Es decir, sólo una decisión muy superior autorizaría al Gobierno de Estados Unidos la divulgación de datos sobre las detenciones de capos mexicanos.
No lo hizo en 1985 con el doctor Ernesto Álvarez Machain cuando la Drug Enforcement Administration (DEA) lo secuestró en Guadalajara.
Hoy es el caso.
Y si el acuerdo es mantener la secrecía, la administración de Andrés Manuel López Obrador puede esperar hasta el final sin la respuesta deseada.
Con una ventaja para ellos: de momento el gobierno de Joe Biden tiene el respaldo del Poder Judicial para enjuiciar a Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López.
Con varias consideraciones: si se entregaron y colaboran, tendrán la generosidad otorgada a quienes aportan datos y por supuesto ellos son piezas claves para Washington.
Saben de memoria el mapa criminal de México, el reparto de regiones, el desarrollo de las operaciones durante decenios y los nexos con las autoridades nacionales de todo nivel.
¿DÓNDE ESTÁ EL INM?
Quién sabe si con el tiempo sepamos cómo se negoció esa entrega.
Por principio el Gobierno mexicano ha corregido y se ha desmentido: los dos personajes no salieron de Hermosillo en la avioneta de un empresario, Larry Curtis Parker, como se afirmó hace una semana.
Y como todavía hoy todo es un misterio para la administración de Andrés Manuel López Obrador, sólo quedan la multitud de especulaciones manejadas y por inventar.
Hay inclusive errores crasos como haber acreditado la detención en el aeropuerto de Santa Teresa, en Texas, a la DEA, cuando en realidad fue el Federal Bureau of Investigation (FBI).
Sus agentes simplemente atestiguaron la captura y traslado a cárceles predestinadas.
Pero eso es secundario.
La duda persiste: ¿dónde están los aparatos de la inteligencia mexicana? ¿Dónde organismos como el Instituto Nacional de Migración (INM) de Francisco Garduño para vigilar las entradas y salidas de y hacia el extranjero?
Eso es más importante.
La estructura del Gobierno mexicano fue burlada y sigue pasmada entera.
UN REPORTE DE PARÍS
1.- Va un reporte de París:
Un robusto grupo de funcionarios mexicanos del deporte se encuentra en Francia para asistir a los Juegos Olímpicos, supuestamente para arropar a las delegaciones mexicanas.
Pero salta un dato:
Uno de esos mandos de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) está de luna de miel y relevaron a un reportero para llevar a su esposa como acreditada de cronista deportiva.
¿Lo sabrá Ana Gabriela Guevara?
Porque el responsable es colaborador directo de ella.
Y 2.- Los alcaldes del Estado de México deben tener pruebas, pues sus quejas aumentan.
Si quieren obras, gestión de incrementos de participaciones, renegociación de deuda y lucirse ante sus gobernados, deben recurrir al gobierno de Delfina Gómez.
Pero como filtro está el subsecretario de Planeación y Presupuesto, Reyes Ruiz González, quien condiciona la gestión y entrega de recursos.
¿A cambio de qué?
Todo lo dilucidan despachos y él -dicen los quejosos- recomienda Altor, cercano al exsubsecretario de Hacienda Fernando Aportela con Luis Videgaray en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Pero ese es tema de auditores y, obvio, de la gobernadora Delfina Gómez.
