución política, para agitar la precampaña con ruido y bulla fuera del alcance de las amonestaciones del árbitro como estrategia electoral para avanzar posiciones.