Número cero/EXCELSIOR
El discurso sobre seguridad de López Obrador llega a su límite, igual que las estrategias fallidas de sus antecesores para reducir la violencia. El récord de homicidios y crímenes de alto impacto ponen en un predicamento a su gobierno, sin plan B con qué persuadir de que aún puede hacer algo contra la inseguridad y la inestabilidad que abre la remodelación por la sucesión.
La violencia es heredada, como defendió López Obrador cuando rebasó el número de homicidios de sexenios anteriores. Pero el discurso se agota dado que poco ha logrado para reducirla. Los asesinatos e imágenes de ejecuciones extrajudiciales que involucran a militares muestran que la violencia sigue generando más violencia, aunque quisiera romper esa lógica con su estrategia de “abrazos, no balazos”. Lo contradice el creciente uso desmedido de la fuerza en Nuevo Laredo y otras plazas, a pesar de instruir a la tropa que “no haya muertes en caliente” como antes.
Las bolsas del horror se suman, no se restan, con la estrategia de seguridad. En Nuevo Laredo un video deja ver otra vez esta semana a militares disparando a civiles en una situación que recuerda el asesinato en febrero pasado de cinco jóvenes bajo fuego de uniformados cuando ya los tenían controlados. En las imágenes se observa la manipulación de la escena del crimen tal cual haría un delincuente para desviar responsabilidades. Un ejemplo de la fluidez de prácticas entre el mundo del crimen y los encargados de controlar la violencia.
Las denuncias de ejecuciones extrajudiciales hacen de esa plaza un “foco rojo” de violencia. Parece un problema estructural, pero nunca se toca así por abordarse como hechos aislados. López Obrador admitió que parecía un ajusticiamiento y adjudicó esa práctica a gobiernos anteriores, pero sin ofrecer ni por asomo una investigación sobre el patrón de actuación de policías estatales y militares en la persecución del delito. El caso se deja a la FGR y a la voluntad de cooperación del Ejército, sin indagarse en la relación de enfrentamientos, homicidios o las más de 34 carpetas abiertas en la Fiscalía por desaparición forzada que los involucran. De este crimen se supo al mismo tiempo que el gabinete de Seguridad comparecía por primera vez en la Comisión Bicameral para informar sobre los resultados de las Fuerzas Armadas en seguridad. Según trascendió de ella, se frenaron preguntas sobre corrupción o uso excesivo de la fuerza que incomodaran a las FA. En el golpeteo político se deja de lado la exigencia de respuestas al silencio, opacidad y contradicciones sobre enfrentamientos, agresiones a militares y ejecuciones extrajudiciales, cuyos datos apenas recogen filtraciones de Guacamaya Leaks.
Ni el PAN, PRI o MC tienen un plan alterno a la militarización, salvo modularla, ¿lo están logrando? Eso reduce la exigencia al gobierno de un plan B, dado que su estrategia profundiza la de gobiernos pasados. El consenso político que se impone sobre la militarización, sin embargo, puede fomentar también la violencia, sobre todo la que ejercen las personas encargadas de controlarla. El costo de la rendición de cuentas a modo o limitada por no afectar el prestigio del Ejército equivale a aceptar la pérdida de control de los gobiernos civiles respecto a la violencia. Basta con ver el crecimiento de 43% de denuncias contra militares en los últimos tres años por excesos en el uso de la fuerza, sin que realmente pase nada más que algunas detenciones también aisladas.
El temor de los gobiernos civiles al Ejército y de no inconformarlo es otra de las razones del porqué no hay plan B en seguridad, a diferencia de otras áreas como la electoral. En su sexenio se rompe el techo de homicidios, pero no hay lugar a cambios en la estrategia, porque no hay una real demanda social de ellos, ni de la sociedad ni de los partidos, que antes tomaron el mismo camino y la avalan. Ahora, cualquier modificación a esta partitura se complica aún más por el fin del sexenio y la inestabilidad que genera en el gobierno los cambios en el gabinete por la sucesión. Es en esas transiciones cuando más huecos se abren para los reacomodos de los mercados del crimen, que encuentran en los vacíos de autoridad la oportunidad para la disputa por el control de territorios. Para eso tendrían que estar preparados, aunque hace rato dejaron esa responsabilidad en manos del Ejército.