Para todo vuelo de un aeropuerto encomendado a la Secretaría de Marina (Semar), como es el de Culiacán, debiera haber suficiente información de inteligencia.
Por ejemplo, de cómo llegó el avión hasta esa terminal, sus características, su bitácora, sus pilotos, sus ocupantes y cuánto tiempo permaneció ahí.
Luego cómo partió: con qué pasajeros, quién lo tripulaba, cuántas personas llevaba -en este caso Isamel El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López– y hacia dónde partió.
Forzosamente el Instituto Nacional de Migración (INM) de Francisco Garduño debió contar con información previa y autorizar el viaje de los ocupantes del -según el Gobierno mexicano una avioneta salida de Hermosillo, a Santa Teresa, en Nuevo México, a donde llegó un Beechcraft King Air con matrícula ficticia N287KA-, pero no ha aportado sus archivos.
Esta información debieron tenerla también los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), sin cuya autorización no aterriza ni despega ninguna aeronave.
A continuación está el rastreo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para dar seguimiento a la ruta de toda unidad en territorio mexicano o si viaja al extranjero.
Y por supuesto la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para la cual la unidad salió de Hermosillo.
Pero públicamente sigue el misterio del 25 de julio pasado de todo movimiento en el Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán, hasta cruzar la frontera con Estados Unidos, donde fueron aprehendidos tan populares pasajeros.
TAMPOCO EU APLICÓ LA LEY
Y allá no existe la laxitud jurídica.
O eso se supone, pues toda aeronave en territorio de Estados Unidos debe contar con permiso de tránsito aéreo o de lo contrario ser advertida y forzada a aterrizar en la pista más cercana.
O de lo contrario, acta publicada desde la destrucción de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 mientras el presidente George Walker Bush se encontraba fuera de la Casa Blanca, las autoridades tienen autorización para derribar al invasor.
Esto no sucedió el jueves 25 de julio, cuando el FBI (Federal Bureau of Investigation) tenía agentes vigilados por la DEA para detener con diligencia a Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López.
Todo sincronizado, todo perfectamente ejecutado mientras el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador quedaba pasmado -y sigue pasmado- con esa operación de sincronía.
Todo lo demás es historia: Estados Unidos con información fraccionada, el embajador Ken Salazar con datos parciales -el gobierno de ese país no dedicó ni recursos ni personal ni negociación- y algunas luces del propio Zambada.
Y así estamos, así seguiremos buen tiempo.
DESESPERACIÓN DE ALFARO
El gobernador Enrique Alfaro ha protestado.
No ha sido llamado por Claudia Sheinbaum para dialogar y teme lo peor: la anulación de las elecciones de Jalisco y del triunfo del candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus.
No importa, dice, pues él mantendrá su insistencia para ser recibido, informar qué se ha hecho en su entidad, que pendientes deja y proyecciones de obras para los próximos años.
Se siente marginado, dados los distintos encuentros de la futura presidenta con sus 23 gobernadores afines e inclusive con disidentes como la panista chihuahuense Maru Campos.
¿Desistirá?
No, contesta, y dice confiar en el Tribunal Electoral Federal aunque esté dominado por tres afines al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a su movimiento cuatrotero.
