NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La investigación del grupo independiente de expertos sobre el caso Iguala es una bomba para las instituciones de seguridad y justicia por entregar evidencias del involucramiento del Estado en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Las dos más afectadas de la onda expansiva son los militares y las fiscalías, por ocultar información para esclarecer el crimen, lo que abona a la idea de que en el basurero de Cocula lo que se incineró no fueron los cuerpos de los estudiantes, sino la credibilidad de la averiguación y, por tanto, de la justicia.
El tercer informe del GIEI, designado por la CIDH, es demoledor. Lo es porque la documentación y un video secreto de la Marina en esta entrega derruyen la “verdad histórica” que los padres de las víctimas jamás creyeron y rebatieron en pie de lucha desde la “noche de Iguala” de 2014. Las pesquisas refuerzan la hipótesis de que la versión fue fabricada para cerrar el caso. El paso puede redirigir la ruta hacia la verdad, aunque aún lejana, porque tanto la Sedena como la FGR siguen sin abrir todos sus archivos y los implicados en las decisiones parecen estar fuera del alcance de la ley como estamento protegido. El Presidente, por ejemplo, deslindó al secretario de Marina, a pesar de ocupar entonces la zona militar de Acapulco.
El GIEI recibió información a la que nunca habría accedido sin la presión del Presidente, ante las resistencias de la cúpula militar y de la Fiscalía. Las pruebas refuerzan la sospecha de la manipulación de la escena del crimen, desde la infiltración de la Marina entre los estudiantes, intervención de comunicación antes y después del brutal ataque, y su presencia activa nunca documentada en el basurero de Cocula el día de los hechos. Y, más grave aún, demuestra el ocultamiento o dosificación de información de parte de los militares, la institución que más peso ha alcanzado en el gobierno de López Obrador, sin perder sus fueros en actividades de seguridad y obras en la administración pública.
Por esta razón, las implicaciones de esto trascienden las indagatorias del caso Iguala y dejan una sensación de honda preocupación por la creciente tendencia a la militarización ante el desbordamiento del crimen en vastas regiones del país. El Presidente ha dado al Ejército su mayor protagonismo de la época moderna con la justificación de que no es corrupto y se identifica con el pueblo. Su involucramiento en las decisiones de Iguala, que, según él, se tomaron en oficinas centrales de la Marina y la Sedena, no avalan ni una ni otra cosa. Y más bien enseñan que pueden ser corrompibles, aunque, a diferencia de otras instituciones, con la posibilidad de evadir sanciones por ocultar información o entorpecer deliberadamente una investigación criminal.
¿Por qué tardar ocho años en dar un video que constata su presencia en el lugar de los hechos? ¿Cuál la explicación de soltarlo ahora? Ese margen de discrecionalidad frente a la justicia habla de su poder de veto para obstaculizar asuntos que puedan afectarlos, como ocurrió también con el exsecretario de la Defensa, general Cienfuegos, cuando se opusieron a una investigación a su regreso al país tras su detención por parte de la DEA en EU. Cienfuegos es otro testimonio clave, pero nadie espera que testifique, en otra muestra indicativa de la protección del fuero militar.
López Obrador defiende la entrega de información sobre Ayotzinapa en manos del Ejército y de la Marina, pero tiene que disipar cualquier duda sobre su avala a dosificarla o proteger a los militares, por la salvaguarda de su propia soberanía. Qué ocurriría si en este caso u otros rechazaran acceder a una petición presidencial con la que estuvieran en desacuerdo. Sólo hay que tener presente el poder de influencia que le da el control de áreas neurálgicas de la administración, como las aduanas, las obras públicas y la militarización de la seguridad pública, para juzgar la pertinencia de la pregunta.
Y si el caso Iguala se ha convertido en un desafío del poder de los militares, también es otra constatación de la ruina de la FGR y especialmente del fracaso de su autonomía. También ahí hay resistencias a entregar decenas de videos de torturas, pese al trabajo de la fiscalía especial del caso Ayotzinapa. Las investigaciones muestran que la autonomía se entiende como autarquía y opacidad.