Quién lo hubiera imaginado.
El futuro del país, su democracia y su división de Poderes viven días cruciales y se encaminan a depender de un solo hombre.
No es el Presidente de la República, cuya ambición política está plasmada en su multitud de iniciativas y trasciende su discurso democrático.
Está en un senador de la autollamada oposición, aunque sus tres coordinadores –Guadalupe Murguía, Manuel Añorve y Clemente Castañeda– hayan hechos juramentos de lealtad a la palabra.
Ni ellos ni sus respectivos dirigentes –Marko Cortés, Alejandro Moreno y Dante Delgado– están en condición de garantizar el voto en contra de la eufemística reforma judicial.
Demolición del Poder Judicial, le llamó ayer con gran precisión la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, al presentar su tardía propuesta alternativa.
PANISTA AMENAZADO
Durante dos semanas los senadores han sido llamados.
Los 85 oficialistas de Morena, PT y Verde para comprometerse ante Adán Augusto López, Alberto Anaya y Manuel Velasco a atender la voz de Palacio Nacional.
Y los 43 adversos a estampar su firma de rechazo a un proyecto surgido del rencor y la venganza, voto adverso al cual deberán plasmar de domingo a miércoles durante las discusiones y la sesión plenaria.
Hasta ayer, según la información pública, sólo faltaba la firma del panista veracruzano Miguel Ángel Yunes, quien siente la justicia atrás de él y por eso anda amparado.
Y quién lo creyera, este debate en el ocaso del sexenio nos regresa más de un siglo, a 1917, cuando los constituyentes evadieron la tentación de regresar al país a las manos de un caudillo bajo un principio claro:
El legislador es electo porque representa la voluntad popular y responde a ella, pero un magistrado trabaja para la ley y “tiene que obrar en función precisa, obrar quizá hasta contra la opinión de los electores”.
Este texto, sacado del Diario de los Debates, fue recuperado por Mario Di Constanzo y reproducido ayer en un mensaje dominical por X, es contrario al riesgo de la herencia presidencial.
TRAS DOS ALCALDÍAS
En el oficialismo morenista crece el ánimo.
De la nada están a punto de recuperar una alcaldía en la Ciudad de México y asegurar otra.
En la Cuauhtémoc, sus esperanzas están puestas en los órganos electorales y dos tribunales son claves, el capitalino de Armando Ambriz y el federal de Mónica Soto.
Desconocerían el triunfo de la priista Alessanda Rojo de la Vega y lo darían a la morenista Catalina Monreal.
Y en la delegación Álvaro Obregón, donde fue anulada la victoria de Javier López Casarín por rebasar el tope de campaña, según revisión del INE, la situación es más compleja.
Si al final del proceso jurídico el TEPJF confirma la anulación, desde el Congreso de la Ciudad se designaría una propuesta del jefe de Gobierno, Martí Batres, para allanar el camino.
Y como se ordenaría una elección extraordinaria, entonces el aparato gubernamental entero, federal y capitalino, se sumaría en su apoyo para darle una victoria más holgada.
En ambos casos, como están el panorama y los tiempos, se instalarían poderes de transición.
@urenajose1