Número Cero/EXCELSIOR
La histórica condena de El Mayo, no sólo cierra el ciclo del narco más influyente en cinco décadas. Es, sobre todo, un mensaje político. El discurso del Departamento de Justicia y la severidad de la sentencia subrayan el giro en la estrategia de seguridad de EU: si la guerra contra los cárteles no ha logrado destruirlos, el siguiente objetivo será desmontar las redes políticas e institucionales que les permiten sobrevivir.
La escena en la Corte de Nueva York fue distinta a la de otros capos. No hubo espectáculo ni escarnio del enemigo derrotado para exaltar a la justicia de EU. Hubo, en cambio, la negociación de una caída sobria y silenciosa, sin delaciones, aunque también haya colaborado con información para presionar a México: aceptó morir en prisión y firmar el mayor decomiso atribuido a un narco por 15 mil mdd que, incluso, alcanza a sus herederos. La sentencia no busca sólo castigo, sino amedrentar a quienes controlan el negocio.
Una multa excesiva, impagable, como sostuvo su abogado Frank Pérez. Pero su valor es menos patrimonial que simbólico. Calculada sobre las ganancias del narco, representa el costo que EU atribuye a décadas de devastación. Queda por verse la disputa por esa fortuna construida sobre miles de muertos, que México también reclama como suya.
El mensaje de “arrepentimiento” de El Mayo no se dirige a la opinión pública, sino a líderes de los cárteles. EU les ofrece una alternativa: negociar su entrega o causas penales bajo el nuevo estamento de terrorismo. Clasificación que amplía sus facultades para actuar fuera de sus fronteras y también es un instrumento de intimidación para narcos y redes de connivencia de funcionarios, empresarios y políticos.
El tono sobrio y hasta respetuoso del proceso no fue casual. A diferencia del juicio de El Chapo, la Fiscalía evitó el espectáculo. Todo indica que privilegió un acuerdo que redujera el riesgo de delaciones públicas mientras construía un mensaje político más amplio. El Departamento de Justicia reforzó la narrativa del “narcoestado” que Trump ha colocado en el centro de su política de mano dura hacia México.
El destinatario de la sentencia es el Estado mexicano y pone énfasis en erradicar la capacidad corruptora de los cárteles sobre las instituciones. La nueva guerra contra las drogas no se limita a perseguir criminales; buscará alcanzar a quienes hacen posible su expansión.
En esa misma línea, el jefe de la DEA, Terrance Cole, advirtió frente a la Corte de Brooklyn que vendrán nuevas detenciones tanto de líderes criminales como de funcionarios mexicanos, cuya relación calificó de “indisoluble”. Más que una amenaza aislada, remarca el esquema que inició con la acusación inédita de nexos con el narco contra Rocha Moya.
El cambio de enfoque abre un escenario delicado. EU podría procesar a funcionarios mexicanos por vínculos con organizaciones terroristas, trasladando el conflicto del terreno policial a la confrontación jurídica y diplomática. No es retórica la insistencia de Sheinbaum en la defensa de la soberanía y cooperación “sin subordinación”. El margen para sostener esa posición podría reducirse con la urgencia de Trump de resultados para las elecciones.
Paradójicamente, este giro también encierra una admisión de fracaso. Durante décadas, la captura de capos fue indicador del éxito de la guerra contra las drogas. El resultado fue lo contrario: los cárteles se fragmentaron, la violencia se multiplicó y surgieron organizaciones más agresivas. Los grandes juicios produjeron victorias mediáticas, pero no desmontaron el negocio.
EU parece llegar a la misma conclusión que El Mayo expresó hace años: mientras exista un “negocio lucrativo, perfectamente capitalista”, siempre aparecerá otro capo que ocupe el lugar del anterior; como muestra el nuevo organigrama del CJNG. La diferencia ahora es que pretende corregir esa falla atacando las redes de macrocriminalidad. El problema es que se señalan las complicidades mexicanas, pero se evita revisar las propias: la demanda de drogas que alimenta el negocio, el flujo de armas que fortalece a los cárteles y el sistema financiero que lava millones de dólares dentro de EU. Esa omisión exige limpiar las instituciones del vecino mientras soslaya la corrupción de las suyas.
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